Julia Muriel Dominzain – Cosecha Roja.-
Cuatrocientos policías y funcionarios de Lomas de Zamora con topadoras desalojaron la semana pasada 2 mil puestos de La Ribera -la zona más informal de La Salada-. En los últimos cinco meses hubo tres crímenes por disputas territoriales en la feria más grande de Latinoamérica. El 26 de enero, el diario La Nación se horrorizó con la posible instalación de una sucursal de la feria sobre la Avenida Santa Fe y tituló “La Salada, un mal que se multiplica”. La feria sólo aparece en los medios cuando hay muertos, desalojos o informes de Estados Unidos hablando mal de la Argentina. “Está en el ojo de la tormenta: se la mira desde la moral, como si lo único que hubiera fueran crímenes y mafia”, dijo a Cosecha Roja la politóloga Verónica Gago.
En los puestos de Lomas de Zamora todo pasa a la noche: la compra y venta, las peleas territoriales, los asesinatos y las ocupaciones de puestos. Y sucede a la vista de todos. El 23 de febrero dos puesteros se enfrentaron a los tiros cerca de Puente La Noria: “Pinky” Rodríguez murió por un disparo en la ingle y Néstor Flores quedó detenido. Una semana antes, Luchín terminó tapado por la manta de los peritos policiales en plena entrada de Punta Mogotes.
Para Gago, lo violento de la disputa territorial tiene que ver con que el negocio inmobiliario es muy pujante, existen grandes redes de comercialización informal y manejan una bolsa de empleos permanente. Además, explicó, la violencia en la dinámica urbana se incrementó en general. “Lo que pasa en La Salada es que está concentrado en un espacio en el que se produce mucho dinero”, dijo.
La feria es imparable: hace 15 años que no deja de crecer. Y siempre funciona igual. Se abre un hueco, nace un espacio de negocio, alguien lo conquista y después tiene que defenderlo. Hace menos de una semana, cuando derribaron los 2 mil puestos sobre La Ribera, apareció otro escenario de disputa. “Ahora hay que ver cómo se reubican y quiénes hacen negocio con eso”, dijo Gago. Disminuye la oferta y aumenta el precio de los puestos, como pasa en cualquier mercado.
La Salada está formada por las tres ferias clásicas (Ocean, Punta Mogotes y Urkupiña, que surgieron en la década del ´90) y otra más pequeña y más nueva (Tunari). El ritmo de compra y venta y el movimiento de personas no para nunca, ni siquiera cuando hay un crimen. En 2001 fue la herramienta con la que algunos sectores populares pudieron atravesar la crisis. Pero después no desapareció. “No fue solamente economía de emergencia: es un motor fundamental del crecimiento económico como dinamizador del consumo popular”, explicó Gago, que acaba de publicar “La razón neoliberal” (Editorial Tinta Limón) sobre la feria, los talleres textiles y la villa 1-11-14.
Las notas periodísticas que critican a la feria apuntan contra los que viven de y en la economía popular. “Se señala a la economía informal como la culpable y se criminaliza una dinámica que hace posible el crecimiento del consumo”, dijo. Y no se mide con la misma vara a la economía que se presenta como “legal”. “En casi todas las cadenas de valor hay partes que son legales, otras ilegales, algunas clandestinas”, contó Gago. Y dijo: “Existe una gran disputa política y financiera por el consumo popular: los pedidos de restricción de ese consumo implican ajuste. La economía informal va a ser un escenario de discusión en este año electoral”.
En marzo de 2014 la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) entró a la feria con 300 policías y 300 inspectores. Desde entonces se empezó el proceso de regularización. “Hay una negociación permanente: está el puesto de Arba pero también está el tipo que vende las facturas truchas. Existe una tensión permanente entre la organización de la feria y distintas instancias gubernamentales. Por eso y por la masividad, es difícil hablar de ilegalidad total”, dijo.
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