La guerra en casa

Por Alejandro Sicarios | Rio Doce. México.

Foto tomada de nuestramirada.org

Culiacán amaneció en llamas el miércoles, pero el fuego, el de la pólvora y el que calcinó a 16 personas, corrió por todo el estado. Una llamarada que el Gobierno no pudo apagar y que igual calcinó toda esperanza por la seguridad pública porque por encima de los restos de las 24 víctimas afloraron dos verdades: una, los grupos rivales al cártel de Sinaloa entraron a Culiacán para darles la guerra en su propia casa, lo cual no ocurría desde 2008, y dos, Mario López Valdez y sus colaboradores se encuentran apanicados, pues han sacado a sus hijos de la zona de guerra.

Tuvo que ocurrir la siniestra incineración de 16 cuerpos, el miércoles 23 de noviembre, y hubo de llegarle información al Gobierno del Estado de que un grupo criminal ajeno penetró la capital del estado, antes fortaleza del cártel de Sinaloa, para que el gobernador Mario López Valdez decidiera retirarle el veto policiaco a Culiacán y ordenara la incursión de 120 elementos del Grupo Élite.

Culiacán, municipio gobernado por un alcalde (Héctor Melesio Cuen Ojeda) que no es del mismo grupo político al que llevó al poder a López Valdez, había padecido durante ocho meses la ausencia de la Policía Estatal Especial creada para combatir al crimen organizado.

Hasta que en la primera semana de este mes, vía Inteligencia Militar, llegaron informes al despacho de Malova en el sentido de que células delictivas que no habían cobrado fuerza en el centro del estado lograron introducir numerosos comandos de sicarios al territorio controlado por la organización liderada por Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada.

De acuerdo con la información que dispone el Gobierno estatal, se trata del grupo los Zetas, que desde mediados del año lucha por violentar la plaza en alianza con los Beltrán Leyva, que han establecido sus centros operativos en Ahome y Guasave, y los Carrillo Fuentes, que operan parcialmente en Navolato, Angostura y Salvador Alvarado.

Algunas células de los Zetas, por su parte, habían tomado como foco de operaciones el sur de Sinaloa y su aparente presencia se especuló en Culiacán el 2 de julio de 2011, cuando los restos de dos cuerpos decapitados fueron arrojados en la escalinata poniente de Palacio de Gobierno.

La sospecha del Ejército respecto “a la presencia en Culiacán de un numeroso grupo de Zetas” fue sustentada a raíz de que el pasado 4 de noviembre un comando del narco asesinó a ocho personas en una cancha de volibol en la colonia Pemex.

Aunque no especifica cuántos son, ni en qué zonas de Culiacán operan, la Novena Zona Militar, en coordinación con el Grupo Élite y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas instrumentó desde inicios de noviembre un cerco en las zonas limítrofes de la capital del estado tendiente a contener la entrada de más zetas. Sin embargo, lo que es el casco urbano de la capital no fue cubierto.

El jueves de la semana pasada, en reacción por los 24 homicidios dolosos ocurridos un día antes, entre estos los 16 cadáveres calcinados, el gobernador confirmó que “todos sabemos que aquí opera el cártel del Pacífico y que hay otros cárteles o células locales que están aliadas con algo de Zetas, los Beltrán Leyva, los Carrillo, que están en la disputa”. “Se trata de grupos, mensajes que se mandan, que nadie es lo suficiente fuerte o blindado como para no sufrir penetraciones”, expresó.

Sinaloa en alerta

Bastó también la psicosis de terror que impuso la quema de 16 cadáveres —doce en la colonia Antonio Rosales y cuatro en el Desarrollo Urbano Tres Ríos— para que el mandatario diera la orden de que el Grupo Élite, concentrado en Mazatlán y Los Mochis, entrara a Culiacán.

En la misma mañana de ese miércoles negro, horas después de sacudirse ante la peor embestida delictiva sufrida en el primer año del sexenio, Malova ordenó al secretario de Seguridad Pública, Francisco Manuel Córdova Celaya, el despliegue de más policías en la zona urbana y rural de Culiacán.

El Gabinete de Seguridad se declaró en alerta y dispuso que los 18 alcaldes estuvieran atentos en sus municipios para detectar cualquier situación que signifique riesgos para la población. Deberán avisar de inmediato a la SSP para proceder a la coordinación de operativos.

En Culiacán, ciudad desdeñada anteriormente en acciones de seguridad pública implementadas por policías estatales y federales, se procedió a movilizar a alrededor de 300 soldados que desde la tarde del mismo miércoles patrullan las zonas consideradas más conflictivas e instalan puntos de control en lugares estratégicos.

En algunos casos, como en las sindicaturas de los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Guasave se “aconsejó” a los presidentes municipales que recomendaran a la población extremar precauciones. Una de las sugerencias es que eviten andar en las calles, carreteras y caminos más allá de las ocho de la noche.

