El lunes a las ocho de la noche cayó un video en el grupo de WhastApp de trabajadoras sexuales del barrio de Constitución. Tres compañeras trans estaban siendo hostigadas por la Policía de la Ciudad en Salta y Pavón.
“Díganle al policía que se identifique y les diga bajo qué normativa está hostigándolas”, escribió Georgina Orellano y le entró una llamada: una de las compañeras le pedía por favor que fuera hasta el lugar porque las habían demorado y les querían labrar actas contravencionales.
Cuando la secretaria general de AMMAR llegó a la esquina de Salta y Pavón, le preguntó al policía por qué las había demorado. “Él me dijo que no podían estar paradas en las esquinas, y le respondí que el artículo 86, en el cual decía basarse, no prohíbe que estén paradas, sino la ostensibilidad de la oferta y demanda de trabajos sexuales. Que me dijera dónde está la ostensibilidad”, cuenta a Cosecha Roja.
El artículo 86 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el argumento que suelen utilizar las fuerzas de seguridad para hostigar a las trabajadoras sexuales. Dice: “Quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos. En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales”.
La palabra “ostensible” es una de las más polémicas. Tal como está redactado el artículo, cada fuerza e incluso cada policía puede interpretar ese concepto como le parezca. ¿Qué define que alguien esté ostentando un servicio sexual?
Después de la llegada de la secretaria general de Ammar, el lugar empezó a llenarse de otras compañeras que acudieron al llamado de las trabajadoras. Orellano llamó al jefe de la comisaría 1° para contarle que estaban ahí y exigirle que, si iban a labrar actas contra las compañeras, necesitaban tener las copias de esas contravenciones.
Llegaron más policías. Pusieron a las tres contra la pared, les hicieron abrir las piernas, les revisaron las carteras y lo que empezó siendo un operativo por el artículo 86, pasó a ser una requisa policial.
No sólo requisaron a las tres trabajadoras, sino a quienes se acercaron a acompañarlas y apoyarlas.
“Si es artículo 86 ¿por qué las están requisando? Dame el acta contravencional, constatá la identidad de las tres compañeras y nos retiramos. Pero si las están poniendo contra la pared, inclusive a las que nos son parte del procedimiento, ya es abuso”, dijo Orellano.
Una policía mujer fue la que más se ensañó. Les dijo que ella sólo cumplía órdenes, que lo que estaban haciendo era un delito y que si no les gustaba, buscaran otra zona o se consigan otro trabajo.
A esta altura, la discusión ya estaba caldeada. “La mujer policía me empujó, así que yo la empujé para sacármela de encima. Ahí sentí manotazos de todos lados. Me pusieron contra la pared, me pusieron los ganchos y me llevaron detenida por resistencia a la autoridad”, detalla.
A Orellano la tuvieron un rato esposada arriba del patrullero. Llegaron más compañeras e impidieron que el patrullero saliera de la comisaría. También llegó la legisladora porteña Victoria Montenegro. Ella fue la que visibilizó la situación y contó que el policía le dijo que pensó que Orellano “era otra trans”. Como si eso lo habilitara a hostigarla.
Orellano quedó imputada por resistencia a la autoridad.
La Policía de la Ciudad golpeó y detuvo a @GeorOrellano tras intervenir en una situación de violencia institucional. Las razones que dieron en el momento: “pensamos que también era un travesti”. Ya me encuentro en la comisaría. pic.twitter.com/9a4juqZI9q
— Victoria Montenegro (@MontenegroViki) July 6, 2021
***
Con mayor o menor violencia, la situación que vivieron las trabajadoras sexuales se repite todo el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y casi siempre se resuelve de la misma manera: lo que empieza siendo un operativo por el artículo 86, termina siendo una causa por resistencia a la autoridad.
Es que en la Argentina el trabajo sexual no es considerado delito. Pero en la Ciudad de Buenos Aires y en 16 provincias los códigos de faltas y contravenciones se vuelven herramientas punitivas para que estas situaciones de criminalización sean cotidianas.
De acuerdo a un relevamiento que hizo AMMAR en 2016, dentro de los castigos más comunes en los códigos contravencionales están los que multan o arrestan a las trabajadoras sexuales. Las provincias que lo castigan de ese modo son: Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán y Misiones. Hasta hace un menos de un mes, en esta lista entraba también Chaco, pero en junio derogó el artículo que sancionaba la prostitución callejera.
Otras seis provincias sólo permiten aplicar el arresto como sanción al ejercicio del trabajo sexual: Catamarca, Chubut; Corrientes, Formosa y Santa Cruz. San Luis permite la aplicación de la pena de multa o de trabajo comunitario y San Juan habilita la prohibición de concurrencia, el arresto o la implementación de instrucciones especiales.
“Los códigos contravencionales están vigentes. Pero la Policía no puede reinterpretarlos y aplicarlos a su manera”, dice Orellano a Cosecha Roja, mientras espera que desde el Ministerio Público de la Defensa la deriven a un hospital público para que un médico la revise y constate las lesiones en los brazos y los rasguños en la espalda.
En el caso de CABA, “el mismo artículo 86 habla de la ostensibilidad del servicio sexual y dice que nunca puede estar referida a la vestimenta de la persona, a la identidad de género o a las señas que la persona pueda estar haciendo en la calle”. “Acá estaba claro: la policía estaba haciendo todo lo que decía el artículo que no se podía hacer: las compañeras que demoraron eran trans, migrantes y estaban circulando en el espacio público en Constitución”, destaca.
Sabiendo que las contravenciones existen y aunque pueden ser engañosas e incluso dejar un vacío legal y una contradicción entre la legislación federal y la jurisdiccional, AMMAR dice que hay que desnaturalizar esas prácticas. “Que cuando llega la Policía, la compañera no naturalice el maltrato y el hostigamiento y ya se ponga contra la pared. Hay que ponerle límites a la Policía”, dice Orellano.
Según un relevamiento que hizo el sindicato sobre las denuncias de abuso policial que reciben en la Ciudad de Buenos Aires, el 80 por ciento son de la comuna 1, a la que pertenece el barrio de Constitución. “No nos parece casual. Creemos que tiene que ver con la corrupción policial y con la racialización del barrio, donde hay colectivos migrantes, trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Las putas somos hostigadas 24 x 24”, dice.
***
El 8 de marzo la legisladora porteña Victoria Montenegro presentó un proyecto junto a AMMAR para derogar el artículo 86 del Código Contravencional de la Ciudad.
“Es necesario seguir despertando esta conciencia en cuanto a lo que significa el Código contra la violación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y estamos dispuestas a dar una fuerte pelea dentro de la Legislatura porteña”, dijo Montenegro el día de la presentación.
Las trabajadoras sexuales también están atentas al dictamen que se firmaría hoy en el Congreso Nacional sobre el proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios. Se trata de una iniciativa de varixs legisladorxs del Frente de Todxs, entre ellxs Paula Penacca, Hugo Yasky y Leonardo Grosso, que propone “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.
Hace unos meses, las trabajadoras sexuales empezaron a recibir el carnet que las identifica como trabajadoras de la economía popular. “Nos sirve para reforzar nuestra identidad como trabajadoras, eso ya es muy importante”, dijo Orellano en aquel momento.
¿Y en la calle, cuando las para la Policía? “En la calle si no hay una voluntad política de establecer ciertos parámetros es muy difícil que la Policía se corra de su lugar histórico. Pasan los gobiernos y la Policía siempre actúa igual. Necesitamos una decisión política clara”, dice.
