Por Florencia Yanniello*, Valentina Stella** y Kaia Santisteban***
La ciudad de Bariloche viene siendo escenario de diversas y sostenidas estrategias de deslegitimación y criminalización de las comunidades mapuche en medio de una ascendente tensión en torno a los debates sobre la propiedad comunitaria, propiedad privada y tierras estatales. En una localidad en la que el turismo estructura su organización social, política y económica y en cuyo centro administrativo se erige una estatua de Julio Argentino Roca, todavía hoy resulta difícil desarticular los discursos racistas y desconocedores (o negadores) de la historia de la Patagonia. Los debates sobre la posesión, recuperación y el resguardo del territorio del Pueblo Mapuche entraron en un punto álgido de tensión, equiparándose con las tomas de tierras y contraponiéndose a la defensa de la propiedad privada.
En este contexto, el pasado 25 de agosto se realizó el denominado “1° Foro de Consenso Bariloche”, bajo el lema “Por una Patagonia sustentable y en paz”. Este evento contó con la apertura de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el cierre del intendente municipal, Gustavo Gennuso y la moderación del reportero local Antonio Zidar y de la periodista Mónica Gutiérrez (América TV, El Trece, TN). Fue presentado como “el primer encuentro público para abordar la temática de los conflictos por tierras en la zona de Bariloche y la Patagonia de una forma integral y diversa”. Con oradorxs como Miguel Pichetto reivindicando la figura de Roca; Federico Massoni —Ministro de Seguridad de Chubut— señalando a lxs mapuche como “delincuentes”; legisladorxs en campaña; abogadxs de importantes estudios jurídicos; “damnificadxs” y empresarixs del sector turístico, las mesas de este foro se concentraron en los “más de 50 conflictos por reclamos de tierras públicas, materializados a través de ocupaciones, tomas y usurpaciones violentas en predios del Estado Nacional bajo jurisdicción de Parques Nacionales y del Ejército Argentino”.
También participaron Diego Canestraci, ex intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi durante la gestión de Mauricio Macri; Luis Castelli, integrante de la Fundación Naturaleza para el Futuro; Emiliano Ezcurra, ex vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales durante el macrismo; Guillermo Paats, presidente de la Cámara de Turismo de Chubut; Carlos Maizón y Diego Frutos, presentados como “vecinos damnificados”; entre otrxs.
El Foro fue anunciado como una oportunidad para escuchar voces “diversas” sobre las causas y consecuencias jurídicas de la problemática, el estado actual de los conflictos por tierras públicas y privadas y su impacto ambiental y económico, con el objetivo de “promover la convivencia pacífica en la ciudad y en la región”. Sin embargo, poco tuvo que ver esa apacible invitación con los testimonios que se escucharon: “los mapuches son chilenos, no están contentos con la Argentina”, “son delincuentes y andan encapuchados”, “vienen de Chile, robaban ganado y también mujeres” o “estamos hablando de formas insurgentes y extremas en la región”.
Para darnos una idea de los principios y fundamentos ideológicos que atravesaron este evento, basta con entrar a su página web y observar el mapa en el que se presentan ocho conflictos territoriales bajo el título de “ocupaciones ilegales” de tierras en la zona, de las cuales seis son comunidades mapuche: Lof Hala We, Lof Tambo Baez, Lof Millalonco-Ranquehue, Lof Che Celestino Quijada, Lof Tripay Antu y Lof Che Carriqueo. El argumento principal que sostiene a estos “conflictos territoriales” como una problemática que supuestamente afecta a la sociedad en su totalidad, es que las comunidades están en territorios de “usos públicos y recreativos” en los que se realiza trekking, running, esquí, escalada y parapentes, entre otras actividades. En el mapa se explica que se trata de “tierras del Estado Nacional que desde 1937 están bajo custodia del Ejército”.
Parece necesario recordar qué pasaba con esas tierras antes de 1937. Hasta ese momento, según data de los relatos de las memorias de las comunidades y de diversas investigaciones histórico-antropológicas, las vidas en los territorios eran “prósperas” y “tranquilas”. Sin embargo, en pocos años, las prácticas cambiaron radicalmente, empezando por el robo de animales y continuando con la usurpación violenta de los territorios por parte del Ejército. El accionar destructivo y violento de dicha institución —sobre todo en el período 1979-1983—, impregnó la cotidianeidad de la vida de muchas de las personas mapuche. Por mencionar sólo un ejemplo, en el caso de la Comunidad Millalonco Ranquehue en 1967 el Ejército inició el primero de ocho juicios de desalojo en su contra.