Trascendió que en la comunidad de Palmitas, municipio de Angostura, el comando que el lunes por la madrugada levantó ahí a tres policías preventivos, mismos que aparecieron incinerados en Culiacán al amanecer del miércoles, dejó un mensaje amenazando a los pobladores de correr la misma suerte si los encontraban por las noches fuera de sus casas.

La sacudida violenta del miércoles puso a temblar a los sinaloenses. Incluso al Gobierno porque el 22 de noviembre, a raíz de que el periódico El Debate publicó que una hija de Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, había sido trasladada de Culiacán a Los Mochis en el helicóptero gubernamental, el gobernador dio a conocer que la delincuencia acecha a los funcionarios de su gabinete y los pone en situación vulnerable.

Mario López Valdez reveló que sus hijos se han ido de Sinaloa, “no están aquí, tienen rato fuera”, agregó. Luego afirmó que “hay señales, informaciones, conversaciones de que cuando se detiene a alguien importante, tratan de atentar contra representantes del Poder Ejecutivo del estado”.

Enseguida el secretario Vargas Landeros declaró que también envió a sus hijos fuera de Sinaloa debido a que él y su familia han sido amenazados y que se han registrado intentos de extorsión en su contra. “Cuando hemos detenido a gente importante para ellos (los delincuentes) han tratado de intercambiar a nuestros hijos por las gentes que estamos encarcelando”.

En esa atmósfera de zozobra, los dirigentes de sectores productivos y de organismos ciudadanos alzaron la voz en demanda de medidas más enérgicas de parte del gobierno de López Valdez. Mercedes Murillo de Esquer, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, deploró de nuevo el hecho de que los criminales se paseen por la ciudad sin que nadie los vea, haciendo lo que quieren y sometan a la gente a estados de terror.

En el mismo ambiente de miedo, el jueves se ordenó en diferentes escuelas públicas que reforzaran labores de seguridad interna con tal de prevenir la presencia de delincuentes que buscarían atacar a grupos numerosos de personas para “calentar la plaza” en Culiacán.

Capital vulnerada

Pese a ser la ciudad que registra mayor índice delictivo en Sinaloa —aquí se ha cometido el 40 por ciento de un total de mil 755 homicidios dolosos registrados en todo el estado del primero de enero al 24 de noviembre de 2011— la presencia de agentes estatales y federales reporta un repliegue, a diferencia de urbes como Mazatlán, Los Mochis y Guasave, que desde marzo de 2011 han tenido el despliegue de elementos del Grupo Élite, Policía Federal y Ejército.

De acuerdo con la información que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado entregó al Congreso local, en Mazatlán, donde el Grupo Élite fue destacamentado desde su creación, el robo de vehículos bajó del 2010 al 2011 un 40 por ciento, el homicidio doloso se abatió un 21 por ciento, el robo a casa habitación se redujo en 31 por ciento y el robo bancario descendió en 83 por ciento.

En Ahome, que también ha recibido atención especial del gobierno de Malova, el informe de la SSP destaca que el índice delictivo ha bajado un 26 por ciento.

En cambio en Culiacán, donde el Grupo Élite no había entrado sino que lo hizo a partir del “miércoles negro”, la dependencia estatal reporta que los delitos de alto impacto han aumentado en 44 por ciento, el robo en comercios creció al 138 por ciento y el robo de vehículos subió 38 por ciento.

Aun cuando la capital sinaloense vive en las semanas recientes una situación de violencia extrema, tampoco López Valdez ha solicitado la intervención del Gobierno federal para que efectúe operativos como los que realiza en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Ha dicho que puede solo con el problema.

—Cuando ustedes dicen que pueden solos con el problema de la delincuencia, sobre todo los delitos de alto impacto, ¿a qué se refieren? —se le preguntó a Gerardo Vargas Landeros (entrevista publicada en la edición 460 de Ríodoce).

—Lo que pasa es que se ha dicho que por qué no se declara a Sinaloa como un Sinaloa Segurocon el programa federal, es decir, que vengan e invadan las fuerzas federales al estado y nosotros decimos que no, no consideramos todavía que estamos rebasados por la delincuencia —respondió.

Al seno de la LX Legislatura local también el Gobierno del Estado había sido cuestionado por la postura de Malova, insistente en que puede solo contra los grupos del crimen organizado. El 7 de noviembre, el diputado Miguel Calderón Quevedo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, preguntó a Francisco Manuel Córdova Celaya, secretario de Seguridad Pública: “¿En realidad podemos solos?, ¿en realidad, si es así la premisa de que los sinaloenses podemos solos, eso quiere decir entonces que Ahome puede solo, que Mazatlán puede solo?”.

