Cómo es vivir con una orden de restricción

Cosecha Roja.-

Fernanda y Karina sobreviven a sus ex y se convirtieron en especialistas en órdenes de restricción: saben cómo se renuevan, cuándo y dónde. También saben que no alcanza: de los 277 femicidios de 2014, 39 varones tenían denuncias previas. Hoy murió Adriana González después de agonizar 8 días en un hospital de San Luis. El ex tenía prohibido acercarse a ella pero la semana pasada la fue a buscar a la casa, le pegó hasta que la creyó muerta y se suicidó. Es lo mismo que le pasó a Belén Morán cuando el ex novio la esperó en una esquina de Pilar, la asesinó y huyó con el cuchillo ensangrentado. Sigue prófugo y lo buscan 250 policías. ¿Cómo es vivir con una orden de restricción?

“Esto es luchar contra un gigante de acero”, contó a Cosecha Roja Karina Gonella. Todos los días se despierta pensando que puede ser el último. Su relación con su ex novio, un gendarme, duró dos años y medio. Para ella fue “el infierno”. La insultó, la golpeó y hasta le gatilló una pistola en la sien. Una vez le apretó el cuello con las manos, vio cómo se quedaba sin aire y la amenazó: “Gritá yegua, antes de que llegue la policía te mato”.

Ese día dijo basta y se separó. Ahora es querellante en un juicio penal pero la Justicia no le dio protección ni le sacó las armas a su agresor. Su pelea es con las instituciones que no escuchan sus pedidos de auxilio. “Se van a preocupar si él me pega dos tiros y me convierto en una menos”, dijo.

Ella está desesperada: el hombre sigue en actividad y tiene armas en su casa. El 22 de julio se le venció la cautelar y no le van a dar otra. “Claro, si no me tocó un pelo. No es tonto. ¿Qué están esperando? ¿Que me mate?”, dijo. Aunque el Ministerio de Seguridad le sacó el arma reglamentaria, según Karina él tiene muchas otras, “hasta una escopeta con mira telescópica”.

Fernanda Chacón tiene 39 años, vive en Pompeya con tres de sus hijos y trabaja con víctimas de violencia de género en el grupo Cambia una lágrima por una sonrisa. La ex pareja de apellido Castro tiene una condena de tres años en prisión por violencia, lesiones leves -las piñas y patadas que le fisuraron las costillas a Fernanda-, y por violar las medidas que le prohibían acercarse a la familia.

“Las órdenes de restricción no sirven para nada, mi ex nunca la cumplió, dijo Fernanda a Cosecha Roja. La primera medida judicial que consiguió fue el 7 de mayo de 2013, después de que él la empujara y la hiciera golpearse contra la bañadera. Desde entonces se ocupa de renovarlas porque él no para de amenazarla, aún desde la cárcel. “Si salís a la calle tengo alguien esperando para apuñalarte”, le dice. Él siempre fue consciente de que tenía una orden de restricción: él mismo firmó la sentencia en la que figura que estaba al tanto. “Eso no lo para, es un papel”, dijo Fernanda, que también tiene botón antipánico. “Una de las veces que lo usé, la Policía Metropolitana tardó 30 minutos en llegar: si me acuchilla, no llego a activarlo”.

Nelly Borquez es militante feminista y trabaja en el territorio con las mujeres que sufren todos los días por culpa de la violencia machista. Sabe cómo es vivir con una orden de detención. Para ella “los femicidios por medidas no cumplidas son una constante”. “No queremos que el mensaje sea que hagan lo que hagan las van a matar igual. La mujer recorre una ruta crítica al denunciar y el problema son los fiscales y los jueces que no nos defienden”, dijo a Cosecha Roja. Con que a una mujer la golpeen o la lastimen, es suficiente: “Desde ese momento, hay que protegerla para que no la maten”, agregó.

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Diego Tenis y Adriana vivían en Santa Rosa de Conlara, en San Luis, y tenían un hijo de 9 años en común. Ella se había separado y lo había denunciado por violencia de género. El miércoles pasado al mediodía su hijo no estaba en la casa y él aprovechó para entrar. La orden judicial que le prohibía acercarse no lo detuvo. La encerró a Adriana y le pegó. Cuando creyó que ella estaba muerta se colgó con una soga de la viga del dormitorio.

Los vecinos escucharon los gritos de Adriana y llamaron al 911. La policía llegó y lo encontró a él muerto y a ella agonizando en medio de un charco de sangre. Tenía un edema en el cerebro, otro en el pulmón, politraumatismos graves y un trauma en el cráneo. Ayer cerca de las 9 de la noche murió.

La ruta crítica de Belén

El cuerpo de Belén Morán quedó tirado en una zanja, al lado de la cartera en la que guardaba la orden de restricción contra su ex, que había conseguido 8 días atrás. La autopsia determinó que tenía doce heridas de cuchillo en la cabeza y las manos -signo de defensa-. Una de ellas le causó la muerte: la que cortó la yugular.

El lunes 20 la mamá de Belén fue a la casa de su hija a buscarla. Hacía varios días que no sabía nada de ella. Tocó timbre y golpeó la puerta pero nadie respondió. Desde afuera llegó a escuchar los gritos de su hija. Se fue a la Comisaría de la Mujer de Pilar y lo denunció. La policía fue a la casa y llevó a Belén a un refugio (“casa de Abrigo”), un espacio de asistencia para mujeres víctimas de la Municipalidad de Pilar. Al día siguiente, el Juzgado de Familia 1 de Pilar ordenó la restricción de acercamiento de Moreno. La policía fue a la casa del hombre y le notificó la decisión judicial. El 22 de julio Belén se mudó del refugio a lo de su mamá. Las amenazas siguieron.

“Prepará tres cajones”, le dijo un día antes de matarla Alberto Moreno a su suegra, la mamá de Belén. Le anunciaba que mataría a su hija, a su hijo discapacitado y a ella. El miércoles Belén salió de su casa cerca de las 9 para ir al Juzgado de Familia 1 de Pilar. En la esquina de Río Orinoco y Rodolfo de la Colina él la estaba esperando.

Cuando vio que los vecinos estaban alerta y habían llamado a la policía, el hombre corrió. Ayer el juez Walter Saettone firmó la orden de captura. La medida implica que se notifique a todas las fuerzas, federales y provinciales. Lo buscan 250 policías de la Jefatura Departamental de Pilar.

La Auditoría General de Asuntos Internos de la policía comenzó una investigación para determinar las responsabilidades de los agentes que intervinieron en las denuncias previas al asesinato. “Cada uno de los efectivos nombrados por la familia y aquellos que hayan participado en alguna instancia de este hecho, serán investigados”, dijo a Télam una fuente policial.

Foto: Fabián Aguilar

[Nota publicada el 30/7/2015]