El flagelo de las drogas es una consigna de uso popular, cargada de significación, que se emplea para referirse a la relación de las personas (en rigor, ciertas personas) con las sustancias prohibidas. Si observamos la realidad y algunos datos estadísticos, estamos en condiciones de afirmar que el desempeño policial respecto de las personas (en rigor, ciertas personas, insisto) que usan drogas también es un flagelo que compite con las consecuencias negativas del consumo. Dicho en forma sencilla, no sabemos qué es peor, si el remedio o la enfermedad.
Vivo en una ciudad turística (Necochea) y siento vergüenza ajena cuando leo sobre los operativos veraniegos que se realizan en la terminal de ómnibus para revisar el equipaje de los turistas que vienen a pasar unos días en nuestras playas, secuestrando escasas cantidades de sustancias (mayoritariamente marihuana), en requisas de muy dudosa legalidad, por carecer de orden judicial y razones de urgencia que justifiquen esa intromisión. Me imagino el impacto que esa agresión injustificada representa en el ánimo de las personas que lo sufren, que difícilmente regresarán a nuestra ciudad, generando trámites que, indefectiblemente, terminarán en el archivo. De la misma manera, los procedimientos de fines de semana que registran los medios periodísticos, que dan cuenta de la intercepción de personas en distintos puntos de la ciudad, basados en la apariencia “sospechosa”, y que culminan con el secuestro de pizcas de drogas, usualmente marihuana.
No muy distinta parece ser la situación en la vecina Mar del Plata. Según trascendió hace pocos días[1] los procedimientos policiales por tenencia de drogas para consumo personal se incrementaron nada menos que un 4.800% entre enero y abril de 2019 (de 17 a 822 casos). De acuerdo a esos mismos relevamientos, unas 1.000 personas fueron detenidas en esos procedimientos. Completando este nefasto panorama, se da cuenta que de 1.527 procedimientos realizados por la policía bonaerense en abril, más de la mitad (los 822) correspondieron a tenencia para consumo personal.
El fiscal federal Federico Delgado realiza desde hace varios años un análisis del desempeño policial en la Ciudad Autónoma durante sus turnos. El último informe[2], previo a que la persecución del menudeo fuese transferida a la justicia local, corresponde a la segunda quincena de agosto de 2018.
Allí se da cuenta que el 92,5% de las causas lo fueron por infracción a la ley de drogas (465 casos). El 73% de las causas iniciadas por infracción a la ley 23.737 (341 casos) lo fueron por tenencia de drogas para consumo personal. Según se informa, el 100% de esas causas terminarán el archivo, siguiendo la doctrina del caso “Arriola”.
La tramitación de estas causas insumió $ 914.575 solamente en el papel utilizado y las pericias que se realizaron para establecer las características de las sustancias secuestradas. Por su parte, el 76% de esas causas se inició, de acuerdo a lo consignado por el personal policial interviniente, por la actitud sospechosa de los individuos o por maniobrar las sustancias en la vía pública.
Según el total de sustancias secuestradas, correspondieron 9 gramos de marihuana por persona y 1,2 gramos de cocaína, también por persona. En las 341 causas iniciadas por tenencia de estupefacientes para consumo personal se detuvieron a 599 personas, cuyo promedio de edad era de 25,7 años.
Frente al panorama descripto se impone la pregunta: ¿qué sentido tiene este despliegue?
La respuesta es obvia, aún para las personas menos afectas a discutir la despenalización de la tenencia para consumo personal, como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986, y lo ratificó en 2009. Recursos materiales y humanos escasos, lastimosamente distraídos en una fachada de hacer algo cuando, a sabiendas, no se está haciendo nada, como no sea violentar institucionalmente a personas que tienen escasas posibilidades de ser oídas y defenderse.
Este modo de actuar se encuentra impreso en el ADN policial de la Argentina, pero también de las fuerzas de seguridad de la mayoría de los países de la región, con escasas y honrosas excepciones. Este es el debate que las personas y organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas, debemos provocar al interior de las filas de los uniformados. Y, por supuesto, es necesaria una decidida actitud del Estado en esta dirección, lo que no ha parecido ocurrir en los últimos años. En este sentido, sugiero consultar lo que dijimos en este mismo sitio cuando el gobierno nacional lanzó, en 2016, el programa ampulosamente denominado “Argentina sin narcotráfico”[3].
Mientras tanto, Joaquín espera que el Estado argentino habilite a sus familiares para que puedan cultivar la milenaria y milagrosa planta que sana sus males.
[1] https://www.pagina12.com.ar/195198-inflacion-represiva
[2] http://www.pensamientopenal.com.ar/miscelaneas/47518-informe-estadistico-fiscalia-federal-ndeg6-sobre-ingreso-causas-turno-fuerzas
[3] https://www.cosecharoja.org/el-plan-narcotrafico-cero-como-fracasar-desde-el-principio/
