¿Cuándo se inició en nuestro país el terrorismo de estado? ¿Fue a partir del 24 de marzo de 1976 o sucedió antes, durante el gobierno de Isabel Martínez? Asistimos a este debate desde hace cuatro décadas y el fallo del Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba que condenó a 38 de los imputados en el megajuicio por los crímenes cometidos en La Perla aporta una definición muy clara al respecto.
“Es la única sentencia en nuestro país que dice que el terrorismo de estado comenzó un año antes del golpe, en marzo de 1975”, señaló el fiscal Facundo Trotta al destacar la importancia de las condenas decididas por el Tribunal. Se trata de un debate que no dejó de latir al interior del peronismo y del conjunto de las fuerzas democráticas y que se entrecruza con la necesidad política en la recuperación de la democracia de establecer una línea tajante de diferencia entre democracia y dictadura.
Para algunos, el golpe del 24 de marzo es el hecho político a partir del cual los autores del golpe tienen el poder y la responsabilidad por los crímenes de terrorismo de estado. Esto implica sostener que los crímenes anteriores cometidos por fuerzas militares o policiales, no formaron parte de una política de estado y expresan una situación de conflictividad en la que los espacios estatales estaban en disputa, sin que existiera aun una política de aniquilamiento asumida sistemáticamente por las autoridades del estado.
“No jodan con Perón”, fue la frase de un afiche de enero de 2007 firmado por La Fraternidad y las 62 organizaciones que marcó una controversia entre sectores sindicales con el gobierno de Néstor Kirchner frente al riesgo que los juicios por violaciones a los derechos humanos pudieran extender las responsabilidades a la etapa previa al golpe militar.
Sin embargo, los decretos secretos de aniquilamiento de la subversión y la operatoria que las fuerzas al mando del General Benjamín Menéndez pusieron en marcha en La Perla a partir de marzo de 1975 nos habilitan a una comprensión diferente de esta historia.
El primero de estos decretos fue el 261, del 5 de febrero de 1975. Establece que “el comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.
Los tres restantes -2770, 2771 y 2772- fueron emitidos el 6 de octubre de 1975, un día después de un ataque de Montoneros a un regimiento en Formosa. Los decretos extienden a todo el país y bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas, la política represiva de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.
Los decretos mostraban la debilidad creciente del poder político frente al avance de los militares y los sectores civiles que los alentaban. También expresaban la postura de quienes creían que una represión ordenada y legal en manos de las Fuerzas Armadas, terminaría tanto con la violencia guerrillera como con la represión paramilitar de bandas de ultraderecha. Sin embargo, sirvieron de “paraguas” para que se consolidaran los grupos cívico-militares que ya estaban planeando el golpe de Estado y para que las Fuerzas Armadas tomaran el mando militar del territorio y pusieran en marcha una operatoria que se extendió a las distintas zonas operativas en que dividieron el país y que con plena claridad ha quedado demostrada en el juicio por los crímenes de La Perla.
El carácter secreto de los decretos y la autoridad discrecional brindada a las Fuerzas Armadas para llevar adelante el exterminio deja a las personas a la merced de su intervención sin ningún tipo de límites ni garantías y hace impensable la posibilidad de una intervención judicial efectiva que pudiera poner límites a esas actuaciones. El efecto de los decretos fue el constatado en los juicios y no se trata de un efecto impensado o imprevisible, sino que es consecuencia lógica del poder discrecional de actuación otorgado a través de los mismos.
En La Perla, los prisioneros eran llamados “los negros”. Allí se torturaba, se violaba sexualmente y se mataba. “Qué linda que estás, Negrita, lástima que vamos a meterte la 220 en la vagina”, le dijo con voz suave el capitán Bergez a una de las detenidas. Un verdadero infierno cuyas últimas expresiones de horror fueron las amenazas proferidas por los condenados al darse a conocer la sentencia y que no deben tomarse a la ligera cuando advertimos como se generaliza el beneficio de las prisiones domiciliarias como mecanismo de amnistía encubierta y es notoria la expectativa favorable que el actual gobierno despierta en los represores y sus familiares.
Las sentencias de la megacausa La Perla confirman que el plan de exterminio comenzó a ejecutarse sistemáticamente un año antes del golpe y los decretos del gobierno democrático fueron piezas necesarias de su puesta en marcha. Asumirlo sin medias tintas no irá en desmedro de la democracia ni de nuestra identidad política, pues es parte del compromiso que pretendemos expresar cuando decimos vida, verdad y justicia.
Foto: Gentileza Espacio Memoria La Perla
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