Por Vaidya Gullapalli
En 2014, el mejor amigo de Morgan Godvin, Justin DeLong, sufrió una sobredosis fatal. Ella le había vendido la heroína. La noche siguiente, la policía allanó su departamento y la arrestaron. Tenía 24 años y su madre había muerto de una sobredosis tres meses antes. L*s fiscales federales acusaron a Godvin de “entrega [de drogas] con resultado de muerte” por la sobredosis de su amigo, cargo que le indicaron tenía una sentencia mínima de 20 años. Terminó declarándose culpable por conspiración al distribuir heroína y pasó los siguientes cinco años en prisión.
El mes pasado (1), a través del Washington Post, Godvin expuso cuán equivocada había sido la respuesta del gobierno tras la muerte de su amigo y cómo falló en reconocer la superposición entre quienes usan drogas y quienes las venden. “Para comprar heroína, tenés que conocer a alguien que la tenga, o conocer a alguien que sepa quién la tiene. Amig*s y conocid*s forman nuestra red. La vasta mayoría de l*s vendedor*s de heroína que conocí no lo hacían para ganar plata. Simplemente sostenían su propio hábito mediante la venta a personas que conocían y que también eran adictas. El arquetipo del traficante depredador es un mito. Para much*s, la venta de drogas no se trata de obtener ganancias despiadadas; se trata de supervivencia”.
Pero mientras las sobredosis han causado cientos de miles de vidas en los últimos años, acusaciones como la que recayó sobre Godvin se han vuelto cada vez más comunes. Varios Estados han promulgado leyes similares a aquellas bajo las cuales Godvin fue procesada, o han endurecido las leyes existentes.
Esta semana, la Alianza para Políticas de Drogas (Drug Policy Alliance) entregó una refutación integral a la respuesta política y a la cosmovisión que sostenía en su origen. En un nuevo informe, la organización llama a poner fin a la amplia demonización y a las duras penas impuestas a las personas que venden drogas. El informe dice que es necesario “repensar a la persona que vende drogas”. L*s autor*s señalan: “L*s formulador*s de políticas en los Estados Unidos reconocen cada vez más que el uso de drogas debe tratarse como un problema de salud pública en lugar de ser un asunto criminal”. Sin embargo, “la buena consideración de la opinión pública no se ha extendido a las personas involucradas en la venta o distribución de drogas, tal como han dejado en claro l*s polític*s de ambos bandos”.
El impulso de concebir a las personas que venden drogas como una categoría distinta de las personas que las consumen es tan engañoso como contraproducente, afirma el informe. “L*s polític*s y fiscal*s que afirman querer un enfoque de salud pública próxima al uso de drogas, pero que al mismo tiempo endurecen las penas para cualquiera que las vende, en realidad están pidiendo el encarcelamiento y no encarcelamiento de las mismas personas”.
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En 2012, más del 80% de las personas arrestadas por delitos de distribución en Chicago tenían test positivos por consumo de drogas. En Nueva York y Sacramento fueron más del 90%. De hecho, las leyes que penalizan la venta de drogas están redactadas de manera tan amplia que las personas arrestadas con drogas para su propio consumo suelen ser acusadas de traficantes.
La narrativa del traficante de drogas como alguien peligroso tiene una larga historia. Es una “narrativa profundamente racializada en donde el uso de drogas ilegales es impulsado por vendedor*s de drogas (usualmente retratad*s como personas de color) que acercan las drogas a personas vulnerables (usualmente, personas blancas) para generarles adicciones”.
Al escribir para The Appeal esta semana (2), Zachary Siegel revisa las reformas prescritas en el informe, que incluyen la derogación de las leyes de homicidio inducido por drogas, la convocatoria a fiscal*s progresistas a que se nieguen a enjuiciar ciertos delitos relacionados con la venta y distribución, y la reducción radical del número de arrestos por venta y distribución de drogas.
Mientras aboga por una serie de “reformas graduales”, la Alianza para Políticas de Drogas sigue comprometida con cambios fundamentales en la forma en que se conciben el consumo de drogas y los mercados de drogas. “A medida que consideramos nuevos enfoques para las personas que consumen drogas, también necesitamos explorar opciones para abordar las ventas de drogas que estén fuera del sistema de justicia penal”, dijo a The Appeal Lindsay LaSalle, directora general de leyes y políticas de salud pública de la Alianza para Políticas de Drogas. “Necesitamos alejarnos radicalmente de las intervenciones sobre la oferta y debemos examinar realmente tanto la demanda de drogas como las razones económicas y estructurales por las que la gente puede estar vendiendo drogas”.
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En última instancia, las distinciones entre comprador*s y vendedor*s se basan en el mismo instinto de suma cero: el deseo de clasificar a las personas en categorías opuestas, como se ve en los debates sobre víctimas contra delincuentes y personas acusadas de delitos no violentos contra personas acusadas de delitos violentos. En las discusiones sobre reformas que promuevan la liberación de personas acusadas de delitos no violentos antes que a las acusadas de delitos violentos, existe el riesgo constante de presentar a un grupo como merecedor a expensas del otro. En las conversaciones sobre víctimas y delincuentes hay una falta de voluntad sistémica para reconocer que muchas de las personas que cometen daños han sido ellas mismas objeto de daños. Y en muchas ocasiones parece que, para aquell*s que han sufrido, el reconocimiento de su propia humanidad por parte del Estado se produce sólo a través de un sistema penal que intenta encontrar a alguien a quien culpar y castigar (por más irrelevante que ese proceso sea).
En su comentario, Godvin apunta a la falta de apoyo disponible para su amigo mientras vivió y los enormes recursos policiales movilizados en su nombre tras su muerte. “La sociedad no le ofreció recursos compasivos a Justin mientras estaba vivo, solo una docena de arrestos y una sentencia a prisión, ninguno de los cuales lo ayudó a superar la adicción”. Pero “el gobierno federal invirtió recursos en condenar a cinco personas por su sobredosis accidental: a mí, a mi compañero de cuarto (que me vendió la heroína), a la persona que le vendía a él y a los dos traficantes de ese hombre, condenándonos a un total de 60 años de prisión por la muerte de Justin”. Esa enorme cantidad de encarcelamientos no cambió nada. “El flujo de heroína en nuestra ciudad, Portland, continuó sin sobresaltos. En los años posteriores al juicio, la tasa de sobredosis fatales de heroína en Oregón incluso aumentó”.
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Originalmente titulado “Seeing the humanity of people who sell drugs” y publicado en The Appeal, un medio sin fines de lucro que produce noticias e informes sobre cómo la política pública, la política y el sistema legal afectan las poblaciones más vulneradas de EEUU. Traducido por María Eugenia Zampicchiatti.
Quienes traducimos no compartimos necesariamente todas las ideas formuladas por les autores de los artículos.
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(1) Nota de traducción: este artículo fue publicado en su versión en inglés en el mes de diciembre del 2019.
(2) Nota de traducción: refiere al artículo “¿Cómo repensar la venta de drogas y su sanción?” (How to rethink drug dealing and punishment). Disponible aquí en su versión en inglés.
