Imelda Córtez tiene 20 años y vive en El Salvador. Su padrastro la abusó desde los 12. Ella quedó embarazada, pero no lo sabía. Parió una beba en un baño y se desmayó. No recordaba qué había pasado. Cuando la llevaron al hospital, la acusaron de haber querido abortar. Estaba presa hace un año y siete meses. La acusaban de homicidio agravado en grado de tentativa y podían condenarla a 20 años de cárcel. Ayer, la Fiscalía cambió la acusación y pidió un año de cárcel por abandono de persona. La Justicia salvadoreña la absolvió.
Así contábamos el caso:
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Imelda Cortez sintió retorcijones y punzadas en la panza. Empezó a marearse y corrió al baño. Ahí vio la sangre, gritó y se desmayó. Así la encontraron la mamá y una vecina: sin conocimiento tirada en el baño. En el hospital la doctora notó que había placenta. Le preguntó dónde estaba el bebé que había parido. En ese momento Imelda se enteró que había pasado 38 semanas embarazada producto de una violación.
Imelda tiene 20 años y vive en El Salvador, uno de los cinco países en el mundo con prohibición absoluta a la interrupción de embarazo por cualquier causal. La doctora que la atendió la acusó de haber abortado. La policía fue hasta su casa: en el foso séptico encontró a la beba. Estaba en buen estado de salud. Imelda quedó internada con un cuadro de anemia. Después la detuvieron. Contó que fue violada por su padrastro desde los doce años. Está presa hace un año y siete meses en un penal de San Miguel.
“Ella quedó detenida por el delito de aborto, pero después se la imputó por homicidio agravado en grado de tentativa”, dijo a Cosecha Roja Alejandra Romero, su abogada. “Esta es una práctica común de criminalización: comenzar con una acusación por aborto y luego pasar a un delito con penas más graves”. El lunes 12 de noviembre el Tribunal de Sentencia de Usulután dará a conocer la sentencia, que puede llevar una pena de 20 años de cárcel.
Después de la detención, Imelda contó que fue abusada desde los 12 años por la pareja de su mamá, Pablo Henríquez, de 70 años. Él la amenazaba con lastimar a sus hermanos si contaba algo. También le dijo que no podía quedar embarazada porque él es estéril. La justicia no le creyó a ella. La defensa tuvo que presentar dos pedidos para que se haga un ADN a la beba. El resultado fue positivo y lo detuvieron. Pero la beba pasó más de un año conviviendo con el abusador de su madre.
Para entrar a El Paraíso, el caserío donde vivía Imelda con su familia, hay que caminar durante horas o conseguir una 4×4. Los transportes públicos no llegan. No hay alumbrado eléctrico ni casas de material. La suya es de láminas, plástico, dividida con paredes de cortina. Un baño con fosa y escasez de agua.
Imelda pudo estudiar hasta noveno grado. Abandonó la escuela cuando estaba por empezar el primer año de bachillerato porque quedaba lejos y su familia no tenía recursos para que viaje. Antes de que la detuvieran, iba a empezar a cursar a distancia. Nunca tuvo educación sexual ni reproductiva.
Durante todo el proceso de investigación, el juez de primera instancia impidió que se discuta el abuso intrafamiliar. Cada vez que la defensa quiso visibilizar el contexto de violencia y amenaza, el juez dijo: que se “aboquen al proceso”. “Pudimos demostrar la violación con una prueba de ADN a la bebé y un año después se detuvo a Henríquez. Pero siempre hubo una intención de que no se trate en el juicio a Imelda”, explicó Romero. Una pericia médica determinó que sufre un retraso madurativo por su contexto socioeconómico.
No importó su condición concreta de vida, no importó que fue víctima durante 6 años de violación. “En este caso se cristaliza una suma de violencias: patriarcal por parte de su padrastro, de la sociedad y el Estado que la criminalizó hasta en su condición de víctima. No hacen nada para garantizar su derecho”, dijo Marcelo Martino del Centro por la Justicia y Derecho Internacional.
Desde la organización internacional pidieron medidas de protección a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Denuncian que el Estado de El Salvador no garantiza sus derechos. “No existió ninguna contención ni apoyo que ella necesita frente a las consecuencias de las violencias que ha sufrido”, dijo Martino.
Su caso no es aislado: en El Salvador existen más de 17 mujeres encarceladas por el delito de aborto. A algunas de ellas, como a Imelda, se las acusan por delitos más graves con penas aún mayores.
Para la Fiscalía la única versión posible es la intención de Imelda de matar. “A una mujer le damos con toda la fuerza del Estado, pero a un agresor sexual le tenemos paciencia”, dijo Romero.