En definitiva, el foro estuvo lejos de proponerse como un espacio de diálogo y consenso, ya que no evidenció las historias de las comunidades —a quienes no se convocó— y fue más bien un cónclave conservador, con una sucesión de exposiciones anti-mapuche con argumentos falaces y discriminatorios. La localización de este debate en la provincia de Río Negro responde, además, a un enfrentamiento ideológico más amplio entre el gobierno nacional y provincial, cuyas oposiciones partidarias se desplegaron también hacia al Pueblo Mapuche. Al respecto, ya en otras oportunidades la gobernadora Arabela Carreras y el ex senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto habían acusado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de tener “una participación no constructiva en el conflicto”, sosteniendo que ese organismo “da su aval a las usurpaciones”.
“Todos somos originarios de algún lado”
Con estas expresiones, Guillermo Paats, uno de los empresarios más importantes de la región y presidente de la Cámara de Turismo de Chubut, construyó a su turno un relato en el cual trazó un paralelismo entre la “ridícula situación” en la que él fuese a reclamar tierras a España —por tener ancestros allí— y las legítimas demandas del Pueblo Mapuche, invadido y avasallado a través de los genocidios conocidos bajo los eufemismos de la “Campaña del Desierto” y “Pacificación de la Araucanía”. No resulta casual que se retomen esos discursos en la actualidad, cuando se habla del diálogo y la paz, para volver a ubicar a los pueblos originarios en el lugar de lxs salvajes, violentxs y criminales. Hacia el final de su intervención, además, Paats se refirió a la muerte de Santiago Maldonado, señalando que se trató de “un chico que se ahogó porque no conocía la zona” y denunciando que “el que le soltó la mano a Maldonado, fue un mapuche”.
Como integrantes del Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) hemos —entre otras investigaciones y trabajos—, reflexionado sobre los procesos de reivindicación y lucha del Pueblo Mapuche y Tehuelche, basados —muchos de ellos— en la práctica política de la recuperación y/o el resguardo territorial. Desde el retorno de la democracia (1983) la acción de recuperar los territorios despojados fue promoviendo debates, revisión de los presupuestos hegemónicos y modificaciones en los criterios de legitimidad de los reclamos, desde las ideas de pueblo, autonomía y territorio. Como señalan las antropólogas Claudia Briones y Ana Ramos, este proceso tuvo su corolario en reformas constitucionales, tratados internacionales y leyes diferenciales que compartían entre sí un espíritu común: reparar la deuda histórica que el Estado tenía hacia los pueblos indígenas y ampliar las inclusiones de un Estado democrático en formación.
Como contracara, los procesos de recuperación y/o resguardo territorial generaron también discursos políticos de desautorización, basados en la producción de una dicotomía hegemónica, tan funcional a los intereses del poder como interpelante: los indios permitidos y los intolerables, arquetipos estudiados por el antropólogo Chales Hale o el indio “hiperreal” explicado por la antropóloga Alcida Ramos. Estas figuras, construidas en procesos de formaciones de alteridad, se fueron personificando en los atributos de lo folklórico, de lo rural-campesino y de las actitudes nombradas como tradicionales —comportamientos que suelen ser condensados en la expresión “indios respetuosos”, en palabras de Claudia Briones— en la figura del indio-proyecto, que vehiculiza sus demandas por la vía de los subsidios enmarcados en políticas de desarrollo o en el perfil del indio-representante, cuyas demandas se canalizan por las vías burocráticas institucionalmente establecidas. En contraposición a estas construcciones autorizadas, también se fueron definiendo de modos cambiantes las presencias indígenas intolerables.
Muchas de estas construcciones aparecieron en las intervenciones realizadas en el Foro. Por ejemplo, en la del abogado Ernesto Saavedra, conocido por su rol como ex querellante del Obispado de San Isidro por el caso de Villa Mascardi —en donde fue asesinado Rafael Nahuel—, cuando hizo una comparación entre comunidades mapuche, legitimando a unas y descalificando a otras por no cumplir los “criterios de autenticidad”. Frases como “gente que se dice mapuche y anda encapuchada” que representa “un cáncer que se extiende”, versus comunidades “ordenadas, respetuosas e integradas al Estado Argentino”, demuestran cómo estas nociones escalaron hacia un discurso de criminalización, puesto que pasaron de la sospecha de autenticidad por ser urbanxs, es decir, “indios truchos” a la disidencia radical: “terroristas”, “sediciosos”, etcétera.
Así, el territorio se convierte en el principal recurso en disputa, profundizando ciertas cadenas ideológicas y moldeando, de formas aceleradas, los lenguajes en torno al desarrollo y a la propiedad privada. Esto profundiza la ya existente brecha de desentendimiento entre las comunidades y los gobiernos y da cuenta de que las declaraciones de los sectores privados y las medidas promovidas por ciertos sectores del Estado parecieran desconocer los avances en materia de derecho indígena en las últimas décadas, que incluyen la promulgación en 2006 de la Ley Nacional 26.160, de relevamiento territorial de comunidades indígenas, cuyo objetivo fue dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades, en consonancia con el artículo 75 de la Constitución Nacional, en donde se reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. A nivel regional, la preexistencia del Pueblo Mapuche es reconocida en la Constitución de la provincia de Río Negro y en la Carta Orgánica de Bariloche, declarado además municipio intercultural.
