No más niños migrantes en las cárceles de EEUU

Human Wrigth Watch.-

(San Francisco) – La sentencia dictada por un tribunal federal de Estados Unidos contra la detención de familias migrantes por el gobierno de Obama rulingconstituye un paso importante para garantizar los derechos de menores, indicó hoy Human Rights Watch. La decisión, anunciada el 24 de julio de 2015, establece que el gobierno no podrá confinar a menores junto con sus padres en establecimientos similares a centros penitenciarios, y que las madres que no representen un riesgo de fuga o para la seguridad deberían ser liberadas con sus hijos.

“El tribunal federal concluyó inequívocamente que confinar a las familias redunda en perjuicio de los menores”, indicó Clara Long, investigadora sobre temas de inmigración en Estados Unidos de Human Rights Watch. “EE. UU. debería actuar rápidamente para poner fin a esta práctica nefasta de detención de familias migrantes”.

La jueza federal de distrito Dolly Gee, en Los Ángeles, determinó que  un convenio preexistente entre el gobierno estadounidense y menores migrantes, que lleva más de 18 años de vigencia, todavía resulta aplicable a menores que están actualmente detenidos junto con sus padres. En abril, la jueza Gee había emitido un fallo provisional, en el cual disponía que el convenio suscripto en 1997 en el caso Flores v. Meese  se aplicaba a menores en situación de detención familiar, e impartía instrucciones al gobierno y a los abogados de menores migrantes para que negociaran un acuerdo en consonancia con dicho convenio. Pero no se llegó a ningún acuerdo de esa naturaleza. En su pronunciamiento de la semana pasada, Gee otorgó plazo al gobierno hasta el 3 de agosto para que proponga un plan de ejecución de la sentencia.

A mediados de 2014, supuestamente con la intención de disuadir a migrantes indocumentados provenientes de América Central que pretendían llegar a la frontera estadounidense con México, el gobierno de Obama amplió en forma considerable la capacidad de detención familiar, que pasó de menos de 100 a más de 3.000 plazas, lo que incluyó la construcción de un nuevo establecimiento con capacidad para 2.400 plazas en Dilley, Texas, administrado por una empresa privada de gestión penitenciaria, la Corrections Corporation of America.

El derecho internacional prohíbe detener a menores por motivos inmigratorios, sin excepción, así como la detención de solicitantes de asilo, salvo como medida de último recurso o para responder a un temor concreto de que la persona se provoque un daño a sí misma o a terceros. Human Rights Watch ha documentado evidencias de cómo la detención en estos establecimientos deja graves secuelas psicológicas en los niños y sus padres.

En junio de 2015, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), Jeh Johnson, anunció que el gobierno implementaría “cambios sustanciales” en materia de detención inmigratoria de familias. Entre tales cambios se incluía limitar la detención de familias que demostraran tener argumentos razonables o creíbles para temer regresar a su país de origen, lo cual supone el primer paso para reunir los requisitos de asilo en EE. UU.

La decisión del tribunal ratifica como preferente la liberación de menores a sus padres en vez de a otros familiares o patrocinadores comunitarios, observó Human Rights Watch. Abogados del gobierno han amenazado con dar cumplimiento a una sentencia judicial liberando a menores y, al mismo tiempo, manteniendo detenidas a sus madres.

El gobierno debería rechazar aquellas medidas que permitan que continúe la detención de menores migrantes o que provoquen separaciones familiares innecesarias, ya que redundarían en perjuicio de los menores, explicó Human Rights Watch. Los menores y los padres que sean liberados deberían ser puestos en contacto con programas del ámbito de la comunidad, con el propósito de ayudarlos a cumplir con procedimientos judiciales inmigratorios. Estados Unidos debería además poner asistencia legal a disposición de familias que enfrenten la posibilidad de deportación.

“Este pronunciamiento judicial ofrece una oportunidad al gobierno estadounidense de concluir definitivamente su política nociva e ilegal de detención familiar”, sostuvo Long. “Asimismo, el gobierno debería reconocer que difícilmente separar a un menor de sus padres sea una medida que asegure el interés superior del niño, y retirar de la mesa esta propuesta tan desacertada”.