Como si se tratara de un thriller de espionaje la policía chilena armó una investigación con chats y comunicaciones falsas para involucrar a comuneros mapuche en el tráfico de armas desde Argentina y la quema de 29 camiones. La Operación Huracán, que desató un escándalo en Chile y fue calificada por el Fiscal Nacional como un hecho como “gravísimo e inédito en el país”, fue utilizada por la ministra Patricia Bullrich para perseguir a los mapuche en la Patagonia argentina y acusarlos de terroristas, según publicó el periodista Ricardo Ragendorfer.
Por Macarena Garcia Lorca.
Alex Smith Leay es chileno y tiene 40 años. En la Unidad de Inteligencia de Carabineros de Temuco lo llamaban El Profesor. Es el creador del software Antorcha, que permite interceptar conversaciones por Whatsapp y Telegram, y Tubicación, que sirve para geolocalizar celulares. Con esas herramientas la Policía investigó a los ocho comuneros mapuche que fueron acusados y detenidos por la quema de 29 camiones en el sur del país.
El Profesor había llegado a la Unidad de Inteligencia de Carabineros con un extenso curriculum: dos títulos de ingeniero, una especialización como analista programador y otra como administrador de empresas. Gracias al software que creó la policía interceptó chats entre una persona apodada Matute y otra apodada Negro en el que hablaban de tráfico de armas desde Argentina.
Matute: LISTADO: ESCOPETA 6, REVOLVER 10, PISTOLAS 12, FUSIL 2, MUNICIONES 250 CARTUCOS (cartuchos), APROX 550 BALAS 38, 84 balas 9.
Negro: De Argentina me van a llegar. El 15
En otras conversaciones las mismas personas hablan sobre la preparación de los ataques incendiarios a los camiones de las empresas forestales y anuncian futuras acciones violentas.
Matute: “el viernes de fuego es el 11”
Negro: “tiene que estar coordinado con el de tirua”.
Negro: “yo estoy pinchado… por eso hay que desviar”.
Las pruebas eran contundentes. Con esta evidencia la Fiscalía pidió la detención inmediata de los ocho comuneros, entre ellos Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) bajo la ley Antiterrorista. Tribunales accedió.
El 23 de septiembre del año pasado, el aparato de Inteligencia de la policía desplegó un inmenso operativo con helicópteros y allanamientos simultáneos en las comunidades. Las imágenes en la televisión exhibían el llanto de los niños mapuche y a las familias de los comuneros denunciando la represión policial. La Operación Huracán, como se la llamó, fue aplaudida por la clase política y los empresarios de La Araucanía, que desde hace años exigen mano dura en el conflicto mapuche.
Los comuneros quedaron en prisión preventiva a la espera del juicio. Arriesgaban penas altísimas por asociación ilícita de carácter terrorista, una legislación condenada por organismos internacionales de Derechos Humanos.
Para el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, querellante en la causa, todo marchaba sobre ruedas.
Hasta que en enero el caso explotó. Los peritajes técnicos demostraron que Carabineros había manipulado las pruebas. Los programas diseñados por El Profesor Smith eran una farsa y los mensajes interceptados a los comuneros habían sido implantados en los celulares después de haber sido incautados. Ni siquiera tenían el formato de Whatsapp o Telegram: eran archivos TXT. También se descubrió que los títulos profesionales que Smith había presentado eran falsos.
La Fiscalía y la policía se culparon mutuamente frente a las cámaras. El 25 de enero de 2018 la Fiscalía ordenó el cierre de la investigación por la Operación Huracán y anunció la apertura de una causa por manipulación de evidencia contra la Dipolcar, la unidad de Inteligencia de Carabineros. El Fiscal Nacional, Jorge Abott, calificó el hecho como “gravísimo e inédito en el país”. El descalabro fue total y la tensión entre ambas instituciones fue en aumento.
El 26 de enero la Fiscalía ordenó a la PDI, la policía civil de investigaciones y eterno rival de Carabineros, incautar las computadoras de la Unidad de Inteligencia de la IX Región donde se habían manipulado las pruebas. Carabineros se opuso a la orden judicial. Rodearon el cuartel de fuerzas especiales e impidieron el ingreso del fiscal y los funcionarios de investigaciones. Los investigadores se fueron sin llevar adelante la diligencia.
El gobierno intentó superar el bochorno e insistió para que no cayera la causa contra los responsables de la quema de camiones. Desde la Fiscalía argumentaron que no estaban dadas las garantías mínimas para esclarecer los hechos.
El jefe máximo de Carabineros, Bruno Villalobos, cortó el hilo por lo más delgado: despidió al Profesor Smith y pasó a retiro a tres funcionarios policiales procesados por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. El general a cargo de la Dirección de Inteligencia, Gonzalo Blu, todavía continúa en el cargo y no hay responsables políticos por los hechos ocurridos en La Araucanía.
Durante el proceso los comuneros quedaron en libertad. A pesar de las pruebas falsas la Corte de Apelaciones de Temuco decidió seguir adelante con la investigación. Ahora los imputados deberán seguir defendiéndose ante la justicia y evalúan presentar una demanda en contra del Estado de Chile.
Este texto se escribió en el marco de la Beca Cosecha Roja.-
