El Gobierno de la Ciudad dice que las Taser x26 salvan vidas porque inmovilizan a un supuesto sospechoso sin usar balas de plomo. Pero las picanas de bolsillo son armas letales: en otros países se usan para matar. Según Amnistía Internacional, más de 600 personas murieron en Estados Unidos por descargas de Taser en manos de policías entre 2001 y 2014. Para Naciones Unidas son instrumentos de tortura. Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar el caso argentino.
En un informe del programa Economía Política de Roberto Navarro se hizo público que las pistolas están dentro de la lista de compras del gobierno de Mauricio Macri: dos mil millones de dólares en armas adquiridas en Estados Unidos. “La compra es el nexo causal directo para la utilización y afectación de los derechos humanos básicos”, explicó a Cosecha Roja Demián Konfino del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad.
Cuando el gobierno porteño anunció la licitación para comprar las Taser, los organismos de recurrieron a la justicia. En marzo de 2015, el Tribunal Superior de la Ciudad dio vuelta las dos sentencias previas que frenaban la obtención de las armas, y la Corte Suprema de la Nación no intervino. “Luego de que nos presentáramos ante la Justicia para frenar la compra, el Tribunal nos dijo que no había caso porque nadie había sido torturado”, contó Konfino. Para la justicia sin víctima no hay proceso. “Es la desnaturalización del amparo”, agregó.
Al no involucrarse en el caso, la Corte dejó firme esta sentencia y la ODH decidió recurrir al tribunal internacional. Varios organismos se presentaron en conjunto con la ODH ante el tribunal internacional: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas, HIJOS, CELS, APDH, CHA y Amnistía Internacional, Comunidad Homosexual Argentina, UTE, CTRA, ATE.
Llegar a la CIDH permite interpelar directamente al Estado por no haber intervenido en el intento de adquirir las armas. Eso significa no respetar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas al que Argentina adhirió en 2004. “Lo que esperamos es que se prohíba el uso de las Taser en Argentina”, dijo Konfino.
Ni el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta ni Macri adquirieron aún las Taser. Pero la situación actual de la causa los habilita. Desde el Observatorio esperan que la Comisión se exprese antes de que se efectúe esa compra. “Lo que queremos es sentarnos a hablar con el Estado Argentino y llegar a un acuerdo. Esperamos que la CIDH encamine esta negociación”. Los organismos de Derechos Humanos detrás de esta presentación temen que el fallo de la Justicia nacional sea regresivo, fije una doctrina que habilite el uso de esas armas en el futuro y no respete la Constitución.
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