Sabina Frederic ya se había graduado como doctora en Antropología Social en la Universidad de Utrecht, Holanda, cuando se enteró de la muerte de Ezequiel Demonty, un pibe al que la Policía Federal torturó y lo obligó a cruzar el Riachuelo. A partir de ese momento las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se convirtieron en su objeto de estudio. Dieciocho años después y con una larga trayectoria en la función pública y en la investigación académica, es una de las seis referentes de la comisión de 35 personas que elaboró el documento con aportes para un plan de seguridad que recibió Alberto Fernández. En una entrevista con Cosecha Roja, Frederic analiza la gestión de Patricia Bullrich y plantea cuáles deben ser los ejes de gestión después del 10 de diciembre.
¿Qué balance hacés de la gestión en seguridad de este gobierno y cuáles creés que fueron los hitos que marcaron esa gestión?
La gestión de la seguridad a nivel nacional fue un punto de apoyo central de la política de Cambiemos. En términos político-ideológicos reforzar el papel del Estado en materia de seguridad es coherente con una política más neoliberal en lo económico y en lo social. Los hitos son algunos los que marcó Patricia Bullrich con sus protocolos (ley de emergencia de seguridad, derribo de aviones, protocolo de manifestaciones) y hay otros que tuvieron que ver con sus defensas narrativas, discursivas: lo que ocurrió con Santiago Maldonado, la defensa que hizo de Gendarmería, diferenciándose del gobierno anterior, y sin estar dispuesta a aplicar sumarios administrativos o sanciones a quienes fueron parte de ese operativo; el operativo que reprimió las manifestaciones contra la ley previsional, que demostró una cierta impotencia del Estado nacional, porque fueron un desastre los tres operativos que se hicieron. Luego hubo una serie de actos también muy rimbombantes y espectaculares que tuvieron como foco la frontera norte, en los que tampoco les fue bien, vinculados al narcotráfico y agentes terrorista que nunca vimos.
Hay un plano narrativo y discursivo mediático muy espectacular abonado con allanamientos, operativos de decomiso. Y después tenés otro plano donde se ve que la gestión, en el terreno de la fuerza, ha tenido altibajos.
La lucha contra al narcotráfico estuvo planteada como uno de los ejes de la política del gobierno, ¿cuál fue el resultado?
Es una tendencia que agudizó lo que venía ocurriendo. No es sólo la gestión de seguridad sino el modo en que actúan la justicia federal y provincial. Hay una fuerte presión sobre los microtraficantes y consumidores. Las estadísticas muestran que aumentaron de una manera escandalosa las causas contra consumidores, hay muchos procesos que inicia la policía que se caen cuando llegan a la justicia, casi un 80 por ciento, porque no tienen fundamento. Es decir que hay criterios diferentes entre lo que hacen la justicia y la policía, que está más fogoneada por la conducción de seguridad para ir contra el consumidor o el microtraficante. Un efecto práctico del discurso de este gobierno es un incremento brutal de la población carcelaria.
En el Servicio Penitenciario Federal la tasa (de encarcelamiento) venía creciendo a un ritmo del 3 por ciento anual desde el 95, 96. A partir del 2016 creció a un 11 por ciento. Es un aumento geométrico que está provocando una superpoblación carcelaria insostenible.
Además de la vulneración de derechos humanos, ¿qué impacto tiene en la seguridad?
No lo sabemos. No hay datos. Al retirar microtraficantes y algunos consumidores, que no es exclusivo de este gobierno, ese lugar lo ocupa otra persona, mucho más en situaciones de crisis económica y social. Hay otro dato también importante y es que el consumo se triplicó, según el Sedronar.
Y la otra cosa que no está tan clara es de qué manera el microtráfico, y mucho menos el consumo, producen inseguridad. Esa conexión entre seguridad y microtráfico es una conexión supuesta. Muchas veces la interferencia del Estado, que desarticula las bandas, produce más violencia. Hay ejemplos, en México, Brasil, en Santa Fe. La asociación no es patrimonio de este gobierno, viene de más larga data. La asociación entre inseguridad y tráfico de drogas ilegalizadas hay que demostrarla.
Te puede interesar:
Fusiló por la espalda a un pibe que robó un monedero
El discurso mediático de este gobierno estuvo marcado por una defensa de los policías, ¿fue una defensa real o estuvo sobreactuada?
Las fuerzas de seguridad en general no son tan proclives a aceptar las declaraciones públicas de Patricia Bullrich. No es un problema ideológico ni político, básicamente los que ponen el cuerpo son ellos. La Justicia, como se ve en el caso Chocobar, va por otro lado. Ella le habla a la tribuna, pero adentro la cosa no es igual. Hay mucho más de sobreactuación que de protección real.
Primero, hoy hay conflictos en todas las policías. Muchos de esos conflictos se producen por sobrecargas en el servicio y por la imposibilidad de decir que no. Eso se ve mucho en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, también en Gendarmería. Los salarios no alcanzan, entonces la gente tiene que hacer adicionales para sostenerse. El problema de la pérdida de poder adquisitivo también la tienen los trabajadores de las fuerzas de seguridad. Efectivamente esos anuncios, uno de ellos sobre una unidad o dependencia encargada de los derechos humanos de los policías, son para sobreactuar, porque no tiene efectos concretos sobre las fuerzas de seguridad.
