Foto: Elena Nicolay
En Tucumán, Nadia Orce, hija de Camilo Orce, quien fue 2º Jefe de la Comisaría de Ranchillos durante el Operativo Independencia, fue designada como fiscal auxiliar en la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género a cargo de Marta Rivadeneira. Rechazo de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones de mujeres.
Nadia Orce llegó a los Tribunales Penales el 17 de octubre a la mañana. La joven abogada se presentó en la nueva Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual a cargo de María del Carmen Reuter. “Voy a hacer una práctica hasta que salga mi nombramiento como Fiscal Auxiliar”, anunció y sus palabras resonaron en cada rincón del Palacio Judicial. Doce días después, el lunes 29 de octubre, juró en su flamante cargo con un pantalón y saco negro y una camisa verde aborto. Finalmente quedó firme en el cargo de Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género a cargo de Marta Rivadeneira, donde actualmente se desempeña.
Organismos de Derechos Humanos y organizaciones de mujeres rechazaron su designación. ¿Por qué? Los antecedentes de Orce son preocupantes y no cumplen con los estándares necesarios para ocupar una Fiscalía que requiere perspectiva de género y de derechos humanos.
Es hija de Camilo Orce, quien en 1975 revistaba en la Policía de la Provincia de Tucumán cumpliendo funciones con el grado de Oficial Subayudante como 2º Jefe de la Comisaría de Ranchillos. Fue acusado durante el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia como autor material de violación de domicilio en dos casos y como partícipe secundario de torturas agravadas en dos hechos. Aunque fue absuelto por el Tribunal Oral Federal por el “principio de la duda”, la decisión fue apelada por la Fiscalía Federal a cargo de Pablo Camuña.
Tanto el acusado Orce y sus abogados, entre ellos su hija Nadia, fueron denunciados por ofrecer dinero a cambio de cambiar sus declaraciones a testigos. Cuando estos intentos fracasaron, los testigos sufrieron amenazas e intentos de amedrentamientos para que cambien el sentido de sus declaraciones incriminatorias respecto de Orce. Por la gravedad de los hechos, uno de ellos tuvo que ser ingresado al sistema de protección de testigos en 2009.
“Más de una decena de testigos declararon el jueves 30 (de marzo de 2017) en la sala de audiencias. La mayoría de ellos vivieron (algunos todavía lo hacen) en El Empalme. Todos ellos conocieron a Héctor Ricardo y a Víctor Hugo González. Todos ellos conocen a Francisco Camilo Orce desde antes que fuera comisario en la comisaría de la que dependía El Empalme. En el año 2009, cuando las causas contra ‘Pancho’ Orce comenzaron a prosperar, algunos de los testigos que el jueves declararon recibieron amenazas para que no lo hicieran. “Ha ido a verme a mi casa la hija de Orce, con un policía, a decirme que no haga la denuncia”, dijo Luis Alberto González haciendo referencia a la abogada defensora Nadia Orce. Luis Alberto, José Valentín Aguirre y Orlando Argentino González estuvieron bajo el programa de protección a testigos después de haber denunciado los hostigamientos que sufrieron. “De acuerdo a lo que sostienen los testigos, después hubo un cambio de estrategia y pasaron a ofrecerles dinero para que cambien su declaración”, comenta la fiscal Julia Vitar al referirse a los hechos denunciados por los testigos y ratificados en la sala de audiencias”, publicó el Colectivo La Palta durante la cobertura del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia que se desarrolló el año pasado en Tucumán.
Pero además, Nadia Orce fue denunciada por amenazas de muerte por el ahora Fiscal Federal, Pablo Camuña. En el expediente No 400.974/09 “Camuña Pablo s/Su denuncia”, Camuña, que en ese momento se desempeñaba como Oficial Mayor en el Ministerio Público, refiere que el día 13 de julio de 2009 cuando salía de su oficina, al pasar por la puerta de tribunales federales, la srta. Nadie Orce, quien estaba con dos letrados que ella frecuenta, lo increpó diciendo “me las vas a pagar vos, tus hijos y tus nietos…”. En el expediente agrega que en la Unidad de Derechos Humanos ya sufrieron otros hechos parecidos tanto por la denunciante como por el sr. Camilo Orce. Eso le valió una prohibición de acercamiento al Juzgado Federal.
También forma parte de la ONG “Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica ⎼AADDHL”, que congrega abogados defensores en causas de lesa humanidad “profundamente preocupados por las violaciones al derecho obradas por la justicia federal durante el kichnerismo”.
Sin embargo, sus antecedentes no culminan ahí. Orce compartió estudio y fue defensora personal de Víctor Chocobar, el docente de la Facultad de Derecho acusado por acoso por cuatro estudiantes y ex estudiantes de la carrera. Compartió estudio con él, pero además fue su abogada en denuncias por violencia contra la mujer que se tramitaron en la justicia ordinaria.
Nada de esto tuvo en cuenta el Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez para designarla como Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género.
“Está designación se suma a las de Washington Navarro Davila como Ministro de la Defensa de la provincia (fue el Fiscal que procesó y mantuvo presa a Belén durante más de dos años) y Rafael Lopéz Guzmán en una fiscalía especializada en violencia de género (uno de los impulsores de las marchas antiderechos en Tucumán) denunciados por el movimiento feminista por sus acciones contrarias a los derechos de las mujeres. No se trata de hechos aislados sino de una política del Estado de desprecio hacia las mujeres y los colectivos de la disidencia sexual; es decir, un desprecio por una sociedad igualitaria, digna y libre de violencias machistas”, expresó Celina de la Rosa, periodista y referente del Colectivo Ni Una Menos de Tucumán.
No es el primer antecedente de una persona cercana al Ministro Fiscal y vinculada a los acusados por delitos de lesa humanidad que logra un puesto clave dentro de la Justicia provincial.
El 15 de marzo pasado la Legislatura aprobó con 32 votos a favor el pliego para que Facundo Maggio, ex abogado defensor de condenados por delitos de lesa humanidad, sea designado como Juez de Instrucción Penal Nº 2 del Centro Judicial Capital, y 13 votos en contra (hubo dos abstenciones y dos ausencias). Los legisladores de la UCR, el PRO y el Peronismo por el Bicentenario, bloques opositores a la gestión de Juan Manzur, y las peronistas Stella Maris de Córdoba y Silvia Rojkés, se manifestaron en contra de que el letrado ocupe un cargo en el Poder Judicial. Maggio y Orce compartieron la defensa personal de Camilo Orce en el juicio de Operativo Independencia.
“En aquella oportunidad, los parlamentarios habían cuestionado que la relación de parentesco que tiene con el Ministro Fiscal podría condicionar su accionar.¿Cómo va actuar de manera independiente una persona que desde el vamos estará condicionado por su tío, el gran gestor de un armado enorme de impunidad, y que además llega como un favor político?”, publicó el portal lanotatucuman.com en aquél momento.
La designación de Maggio como juez representó una línea política, tanto a nivel nacional como provincial, que pretende una reconciliación con los genocidas de la dictadura cívico militar y un pedido directo de Pirincho Jiménez, el monje negro de la justicia tucumana, al gobernador Juan Manzur. En el caso de Orce, se trata de una designación directa de Jiménez en un cargo no concursable.