Córdova Celaya le respondió que “el comentario del señor gobernador ha ido en el sentido de que no vamos a esperar a que la Federación actúe… en las administraciones pasadas vimos que le echábamos la culpa a la Federación, decíamos, es una guerra entre capos grandes, guerra entre grupos grandes, y el estado no puede con el paquete y el estado no puede sacar adelante esto, que venga el Ejército, que venga la Marina, que venga la PFP, que venga la PGR y que limpien casas… ya vimos que no han llegado… entonces no nos podemos dar el lujo de decir: ¿sabes qué?, vamos esperando a que llegue la Federación, tenemos que actuar como estado, como municipios y sacar adelante esta tarea; la gente no quiere saber que es un problema federal, la gente sabe que le está afectando la calidad de vida y ya están hartos, como lo estamos todos; yo pienso que podemos solos si nos agarramos de la mano sociedad y Gobierno”.

“Aquí hay de dos sopas, seguir lamentándonos diciendo, estamos superados y es problema de la Federación o agarrar el toro por los cuernos y buscar los mejores hombres y mujeres que defiendan a Sinaloa. Los sinaloenses van a tener que defender Sinaloa, la Federación no lo va hacer, la Federación se va a ir a donde ellos estén viendo que es la necesidad apremiante del momento, encuentran muertos acá se arrancan para allá…”, remató Córdova.

Sin embargo, las circunstancias dieron un vuelco inesperado. El Grupo Élite, el Ejército y la Policía Federal recibieron la orden de concentrarse en Culiacán al contarse con información castrense que alertaba sobre el “calentamiento” de una plaza que durante diez meses no ameritó la atención del Gobierno.

***

La policía especial de Malova dejó indefenso a Culiacán

Repliegue élite

El diputado Luis Cárdenas Fonseca, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, fue directo en su señalamiento: “No quisiera, me niego a hacer caso de lo que dicen los observadores internacionales, de que el ejercicio, o mejor dicho, la estrategia del combate al fenómeno delincuencial está direccionada en Sinaloa en contra de unos y omitiendo a otros”.

Sucedió el 7 de noviembre cuando el secretario de Seguridad Pública, Francisco Manuel Córdova Celaya, compareció en reunión privada ante el Congreso del Estado. El funcionario llegó con la espada desenvainada contra el municipio de Culiacán.

—¿Si en Culiacán tiene usted el mayor señalamiento de comisión de delitos, por qué no entrar a Culiacán con esa contundencia? —preguntó Cárdenas.

—Nunca hemos dejado de la mano a Culiacán, desde enero… hemos tratado de no desproteger Culiacán… y golpeándonos o apuntando el dedo no vamos a lograrlo —respondió Córdova Celaya.

El secretario llevaba al Congreso una justificación del porqué siendo Culiacán la ciudad más violenta de Sinaloa, la presencia del Grupo Élite era nula. “Los delitos se nos han ido al cielo en Culiacán”, reconoció.

Manifestó que hubo un periodo de seis o siete meses donde se congeló la Policía Municipal, “algo pasó en Culiacán y no progresaba (sic) la Policía ni para atrás ni para adelante, con la entrada de Ontiveros Salas, el nuevo secretario de Seguridad Pública, pensamos que podemos hacer cosas interesantes en Culiacán”.

Agregó: “Y lo digo con toda sinceridad y no es algo que no se lo he comentado al maestro Cuen y al secretario (Ontiveros Salas), se esperaron siete meses para actuar, siete meses, el problema lo vimos en enero en la primera reunión que tuvimos, pero por razones que no entendemos se esperaron siete meses para tomar cartas en el asunto y cambiar el rumbo en la que iba operando la Policía Municipal”.

Advirtió que “si no le entra la Policía Municipal de Culiacán a estos delitos, no vamos a poder bajar el índice delictivo, así de sencillo, yo tuviera que tener unos mil policías dedicados a Culiacán para poder sustituir a la Policía Municipal, y eso en este momento es una tarea, y yo veo casi imposible cumplir”.

Incluso pidió “los buenos oficios” de los diputados para acercarse al gobierno de Héctor Melesio Cuen Ojeda, “para que nos ayuden acercarnos a esas autoridades municipales, donde podamos agarrarnos más de la mano y poder trabajar en una misma dirección, necesitamos eso, necesitamos acercarnos y trabajar de la mano con la autoridad municipal, y la autoridad municipal también tiene que hacer de lo suyo”.

Expuso que Cuen Ojeda le pide que meta a Culiacán a 150 elementos del Grupo Élite para apoyar a los mil 500 policías municipales. “Óigame, usted dígame si mis comentarios están equivocados, porqué me pide el maestro Cuen que me traiga 150 de mis policías para ayudar a sus mil 600”.

Al final de la comparecencia, Córdova Celaya matizó. Reincidentemente había acusado al Gobierno de Culiacán de poca colaboración para atacar la inseguridad. “Yo estoy seguro que si le ayudamos al maestro Cuen, si le ayudamos a Ontiveros Salas, vamos a reducir los índices delictivos en Culiacán y vamos a tener un efecto muy positivo para el resto del estado. Pero también entiendo que si no lo hacemos, podemos limpiar los 17 municipios alrededor de Culiacán, pero si no limpiamos Culiacán vamos a seguir con ese impacto tan negativo para todo el estado”, dijo.