Ella sabe cómo tratarlos en el plano simbólico. En el plano material sigue habiendo infinidades de injusticias dentro de las fuerzas de seguridad y mucha gente termina consiguiendo que les reconozcan ciertos derechos o reclamos porque acude a la justicia, no porque la institución tenga los mecanismos para reconocerlos.
¿Esta sobreactuación buscar construir una legitimidad en la propia fuerza o apunta a un interés electoralista?
Las dos cosas. Para muchos (policías) esa manera que tiene de vincularse el gobierno actual es infinitamente mejor que la que tenía el gobierno anterior. Ellos entienden que este gobierno los trata mejor, reconoce más su trabajo. Porque además Bullrich y el presidente hacen una defensa pública de la actuación de las fuerzas de seguridad. Ella sabe cómo tratarlos en el plano simbólico. En el plano material sigue habiendo infinidades de injusticias.
La otra cosa que ha ocurrido en esta gestión es que no ha habido una supervisión minuciosa ni de la formación ni de la capacitación ni de las operaciones concretas que hacen las fuerzas. Ha habido una confianza en el modo en que hacen las cosas y eso en muchos casos generó actuaciones de vulneración de ciertas condiciones de trabajo. Tampoco voy a decir con esto que en la gestión del gobierno anterior fue la mejor. Pero sí había una vía que se usaba en la gestión del Ministerio de Seguridad de 2010 en adelante, un 0800 pensado para que la comunidad denuncie a las fuerzas de seguridad y que terminó siendo usado por los efectivos de las fuerzas de seguridad para denunciar problemas internos. Ese mecanismo sirvió mucho para detectar desde jefes que eran abusadores, jefes maltratadores, y eso hoy no está.
Te puede interesar:
Detenida por defender a un niño de la policía
¿Puede el nuevo gobierno generar nuevos mecanismos para discutir las condiciones laborales de los policías? ¿O pensar la posibilidad de la sindicalización?
En los equipos técnicos de los que participé esto se discutió. Además está en la plataforma electoral del presidente y vicepresidenta electos del Frente de Todos, de creación de un Programa de Bienestar. Es un punto que ya está establecido y que tratamos de darle cierto contenido, lineamientos, orientaciones. La cuestión de la sindicalización tiene sus detractores: hay gente que tiene mucho miedo o desconfianza sobre lo que puede pasar con las policías. Nosotros lo que hicimos fue discutir opciones, alternativas que tuvieran como punto de llegada en el largo plazo la posibilidad de la sindicalización. Las fuerzas de seguridad de los países occidentales, con excepción de América Latina (menos Uruguay y la Policía Federal de Brasil), están sindicalizadas.
La discusión que se dio fue la de dar alternativas. Una de mínima sería crear un Defensor del policía, que ya existe en la ley integral de Ciudad de Buenos Aires, aunque no se implementó. Pero para eso hay que desarrollar una ley. Una segunda opción sería crear un Consejo de Bienestar y el Salario, como existe en Chubut y Santa Cruz. En Chubut funciona bastante bien y es una especie de estructura de representación que no es un sindicato, sino que está dentro de la estructura institucional del Ministerio de Seguridad y los policías tienen la posibilidad de plantear sus reclamos sobre las condiciones de trabajo, salarios y reunirse con el ministro para hablar sólo de eso, no de cuestiones operativas.
La otra opción es crear un programa, como dice la plataforma, que desde la gestión exista una supervisión microscópica. Hay muchas normas que garantizan dentro de las fuerzas de seguridad pero el problema es que no hay nada que las haga efectivas. Lo que hace falta en muchos casos es eso, que tengas dentro de la gestión del área de Seguridad personal que pueda supervisar lo que se está haciendo.
El problema es que hoy nadie puede quejarse de problemas laborales porque automáticamente es relevado. Nuestra tesis es que eso afecta el servicio. No es sólo un problema que tiene el personal sino que esa afectación tiene un impacto en lo que él hace, en las nociones de justicia que tiene, sobre la idea de trabajo. Tiene un impacto en el orden simbólico muy fuerte.
¿Qué debería hacerse con los protocolos y resoluciones que dictó la actual gestión?
Creemos, y hablo por los equipos técnicos, que esos aportes no tienen ninguna relación vinculante con quien se ocupe del área. Hay que revisarlos, y todos aquellos que sean inconstitucionales, ilegales o que tiendan a ejercer una especie de justicia antes que la justicia dictamine, hay que derogarlos. Lo que ocurrió con esos protocolos es que la seguridad se puso en el lugar de la justicia y hay una suerte de descreimiento y menosprecio de la justicia: de la defensa de Chocobar, pasando por el protocolo para manifestaciones públicas, la habilitación del derribo de aviones, una especie de pena de muerte encubierta.
¿Es necesario reforzar el control civil de las fuerzas de seguridad?
