La justicia liberó a siete policías acusados del crimen de Daniel Solano

Julia Muriel Dominzain – Cosecha Roja.-

Daniel Solano cobró el sueldo y se dio cuenta de que lo estaban estafando. No era el único: le pasaba lo mismo a los más de trescientos compañeros que trabajaban en los campos de manzana en Río Negro. Lo comentó con algunos de ellos para ver qué hacían. Al día siguiente -el 5 de noviembre de 2011- desapareció. Lo vieron por última vez en la puerta de un boliche de Choele Choel, rodeado de policías. Esta semana la Justicia liberó a los siete imputados con prisión preventiva. Gualberto, el papá de Daniel, está a punto de empezar una nueva huelga de hambre frente a los Tribunales. “Me pidió que le compre un cajón. La temperatura es de 8 grados bajo cero: su intención es suicidarse”, dijo a Cosecha Roja Sergio Heredia, abogado de la familia.

En la causa por la desaparición de Daniel hay 22 policías imputados y 13 procesados. Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Diego Cuello, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez eran los efectivos que estaban presos. Y hay más: “Los que ordenaron la muerte de Solano fueron sus patrones de Agrocosecha”, explicó Heredia. Para él la operación era encubierta en un “accionar mafioso” entre policías, comisarios, delegados de trabajo, funcionarios municipales, abogados, políticos, jueces y fiscales.

Daniel vivía en la comunidad guaraní de Misión Cherenta, en Tartagal, Salta. A los 26, dos punteros lo convocaron junto a otros vecinos para trabajar en las plantaciones de manzana de Lamarque, Río Negro. “Cada tres o cuatro meses elegían a las víctimas, los llevaban en gamela, los hacinaban, les sacaban la documentación”, contó Heredia. La estafa la hacían dos empresas: Expofrut pagaba los sueldos a través de Agrocosecha, que se quedaba con una parte. “Para poder hacer eso tenía una banda, una asociación ilícita que protegía el accionar delictivo”, dijo el abogado.

El 5 de noviembre de 2011 lo vieron por última vez en la puerta del boliche Macuba. A Gualberto le dijeron que su hijo había dejado el trabajo por voluntad propia. El hombre desconfió y viajó desde Tartagal hasta Valle Medio para averiguar qué había pasado con su hijo. Desde entonces, ya hizo tres huelgas de hambre, vivió en una carpa con su familia y algunas noches durmió en la iglesia del pueblo, donde también se instaló el abogado.

Heredia presentó ante la Justicia un testigo que contó que a Daniel lo mataron de un disparo. El hombre -de identidad reservada- dijo que los agentes consultaron con el médico de la policía si ya estaba muerto o si tenían que hacer algo. El doctor dijo que todavía agonizaba, que mejor dispararan por las dudas. El mismo hombre declaró que llevaron el cuerpo a un pozo de 80 metros de profundidad en un campo llamado Manuela, que queda a 22 kilómetros del pueblo. La  Justicia se niega a inspeccionarlo.

Desde que empezó la causa Gualberto y el abogado duermen en la iglesia del pueblo. “¿Por qué no están presos los empresarios si ya hemos documentado la estafa? Han hecho un plan para que nos cansemos”, denunció Heredia.

La noticia de la liberación de los siete policías que estaban detenidos -acusados de apremios ilegales, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por desaparición forzada de persona- hartó al papá de Daniel. “El delito de desaparición forzada no prescribe, es de ejecución continua: están liberando a personas que están ejecutando un delito”, dijo Heredia que además quiere convencer a Gualberto de que no empiece la huelga de hambre.

La causa tiene más de 40 cuerpos y 400 testigos. Está a cargo del juez Julio Martínez Vivot, que liberó a los policías y derivó el caso a la Justicia Federal por tratarse de ‘desaparición forzada’. Ahora el Tribunal superior de Justicia de Río Negro debe decidir si es competencia provincial o federal.

Fotos: Jorge Gustavo Silva / Revista Anfibia