Por Matías Máximo
Foto: Lara Otero
La causa empezó con una escena donde se ve a una mujer trans en la puerta de un hotel de Constitución, dándole un bagullo de cocaína a un hombre. Esto llegó al Ministerio Público Fiscal y la historia podría haber seguido como lo que pasa muchas veces: un caso de narcomenudeo donde se culpabiliza a quien vende la droga rebajada, las medidas de prueba encajan y todo sigue su cauce. Pero este ABC penal que se repite seguido con la población trans tuvo una novedad la semana pasada. Un dictamen de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de Franco Picardi, concluyó en que el carácter de “sobrevivientes” de estas cinco mujeres trans era un tema que no se podía pasar por alto. Que no se las debía culpar, sino profundizar en la organización criminal que funciona detrás de ellas y se aprovecha de su condición vulnerable.
El juez federal Sebastián Casanello hizo lugar al pedido del fiscal y dictó la absolución de las cinco mujeres trans y ordenó la inmediata libertad de la única de ellas que estaba detenida. “La tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hayan satisfechos”, explicó el juez en su resolución.
La denuncia entró al MPF por mail en octubre de 2017. El personal visualizador de cámaras de la Comisaría 16 de la policía de la Ciudad observó el momento en que una mujer trans le daba una bolsita a un cliente. “Antes de decidir si se les iniciaba una investigación por tenencia de drogas, se les pidió que mandaran lo que supuestamente habían visto en el registro de las cámaras. Ahí claramente se ve que se trataba de personas transgénero (todas mayores de edad, cuatro de nacionalidad peruana y una argentina) y vulnerables socioeconómicamente. También vemos que un patrullero de la Policía de la Ciudad -cosa que ellos no indican en la presentación que hacen-, las para, charla, hace un movimiento donde se deduce que las identifica y sigue”, dijo a Cosecha Roja el fiscal Picardi.
Con la filmación completa del pasamanos, se impulsó una acción penal por posible comercialización de estupefacientes en la calle. “A partir de la experiencia en el trabajo en la materia la prueba dio a pensar que también podíamos estar frente a una organización criminal mayor, que se valía de mujeres trans en extrema situación de vulnerabilidad como último eslabón para vender estupefacientes. Fue así que desde un inicio quedó planteado que teníamos que investigar pero dando un enfoque con perspectiva de género”, dijo el fiscal.
En la causa intervino la División Articulación Operativa de Investigaciones Complejas de la Policía Federal Argentina. Se estableció que las mujeres trans además de ejercer la prostitución en las inmediaciones del hotel hacían transacciones al menudeo en la calle. También que entraban al hotel por una puerta enrejada, que se abría por un portero automático tras la seña de una de las mujeres, y que luego subían las escaleras hasta una pequeña recepción con una ventanilla vidriada, donde se pagaba un alquiler que habilitaba el ingreso. El cliente esperaba mientras buscaban el bagullo en otro sector y pasaban a una habitación, donde finalmente se concretaba la compra.
El encargado controlaba el tiempo y avisaba si alguien se demoraba. No podían pasar más de 15 minutos entre que entraban y salían. En otro hotel, a una cuadra, el maneje era similar pero no se incluía la entrada al hotel. Ambos hoteles tenían un departamento como aguantadero para hacer los cortes y embalar, donde las mujeres trans iban a buscar la droga que en algunos casos estaba tan rebajada con basura blanca que dio negativo en los laboratorios. La policía reventó el departamento y los hoteles en diciembre de 2018, tras un año del inicio de la denuncia.
¿Criminales? Sobrevivientes
En el requerimiento de elevación a juicio la fiscalía no pone en duda que se haya cometido un delito, pero plantea que debe evaluarse la existencia -o inexistencia- de mérito de cara al juicio. Y esto es lo más novedoso del dictamen: presenta un análisis pormenorizado -con fuentes como Judith Butler, Lohana Berkins y la ONU-, donde concluye que el contexto social no les dio a estas mujeres trans ninguna garantía de derechos elementales, por lo que de alguna manera las empujó a la venta de drogas como única posibilidad para vivir.
“El dictamen también introduce el concepto de sobreviviente, porque con el análisis que se presentó claramente se desprende que el promedio de vida de una mujer trans, migrante, pobre, con todas las carencias que tiene y consumo problemático; es de 35 años. Estas mujeres superaron ese promedio, por lo que son sobrevivientes”, explicó Picardi.
Entre las consideraciones para llegar a esa premisa se dice que el contexto y el género autopercibido incide directamente sobre la imputación que pesa sobre ellas. La perspectiva de género de la fiscalía permitió advertir que la investigación no empezaba y terminaba en las presuntas acciones de comercialización al menudeo, sino que esas imágenes eran solo la parte visible de una maniobra global y de mayor complejidad.