En nombre de la paz y del cuidado del ambiente
Con un posicionamiento discursivo que apeló desde la convocatoria a “la paz y el consenso” como leitmotiv que hilvanó todo el foro, lxs oradorxs se expresaron paradójicamente de manera violenta, discriminatoria y despectiva cada vez que se refirieron al Pueblo Mapuche. Una vez más, fue utilizado el argumento acerca de las “formas correctas” de cuidado del ambiente para reforzar la idea del “peligro” que significa que las tierras estén en manos de las comunidades, que “usan leña del bosque nativo y no permiten el acceso a lugares turísticos y recreativos”. De este modo, por ejemplo, se expresó el ex senador Miguel Ángel Pichetto, en un discurso sin medias tintas. Luego de mencionar a Julio Argentino Roca como “uno de los mejores presidentes de Argentina”, se refirió a “la importancia de la defensa del Estado, del Parque Nacional y la identidad argentina” ante la amenaza de las comunidades mapuche que tienen “una visión separatista y avanzan sobre tierras que son el verdadero colchón ambiental de Bariloche, cuidado por Ejército Argentino”. Además, Pichetto insistió con que las “usurpaciones de tierras van a impactar también en el ambiente de una ciudad turística, cuyo mayor valor son los paisajes”. Bajo esta idea, el ex senador cuestionó el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en relación a los conflictos de tierras y llamó “a la necesidad de que vuelvan a intervenir las fuerzas de seguridad”.
Desconociendo la preexistencia del Pueblo Mapuche y su cosmovisión en relación al territorio, lxs oradores construyeron paulatinamente un relato en donde las comunidades resultan extractivas y “enemigas del bien común”. En esa línea, el abogado Ernesto Saavedra habló de este tópico de la siguiente manera: “Ahora se habla de cosmovisión y amor por la tierra. Y yo me pregunto: ¿la gente que tiene estos títulos desde hace más de 100 años, tiene menor arraigo a la tierra?, ¿no será que la valoran más porque pagaron un precio por ella, porque tienen un título?”.
En relación a este punto, es continua la descalificación de los conocimientos y las prácticas mapuche relacionadas con el entorno, como “meras creencias” o cómo “cuestiones religiosas”. Las maneras en que las familias y comunidades se relacionan con el entorno natural y las fuerzas que existen en un territorio, solían ser prácticas realizadas principalmente en las vidas privadas. Por ello, hasta determinado contexto, estas formas de vida eran consideradas como creencias folklóricas tolerables. Esta situación comenzó a devenir “problema” cuando estas prácticas —el pedir permiso en mapuzugun (lengua mapuche) antes de ingresar a un territorio, el recibir un pewma (sueño), levantarse como machi o lonko e interactuar con las fuerzas de la naturaleza, organizar la vida en torno a un rewe (centro ceremonial) — empezaron a visibilizarse como parte del hacer política. Lo que deviene un “exceso” –en el sentido que propone el antropólogo Michel Trouillot, es decir, un acontecer que resulta impensable para los marcos políticos dominantes, porque cuestiona las categorías conceptuales con las que estos legitiman el orden de las políticas estatales y empresariales que pretenden sostener– y no es audible en este tipo de escenarios, motivos por los cuales en el Foro se comenzó a banalizar y ridiculizar.
Esto se experimenta una vez más como otra muestra de que, a pesar de una interculturalidad declamada, las formas mapuche de entender, ser y habitar el mundo nunca han tenido lugar en nuestra región, ni en las posibilidades de repensar juntxs una mejor vida en común.
Observamos que la producción de cadenas significantes en relación con las luchas indígenas, particularmente mapuche, se fue centrando cada vez más en el territorio como recurso en disputa, hecho que se profundizó en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Durante todo el Foro se fue instalando la idea de que las acciones políticas mapuche en relación con el territorio pueden ser suficientemente abarcadas por la problemática del acceso a la tierra, sin reconocer que el vértice articulador de toda recuperación se fundamenta en la idea de “retorno al territorio injustamente usurpado a los antepasados”, como punto de inflexión en los contextos de interlocución con el Estado.
*Florencia Yanniello es periodista y doctora en Comunicación
**Valentina Stella es doctora en Antropología Social
***Kaia Santisteban es licenciada en Antropología Sociocultural
Las tres integran el Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) y trabajan en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio (Universidad Nacional de Río Negro-CONICET).
