DEPORTADAAraceli Martínez Ortega  Sin embargo.-

A María Molina no le sirvió de nada ser madre de dos hijos nacidos en Estados Unidos y tener un esposo que es residente permanente. A una cuadra de su casa, cuando salía para el trabajo, agentes de migración en dos autos la cercaron; a gritos la obligaron a descender de su vehículo; y la detuvieron cual peligroso delincuente.

Según narró a La Opinión entre lágrimas, fue deportada de inmediato, en agosto de 2013, sin darle oportunidad de una llamada telefónica a su familia. Un mes después de haber regresado a Zamora, Michoacán, su tierra de origen, vio su vida amenazada por sicarios que le exigían una cuota, para empezar, de 1,500 dólares. Le dijeron claramente que si no pagaba, sus días estarían contados.

“Llena de pavor, mi única salida fue huir y tomar un taxi en la madrugada que me llevó a Guadalajara. De ahí volé a Tijuana, y solicité asilo político en San Isidro”, dice.

Esta inmigrante no tenía ni la menor idea de lo que le esperaba: “Me tuvieron retenida durante 20 meses en un centro de detención de Eloy, Arizona”.

“Como todas las mujeres que estábamos ahí sufrí maltrato, discriminación, y burlas por parte de los empleados hasta por pedir un jabón o una toalla femenina”, platica.

María Molina, de 47 años, tiene 18 años en el país sin documentos. Hace 17 años se casó con José Avalos un residente permanente, con quien procreó a Stephanie de 13 años y Abraham de 15. Debido a que había sido deportada cuando tenía alrededor de 20 años por intentar cruzar la frontera con un pasaporte falso, no había podido arreglar su situación migratoria.

Cada vez que se enfrentaba a la jueza, era un sufrimiento grande: “Ella me repetía una y otra vez que no tenía derecho a una fianza porque yo era un peligro para la sociedad por un accidente que había tenido.

“Yo no lo causé, y no hubo heridos, mi pecado fue no traer licencia de conducir. Pero la jueza me lo machacaba siempre que yo estaba expulsada del país, y que con abogado o sin abogado, no me darían el asilo político”.

En el centro de detención, recuerda que ella se hundió en la desesperación. “Ahí yo vi muchas mujeres que deprimidas se trataban de matar. Otras permanecían dormidas todo el tiempo bajo los efectos de las pastillas para la depresión que les daban. Yo pensaba que nunca iba a salir”, dice.

Así que cuando el 6 de junio pasado, un oficial del ICE fue a verla para decirle que podía irse a Los Ángeles con su familia, no sabía si llorar o reír.

“Al igual que yo, mis hijos sufrieron mucho también”, dice con los rojos enrojecidos por el llanto que no la deja mientra cuenta su historia.

“Ahora estamos muy felices”, dice Abraham, el hijo mayor, quienempezó a perder hasta el pelo durante la ausencia de la madre. Una pequeña calva en su cabeza delata el estrés que sufrió.

En la pelea por el asilo político

Eric Price, abogado de Maria Molina, lamenta que no se le haya permitido salir con una fianza, y la hayan mantenido detenida por 20 meses. “A los asesinos les permiten una fianza, pero no a una madre con dos hijos ciudadanos y un esposo residente permanente. Decían como argumento para no dársela que porque tenían miedo que no se presentara a las citas en la corte”, comenta incrédulo.

Price considera que detener por tanto tiempo a un inmigrante que busca asilo político es parte de una estrategia de castigo; y lo hacen para desanimar a otros a no solicitarlo. “Algunos detenidos se dan por vencido, y están tan deprimidos que prefieren regresar a sus países, y exponer sus vidas, antes de seguir encerrados”, expone.Señala que mantener a una persona que busca asilo político en un centro de detención privado, cuesta 75 dólares diarios al país, eso sin contar los gastos de los jueces, cortes de apelación, migración. No se diga las horas de trabajo perdidas del esposo de María, y los dos años de su vida malgastados, expone.El abogado dice que la salida de María Molina no fue fortuita o porque se apiadaron las autoridades de migración de ella, sino estima que fue el resultado de una demanda que le puso al jefe de la prisión, al Servicio de Migración y Aduanas (ICE), al juez y hasta a los guardias por mantenerla por tanto tiempo detenida.La situación de María Molina aún es incierta. Tiene una cita en la corte en Arizona el 23 de julio.El abogado Price asegura que seguirá en la pelea para que María Molina obtenga el asilo político. “Los migrantes deportados son un blanco perfecto para el crimen organizado en México porque aunque saben que ellos no tienen dinero, están enterados que sus familiares en Estados Unidos, pagarán sus extorsiones. Así que yo espero que en tres o seis meses ella pueda obtener el asilo u otra clase de alivio para que pueda vivir con tranquilidad en este país al lado de su familia”, indica.

El secretario del Departamento de Seguridad de la Nación, Jeh Johnson anunció a fines de junio que se reducirán los tiempo de encierro y finanzas para los indocumentados elegibles para el asilo político y otros alivios.

Foto: Sin Embargo

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