Hay que matizar. Durante el gobierno anterior, por la historia o por la posición de quienes muchas veces ocuparon ciertos lugares en la gestión de seguridad (no sólo a nivel nacional sino también por ejemplo en la provincia de Buenos Aires) había una desconfianza por un lado lógica pero por otro lado desmedida desde la política hacia la fuerza.
Es importante el control pero también hay que tratar bien a la gente. Todo lo que es política de bienestar en serio, no declamativa, es una forma de supervisión, no sólo de control y conducción. Si les das órdenes a la gente tenés que ir a ver en qué condiciones está esa gente para cumplir esas órdenes, el contexto en el que está teniendo que operar. Si no le estás hablando al público amigo y tenés resistencias tácitas del personal. No es lo mismo conducir, controlar y supervisar fuerzas como Gendarmería, que es mucho más fácil, o la Federal, que es bastante profesional, que la policía de la provincia de Buenos Aires, que fue atravesando reformas, cambios de orientación y terminó siendo una fuerza casi tribalizada. Esa es realmente una fuerza compleja para conducir.
La noción de control y conducción así sola no alcanza. Hay que hacer un trabajo de supervisión y responsabilidad política en las órdenes que se le dan.
Gendarmería fue la fuerza predilecta del kirchnerismo y del macrismo. ¿Qué rol debería tener en un futuro gobierno?
La Gendarmería se convirtió en la fuerza principal de apoyo del Estado nacional por diferentes motivos, por eso el kirchnerismo apostó a un crecimiento geométrico de la fuerza. Este gobierno heredó esa institución, no la creó. Es más, decidió frenar este crecimiento, lo cual me parece una decisión atinada. La flexibilidad que se le dio al rol de la Gendarmería estuvo asociado a las limitaciones que tenía la Prefectura Naval pero sobre todo la Federal. En el kirchnerismo la Federal era una policía que venía del 2001, con todo lo que eso significaba, y también iba hacia un traspaso posible. No se podía contar demasiado con esa fuerza. Entonces Gendarmería se convirtió en la fuerza principal. Las intervenciones que tuvo en este gobierno, la única que difiere del gobierno anterior es la participación en la represión de diciembre de 2017, porque ese fue el bautismo de fuego, nunca antes habían reprimido una protesta en la Ciudad de Buenos Aires. En el resto del país sí. Pero la ciudad era responsabilidad de la Federal.
Te puede interesar:
Lesa humanidad: el balance es de puro retroceso
¿Y qué tareas debería tener después del 10 de diciembre?
En el ex Cinturón Sur, hoy son unidades de prevención barrial, en términos ideales sería mejor que no estuviera ahí. El problema es que no se pueden sacar. Ahí hay aproximadamente 1800 gendarmes. Más de los que hubo apenas se inició el Cinturón Sur. Y no hay ni un sólo policía de la Ciudad. Ese, que se supone que es el territorio más peligroso, no tiene policía de la Ciudad. ¿Por qué? Porque no está preparada. Y el rol de la Gendarmería es clave. La gente no quiere que se vaya porque la Gendarmería realmente redujo la violencia. En el largo plazo debería ser reemplazada por personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que tenga capacitación que debe tener para estar en ese territorio.
Uno de los principales desafíos de la nueva gestión es la transformación de la Federal en una Policía de Investigaciones, algo que supuestamente había prometido este gobierno.
El gobierno no alcanzó a desarrollar esa reconversión. Los policías de la Federal están convencidos de que ese es el camino que tienen que seguir, pero eso implica una inversión importante en capacitación, en reentrenamiento. La Federal tiene gente que trabaja en investigación, en lavado de dinero. Hay que fortalecer, profesionalizar y especializar. Y eso es un trabajo de una gran inversión en capacitación y reentrenamiento.
Y lo que hay que hacer esa articular las fuerzas federales entre sí, con las fuerzas policiales de las provincias y la justicia. Ese es un trabajo que hay que hacer urgentemente.
¿Y cuál sería el rol de esa Policía de Investigaciones?
El que sigue siendo hoy. La policía va a seguir siendo auxiliar de la justicia como hasta ahora. Hay que discutir si se va a desarrollar tanto la inteligencia criminal como la investigación criminal, que trabajen tanto en la prevención del crimen como en la dilucidación de los delitos. Eso es algo que hay que discutir y tiene que ver con lo que se haga con la AFI. Tiene que estar articulada con la justicia, que es la que se ocupa de la persecución penal.
El aumento de las detenciones generó situaciones de hacinamiento, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede hacer algo desde la Nación para revertir esta situación?
Lo primero que hay que hacer es frenar el crecimiento de la tasa (de encarcelamiento). Esa es una decisión que implica una concertación entre quien conduzca el área de seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Ahí hay que hacer un acuerdo. Construir más cárceles sería un error. Más cárceles hay, más espacio hay. La otra cosa que hay que hacer es establecer criterios comunes entre lo que hacen los policías y las jurisdicciones provinciales. Otra cosa que hay que revisar es la ley desfederalización de la ley de drogas. Y en todo caso evaluar si hay necesidad de construcción de nuevas cárceles, ser prudentes en torno al tipo de edificio que se va a construir.
