inmigrantesEl director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo firmaron un acuerdo para crear una cárcel de inmigrantes en un edificio del barrio de Pompeya. Allí, dicen, alojarán de forma exclusiva a “las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria”. La Dirección de Migraciones establece que se retendrán allí las personas que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.

Amnistía Internacional señaló que “al año, millones de personas se ven en la necesidad de migrar en busca de mejores oportunidades. La pobreza, los bajos niveles de desarrollo, la violación de derechos humanos, y la falta de estado de derecho en diversas partes del mundo inciden, muchas veces de modo concurrente, para que miles de personas tengan que abandonar sus países de origen y desplazarse a través de fronteras internacionales”.

Amnistía Internacional “desalienta la utilización rutinaria de la detención de personas extranjeras como herramienta para el ejercicio del control migratorio”. Toda persona, incluidos los migrantes y solicitantes de asilo, dice el organismo, “tiene derecho a la libertad y la libre circulación, y a protección frente a la detención y reclusión arbitrarias. Por lo tanto, Amnistía Internacional advierte el impacto negativo de la detención relacionada con la migración sobre los derechos humanos de las personas detenidas y se opone a la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.

“Este año el director de Migraciones Horacio García”, escribió Victor Ramos, director de SOS Discriminación,  “inauguró un estilo policial en la relación con los recién llegados. Terminó el programa Patria Grande de normalización documental, para pasar a un plan persecutorio que se manifiesta en los 12.700 inmigrantes fiscalizados en más de ocho mil operativos realizados con apoyo de la Policía Federal este primer semestre”.

“En su página web”, sigue,  “la dirección de migraciones se ufana de que la persecución realizada este año “se produjo un aumento de 2.991 operativos; representando un incremento del 37,2% interanual en la actividad”. Para la segunda parte del año proponen incrementar las acciones punitivas. García dio por terminado el programa de regularización documental que se realizaba en los barrios. Ahora se busca a los inmigrantes para detenerlos, en lugar de ayudarlos a documentarse”.

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