Antes de aquel 1° de agosto, el último día en que lo vieron vivo a Santiago Maldonado, ya había habido otra represión en la comunidad Pu Lof de Cushamen en enero. Ese fue el comienzo de lo que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, llamó la “caza de los mapuche”. El primero de los ataques violentos no tuvo tanta repercusión como los que vinieron después. Pero también hubo heridos y detenidos en una causa que los acusados denuncian que fue armada por policías. En una audiencia por este caso que se realizó ayer en Esquel la Justicia sobreseyó a parte de los imputados y además ratificó que un empleado del campo de Luciano Benetton era quien manejaba una camioneta en la que iban los agentes.
Por orden del juez Guido Otranto, la Gendarmería entró al Pu Lof de Cushamen el 10 de enero. La orden de allanamiento era para liberar las vías de La Trochita, el tren que va de Esquel a Ingeniero Jacobacci. En ese operativo, según contaron los Mapuche que allí se encontraban, los gendarmes no sólo se remitieron a cumplir esas órdenes. También rompieron casas y golpearon a mujeres con niños.
Al escuchar por radio lo que sucedía, un grupo de vecinos de la zona se acercó de inmediato al Pu Lof. Entre ellos estaban Ivana Huenelaf, Jorge Buchile, Javier Huenchupan, Daniela González, Gustavo Jaime y lso hermanos Pablo y Gonzalo Seguí, que al llegar asistieron a las madres y los chicos que lloraban. Cuando todavía estaban en el Pu Lof y los gendarmes ya habían partido, algunos de los pobladores pidieron autos y camionetas para ir a buscar animales que habían desaparecido tras el operativo.
Los vecinos se repartieron en dos grupos. Los hermanos Seguí subieron a su Toyota Rav y fueron hacia la ruta 40 y Cushamen. Unos minutos más tarde, mientras estaban estacionados, aparecieron dos camionetas con policías provinciales. Una de ellas, de color blanco, luego se supo que era propiedad Tierras del Sud Argentino, la empresa de la familia Benetton. De ese vehículo salió Gonzalo Graña, mayordomo de la estancia Leleque y comenzó a increpar a los hermanos delante de los policías. “Ustedes, que les llenan las cabezas a los indios éstos”, denuncian que les gritó. Los dos Seguí fueron esposados y luego acusados por los policías de intentar robar 360 cabezas de ganado, un delito por el cual ayer fueron sobreseídos.
El otro grupo de vecinos se subió a la camioneta de Jorge Buchile y comenzó a registrar la zona para ver dónde estaban los animales que faltaban. “Después de recorrer un rato, los encontramos en un camión Mercedes Benz, casi adentro de la estancia de Benetton. Había unos 15 caballos arriba de un camión sin patente. Les dijimos a los tres hombres que iban en el camión que devolvieran esos animales y ahí nomás comenzaron a dispararnos”, explicó Ivana Huenelaf. “Intentamos escapar de ahí pero nos persiguieron a los tiros. A los pocos minutos apareció una camioneta Hilux blanca, que también nos persiguió”, agregó la mujer.
Luego, según relataron en la causa todos los imputados, fueron unos 30 o 40 kilómetros de disparos de balas de plomo y de goma. “Cuando íbamos por la ruta vemos un patrullero. Le dije a Buchile que parara para avisar que nos estaban persiguiendo. Pensé que era nuestra salvación. Pero uno de los policías se bajó, nos apuntó y disparó. Yo sentí la explosión en mi oído. La bala pegó en el parabrisas y reventó el vidrio de atrás”, contó Huenelaf. A pesar de eso siguieron escapando. Hasta que al llegar al viejo hospital de El Maitén los que iban en la camioneta fueron detenidos.
A ellos los acusaron de atentado a la autoridad y de tener bombas molotov. Los detenidos sostienen que las policía les plantó botellas en la camioneta. El primer fiscal de la causa, Carlos Díaz Meyer, fue apartado luego que los detenidos denunciaran que él estaba en la comisaría mientras los golpeaban. Huenelaf tuvo que ser enyesada en su muñeca y debió ser enyesada. Y a Daniela González le quebraron un dedo.
“Era una causa armada y las pruebas se fueron cayendo. El juez en la audiencia dictó el sobreseimiento de los hermanos. Ahora le dio un plazo al nuevo fiscal para que modifique la calificación del delito del resto. No hay cómo sostenerlo”, explicó a Cosecha Roja el abogado Marcos Ponce. “Este caso muestra la violencia con que el Estado se dirige en estos casos. Si el Ejecutivo hubiera escuchado estos reclamos, quizás lo de Santiago Maldonado no hubiera ocurrido”, agregó.
El empleado de la estancia de Benetton fue incorporado a la causa como testigo. En su declaración cuenta su visión de lo sucedido sin esconder detalles. Dice cómo llevó a los policías y cómo fue que detuvieron a los Seguí. Afirma haber visto alambres cortados y la acusación se sostuvo prácticamente con su testimonio. “El no desmiente lo que hace porque le parece lo más normal. El piensa que es lo que hace la gente de bien. Los policías van en sus autos, hacen base de operaciones dentro de sus campos. Es bastante parecido a lo que contaban los terratenientes de la Patagonia Rebelde sobre cómo mandaban a la policía a hacer sus tareas. Es una gran muestra de las cosas que suceden acá”, concluyó Ponce.
