Llegar al Lago Escondido, en el sur de la provincia de Río Negro, cerca de la frontera con Chile, es casi imposible. Solo se accede en helicóptero o a caballo a través de un camino cordillerano de varios días. El magnate inglés Joseph “Joe” Lewis, amigo personal del presidente Mauricio Macri, mantiene cercado el acceso desde hace más de 20 años, cuando compró las 11 mil hectáreas de tierras que lo rodean. La adquisición fue irregular: los terrenos forman parte de la llamada “Área de Seguridad de Frontera” y las leyes de Defensa nacional prohiben que estén en manos extranjeras. Ahora la justicia ordenó reabrir la causa en la que se investiga al hijo mayor de Lewis y a varios funcionarios públicos por esa transacción fraudulenta.
Lewis se adueñó de esas tierras en 1996. Ahí construyó una mansión de 3.600 metros cuadrados, un chalet para invitados, caballerizas, una cancha de fútbol once, un anfiteatro y un helipuerto. Su hijo Charles Lewis eludió las leyes de Defensa Nacional que protegen las zonas de frontera. Primero, la empresa de capitales argentinos H.R. Properties Buenos Aires S.A. solicitó una autorización de compra de 7789 hectáreas ante la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, el organismo responsable de garantizar que ningún territorio clave para la seguridad nacional esté en poder de personas extranjeras.
En simultáneo, las sociedades extranjeras HR Properties, Lago Corp y Hidden Lake compraron las acciones de la firma argentina. Una vez que la Comisión autorizó la transferencia, las tierras fueron inscriptas en el registro público de la propiedad inmueble de Río Negro a nombre de Hidden Lake S.A, una de las empresas de la familia Lewis.
Con el antecedente de la aprobación anterior la empresa de Lewis logró comprar otras 2760 hectáreas a través de un “trámite abreviado” en diciembre de 1996. Así, se apoderó de todos los terrenos que rodean al Lago Escondido y cercó el acceso.
A partir de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se inició una causa judicial en la que están imputados los funcionarios públicos que autorizaron las ventas, la escribana María Luis Cristina Szama; Ricardo José Juan Mayer, responsable del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro; las autoridades de HR Properties, Lago Corp y Hidden Lake y el hijo de Joe Lewis.
En marzo de 2017 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dictó el sobreseimiento de los imputados por considerar que el delito había prescripto. La PIA apeló la medida: el fiscal Santiago Eyherabide dijo que se trata de un hecho de “revelación tardía” porque es un caso de corrupción que involucra a funcionarios que ejercieron cargos públicos hasta 2012. Por eso, como establece la ley, el plazo de prescripción debe extenderse. Además, el fiscal pidió que se dicte un embargo a los imputados y que se revoque la venta de las tierras.
El 28 de diciembre de 2017, en el penúltimo día hábil antes de la feria judicial, los jueces Carlos Alberto Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, de la Sala III de la Cámara Penal, revocaron el fallo de la Sala I y ordenaron reabrir la investigación.
Lago Escondido e inaccesible
Hace más de veinte años la familia Lewis se apoderó ilegalmente del Lago Escondido y de las 11 mil hectáreas de tierras que lo rodean. En 2009 el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro falló a favor de un amparo para habilitar el ingreso al lago y generar uno accesible por el Camino de Tacuifí que nace en el paraje El Foyel, a 45 kilómetros al norte de El Bolsón.
En mayo de 2017 un grupo de integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), liderado por las diputadas nacionales Silvia Horne y Araceli Ferreyra, recorrió el camino de Tacuifí. El sendero estaba destruído y habían dragado los vados que permitían el tránsito a través del río Foyel. A casi una década del fallo del máximo tribunal provincial sigue siendo casi imposible llegar hasta el lago sin pasar por el camino privado de Lewis. Las únicas alternativas son el viaje a caballo durante varios días por un camino cordillerano o en helicóptero.
En septiembre de 2017 la Fundación FIPCA organizó la Marcha de la Soberanía. Durante dos días, unos 70 voluntarios de diferentes organizaciones, integrantes de comunidades mapuche y el padre Paco Oliveira, de Curas en Opción por los Pobres, atravesaron el monte con el objetivo de construir el vado que permita el libre acceso al lago a través del camino de Tacuifí. “El domingo 24 de septiembre de 2017 llegamos a la costa de un lago patagónico como si hubiéramos atravesado la franja de Gaza”, escribió Mariana Corral, una de las protagonistas de la travesía.