El planteo que se hace es que el encargado del hotel facilitó el lugar para el desarrollo de las actividades ilícitas comprobadas; y éste, a su vez, resultó ser dueño de los dos hoteles investigados: “No fue posible ascender más allá de los eslabones más bajos de esa cadena de comercialización de las drogas; o sea, poco sabemos, de momento, de la otra parte de la fotografía, la que no se vio, y que se relaciona con las personas que, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad extrema por la que atravesaban las mujeres se aprovecharon de ellas para concretar el comercio al menudeo”.
La fiscalía pidió al juez que haga un cambio de paradigma de la manera en que se encaró la causa: “No puede pasarse por alto que la historia de rechazo y expulsión de estas mujeres -que a su vez fortalecen el sistema de dominación existente y las identidades hegemónicas- incide de manera notoria en su imputación y, bajo tales parámetros, considero que dicha circunstancia me permite comprender el principal motivo que las llevó irreversiblemente al lugar en el que se encuentran en la actualidad”.
Migrantes y trans: ideales para armar causas
Tres de estas mujeres trans tienen antecedentes vinculados con infracción a la ley de estupefacientes e incluso estuvieron detenidas por este motivo, lo que para el fiscal “permite vislumbrar palmariamente el nexo entre ser mujer trans y leyes que son utilizadas para criminalizar a esta población de forma recurrente”. En este punto el dictamen examina que corresponde al Estado un abordaje del fenómeno criminal apuntando a su complejidad y los eslabones más altos de la cadena, de modo de atacar el problema estructural. Y al mismo tiempo, reclama que se ofrezcan alternativas no punitivas al colectivo trans para el desarrollo libre de su identidad y el pleno ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales que puedan modificar su vulnerabilidad frente a estas redes criminales que se valen de su situación para obtener un rédito.
El dictamen plantea que la comunidad trans travesti migrante se encuentra en un estado de vulnerabilidad social alarmante y que las imputadas, si bien algunas accedieron a documentos de Argentina -incluso con las modificaciones registrales vinculadas a su género autopercibido-, no resulta suficiente para que puedan ser sujetos de derechos en plenitud, máxime si se tiene en cuenta que durante todo el proceso de aprehensión e identificación en sede policial, la mayoría no obtuvo tratamiento de acuerdo a su género autopercibido (de entrada, en el mail que inició la denuncia, se hablaba de “un travestido”).
La investigación “Mujeres travestis y trans en conflicto con la Ley Penal” de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal estudia esta violencia específica a migrantes trans. “Las mujeres trans privadas de la libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal están imputadas fundamentalmente por delitos relacionados con la ley de estupefacientes, en especial por tenencia con fines de comercialización, transporte y contrabando, y también por infracciones a la ley de trata de personas con fines de explotación sexual”. Nuevamente, del análisis de expedientes judiciales se observa que en la mayor parte de los casos este colectivo constituye el último eslabón en la cadena de organización criminal.
En el informe del MPF publicado en 2018 se devela que sólo el 22 por ciento de las mujeres trans privadas de la libertad tiene condena firme, mientras que el resto se encuentra detenida en forma preventiva. Que el 60 por ciento son extranjeras -en su mayoría latinoamericanas, con intersección de afrodescendientes y descendientes de indígenas- y el 85 por ciento ejerció o ejerce la prostitución como vía para la subsistencia.
Según la Sala IV de la Cámara de Garantías de La Plata “el 91% de las mujeres trans y travestis bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se encuentran privadas de la libertad por infracción a la ley 23.737. En el caso de las mujeres trans y travestis migrantes privadas de libertad en el SPB, el 100% está presa por estupefacientes.
No existe otro grupo poblacional que esté preso en su totalidad bajo la misma calificación. Esto da cuenta del uso excluyente de la ley 23.737 como método de criminalización.
Evitar la doble condena
Luego de analizar los hechos y las pruebas de la causa, así como también la situación particular de cada una de las mujeres involucradas, el fiscal entendió que en el caso “se presenta una causal de inculpabilidad insoslayable que me impide requerir su elevación a juicio y, por lo tanto, me lleva a solicitar su sobreseimiento”.
El dictamen concluye que en las tareas de investigación se logró establecer que había numerosísimos antecedentes de infracciones a la ley de estupefacientes en los domicilios investigados, lo que indica claramente que el comercio de sustancias trasciende a sus vendedores callejeros ocasionales y forma parte de una matriz más profunda y arraigada Por esta razón se pide que decreten parcialmente la clausura de la instrucción y remitan las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal que corresponda “a los efectos de que se lleve a cabo el juicio oral con el objeto de dirimir la responsabilidad que le pudiera corresponder al procesado P.F (el encargado y dueño de los hoteles) por los hechos que le fueran reprochados. Que se disponga el sobreseimiento de las cinco trans y se ordene profundizar la investigación a la fuerza federal de seguridad que estime que corresponda”.
Por último, Picardi pide que se le otorgue intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas de la Procuración General de la Nación (DOVIC), para que asista a las mujeres trans; así como también se solicite a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que extienda un acompañamiento para que se las incluya dentro de los programas integrales que ofrece dicha área tales como inserción integral laboral, salud y formación.
