Por Lucía Demarchi en El Ciudadano
La denuncia penal que la cantante Ayelén Beker radicó por el hostigamiento y la violencia que sufre por parte a algunas personas que viven en su edificio y de la administración del consorcio, será tramitada como una mera pelea entre vecinos y no como una situación de violencia de género. Marcos Peiretti, el abogado de la artista, había solicitado que la denuncia fuera derivada a la unidad de Género, al entender que todos los ataques están motivados por el hecho de que ella es travesti y no por otra cosa. “Ayelén no es la primera travesti que es acosada y que es privada de ejercer libremente su derecho a ser una inquilina. Esto es algo frecuente en la población travesti-trans y el Poder Judicial pocas veces ha intervenido en estos asuntos”, consideró. Pero el Ministerio Público de la Acusación entendió que la denuncia debía ser tratada como un caso de faltas y contravenciones, y la derivó a esa unidad fiscal. “Si al caso no se le asigna la categoría que realmente presenta, lo que se produce es una denegación de acceso a la Justicia, se le está negando a Ayelén Beker el acceso a una Justicia que sea eficiente y que tenga la capacidad de abordar el caso con la seriedad y la perspectiva que requiere”, remarcó.
“Estoy cansada se sentirme culpable de ser una persona travesti en un mundo lleno de odio”, dice Ayelén en una entrevista telefónica con El Ciudadano. En la voz se le mezcla el cansancio de volver a contar la violencia que vive en su propia casa con la angustia que le genera la situación. Pero encuentra la manera, se rearma y busca las palabras. Porque está harta de vivir así, conteniendo la furia para que el problema no se haga más grande, pero entiende que políticamente es necesario recorrer este camino.
La denuncia penal que Ayelén presentó el martes pasado busca cesar con el hostigamiento y la violencia que sufre en el lugar en el que debería sentirse más segura: su propia casa. En 2019 consiguió alquilar el departamento del macrocentro en el que vive luego de que su mamá hiciera todos los trámites previos a la firma del contrato. Y este dato no es anecdótico, porque Ayelén Beker tiene un nombre dentro de la cultura rosarina por su cumbia, pero también es travesti. Y eso, a la hora del alquilar, es un problema.
“Es la primera vez que vivo sola. Pasé por un montón de casas y pensiones, y siempre me echaron. Es algo que nos pasa a las travestis. El odio es muy grande. A la gente le molesta ver a una trava”, dijo. A la artista se le conjugan hoy dos realidades: por un lado, sufre ataques transfóbicos; por el otro, recibe reconocimientos públicos: la semana próxima será distinguida por el Concejo Municipal.. “Una está acostumbrada al maltrato, o a sentir que le debés algo a alguien sólo por alquilar, o tener que callarme para que no me echen de lugares. Esto nos pasa siempre sólo por ser trava, o trava y puta, o lo que sea”.
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Se calcula que entre el 80 y el 90 por ciento de la población travesti-trans de la Argentina subsiste con el trabajo sexual. De eso vivió Ayelén hasta que hace unos años la empezó a romper con su banda de cumbia. Los medios la bautizaron como La Gilda de las Travas, y la rueda se armó: los shows no eran sólo en Rosario, Ayelén Beker programaba giras a Buenos Aires y hasta a Uruguay. Su música le estaba dando de comer.
Pero la pandemia no fue (ni es) aliada de la cultura y Ayelén vio todos sus ingresos frenados de un día para el otro. “Sobreviví con el trabajo sexual, con mucho miedo, porque tuve que exponer mi cuerpo al virus”, cuenta.
Desde que se mudó a su casa actual sufre agresiones de algunos de sus vecinos, que la nombran en masculino y le reprochan cualquier movimiento que haga, desde regar las plantas hasta recibir personas en su casa. Y en las últimas semanas la situación de violencia fue en escalada: con carteles en los palieres la acusan de trata de personas y de tener un privado; publicaron fotos suyas extraídas de las cámaras de seguridad, con horarios exactos en los que ella entra o sale del edificio; la administración le envió una carta, refiriéndose a ella en masculino y negándole su derecho a la identidad, imponiéndole una multa de 4 mil pesos por arrancar esos carteles que la exponían y sin permitirle realizar ningún tipo de descargo. También le bloqueó la llave electrónica para entrar al edificio, a su propia casa. Y lo último: vandalizaron el tablero de la luz y la dejaron sin electricidad.
“Decidimos hacer la denuncia penal después del viernes (7 de mayo), cuando vimos que Ayelén estaba impedida de ingresar a su domicilio. Fue la culminación de todas las vejaciones y violaciones a sus derechos. Decidimos que esta era la mejor vía: poder darle lugar a las instituciones y a las normas existentes para que se respeten y se efectivicen los derechos de Ayelén”, explicó a El Ciudadano Marcos Peiretti, su abogado.
De acuerdo con el letrado, la denuncia penal está dirigida al administrador del edificio, Juan Manuel Battistini, y a los integrantes del consejo de consorcistas. Es por amenazas coactivas y simples, hostigamiento y violación de la intimidad, todo agravado por la cuestión de género.
Por ese motivo, solicitaron que el Ministerio Público de la Acusación derivara la denuncia radicada el martes pasado en el Centro Territorial de Denuncias de Moreno al 1900 a la unidad especial de Género. “Entendemos, por versar la cuestión principalmente en una cuestión de género y por desencadenar la cuestión de género todo el resto de los delitos y las vejaciones que Ayelén sufre, que corresponde la intervención de la unidad especializada en delitos de Género”, consideró Peiretti.
El pedido no es caprichoso. “Se trata de una cuestión de formación: un caso como este requiere un abordaje de género. Sin esa perspectiva, no va a arrojar mayores resultados, sobre todo porque las instituciones y el Poder Judicial especialmente no son un espacio donde las personas travestis y trans vean que puedan ir a resguardar sus derechos, o no lo han sido. Ayelén no es la primera travesti que es acosada y que es privada de ejercer libremente su derecho a ser una inquilina. Esto es algo frecuente y el poder judicial pocas veces ha intervenido en estos asuntos”, remarcó.
“Se requiere de personas del poder judicial capacitadas en género. Y no sólo a través de la ley Micaela, que también sabemos que es una ley que no han cumplido todos los funcionarios judiciales, sino que sea gente formada en género, que entienda de la problemática habitacional que tienen las personas travestis y trans, de la persecución y hostigamiento que sufren por parte de los vecinos, de las personas en general, de las instituciones. Eso para que no sea expulsada nuevamente de la institución y no se quede Ayelén con una sensación amarga de que lo que a ella le pasa a nadie le importa”, agregó.
Pese a todo, este viernes fueron notificados de que la denuncia había sido derivada a la unidad que investiga faltas y contravenciones. “No están considerando siquiera que haya una conducta penalmente reprochable. Mucho menos están considerando que en el caso existe una cuestión clave, que es la cuestión de género. Es decir: toma esto como una simple pelea entre vecinos donde hay algunos vecinos que han cometido ciertos actos que no constituyen un delito penal pero pueden llegar a ser una falta o una contravención”, explicó el letrado, que adelantó que volverán a solicitar ante el fiscal que el caso sea derivado a la Unidad Fiscal de Género.
