Comenzó el juicio por el incendio en el taller textil de Luis Viale. Los abogados, sobrevivientes y militantes esperan que sea la oportunidad para sentar un precedente ante las pésimas condiciones de trabajo para los migrantes.
Después de diez años del incendio, comenzó el juicio por los seis muertos en el taller clandestino de Viale 1269. El fiscal Fabián Céliz pidió que se amplíe la demanda contra los capataces, Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, por “homicidio culposo y reducción a la servidumbre”. Hasta el momento la causa está caratulada “incendio seguido de muerte”. El presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y ex-cónsul en Buenos Aires, José Alberto González Samaniego, estuvo hoy en los tribunales para apoyar a los sobrevivientes. “Pasaron diez años para que lleguemos a la Justicia. Nuestro deseo es que siente un precedente contra las condiciones pésimas de trabajo que sufren los trabajadores y migrantes”, dijo a Cosecha Roja Ayelén Arcos, miembro de la Comisión Familiares y Amigos de los Sobrevivientes del incendio en Luis Viale.
El Tribunal Oral Nº 5 de la Ciudad tomó tres declaraciones. Un vecino que había realizado una serie de denuncias antes del incendio contó que se escuchaban las máquinas de coser hasta altas horas de la noche y que agentes de la policía entraban y salían con bolsones de ropa como pago para que las denuncias se archivaran. Las declaraciones de Luis Fernando Rodríguez Palma, padre de Harry -uno de los nenes que murió en el incendio-, desnudó las condiciones de explotación en la cual vivían los trabajadores y el estado de la instalación eléctrica.
También declaró Óscar Carabajal, sobreviviente y tío de dos niños que murieron: Rodrigo y Luis tenían cuatro años y estaban en el entrepiso de madera, el lugar en el que se desató el incendio. Óscar defendió a su antiguo jefe: destacó que era un buen tipo, que las condiciones de trabajo no eran tan malas como las describían y que cumplían con el pago que habían acordado. Cuando el fiscal preguntó la dirección de residencia, Carabajal dijo que vivía con Sillerico, uno de los imputados. Después de muchos años, el hombre se casó con una de las hijas de los explotadores. “Se lo va a investigar por falso testimonio, porque sus palabras ante el juez se contradicen con la declaración a la policía en el momento del incendio”, contó Juan Vásquez, de la Asociación Simbiosis Cultural.
La querella teme que las declaraciones como la de Carabajal se multipliquen. “Muchos mantuvieron vínculos laborales y familiares con los explotadores”, dijo Arcos. Mientras el juzgado convocó un cuarto intermedio hasta el jueves para determinar la ampliación de la demanda, los apoyos a las víctimas empezaron a llegar: además del presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, legisladores del Frente para la Victoria, Movimiento Socialista de los Trabajadores y abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Esperamos que los testimonios ofrezcan las suficientes pruebas para imputar a los dueños del local Jaime Geiler y Daniel Fischberg, que no han sido llamados a declarar”, contó Vásquez.
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El edificio de Luis Viale 1269 -uno de los 200 talleres clandestinos de la ciudad de Buenos Aires- se incendió el 30 de marzo de 2006: murieron cinco niños y una mujer embarazada. En 2001, había sido habilitado para cinco máquinas pero empezó a funcionar cuatro años después. Desde entonces no se hicieron inspecciones y las denuncias de los vecinos fueron cajoneadas. Durante 2006, trabajaban y dormían unas 64 personas detrás del portón. En el primer piso estaban las máquinas de coser, que sonaban entre las 7 y las 23. Había un entrepiso de madera donde estaban las habitaciones. Separadas por cartones y telas, dormían sobrinos, tíos y familias completas en colchones tirados sobre el piso. El tendido eléctrico era precario y alcanzaba para los televisores y tres ventiladores, únicos lujos de los costureros.
El foco del incendio comenzó con un cable que se calentó hasta prender fuego el entrepiso. Esa tarde, Juana Vilca, una embarazada de 25 años, había pedido un día de descanso porque estaba descompuesta. Cuando sintió el humo, Luis Fernando Rodríguez Palma reaccionó con rapidez, sabía que su hijo Harry miraba televisión en una de las habitaciones. Luis buscó un matafuego y subió por la escalera. Intentó accionarlo, pero estaba descargado. Agarró otro que tampoco funcionaba.
El entrepiso se cayó y los bomberos tardaron en llegar casi una hora. Cuando bajaron del camión hidrante, el incendio ya estaba apagado. Harry Rodríguez de 3 años (el hijo de Luis), Rodrigo Quispe Carabajal y Luis Quispe de 4, Elías Carabajal Quispe de 10, Wilfredo Quispe Mendoza de 15 y Vilca murieron carbonizados.
“Fue el primer caso que visibilizó la situación de los inmigrantes en los talleres clandestinos. En Bolivia tuvo un impacto enorme”, dijo Vásquez. Después del incendio, la causa adquirió un perfil binacional. Intervino el consulado de Bolivia, que pagó el viaje y los viáticos de los sobrevivientes, acompañó a los familias con el traslado de los cuerpos para ser velados del otro lado de la frontera.
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El expediente judicial pasó diez años entre los pasillos del Tribunal Oral Criminal Nº 5 de la Ciudad. Dos veces la fiscalía pidió ir a un juicio abreviado (para delitos con una pena menor a tres años) que fueron declarados nulos y una vez el tribunal declaró que el delito ya estaba prescrito. La Cámara de Apelaciones le dio la razón a los sobrevivientes.
Foto: Gustavo Pantano
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