Por Belén Carcedo*
“Tengo 13 años, desde que me acuerdo mi tío me toca, quiero empezar la secundaria con mis amigas, quiero que me saquen esto, yo no lo elegí…”.
“Soy de un pueblo, mis viejos me mandaron a estudiar, no tengo novio, no trabajo, no puedo ser madre ahora, no quiero, estoy desesperada, ya tomé de todo, ya me puse pastillas y no funcionó…”.
“Tengo 42 años, hace 10 que sé que tengo HIV, supongo que el preservativo se rompió, no puedo pensar en tener un hijo ahora, no sé qué me espera…”
“Estoy esperando que me entreguen el botón anti-pánico, él ya me apuñaló una vez, pero sigue entrando a la fuerza a mi casa, borracho, y me viola, yo no puedo tener otro hijo de él…”
Estas son algunas de las tantas voces quebradas, de esos relatos de vida documentados en un sin fin de historias clínicas que venimos hace años registrando en silencio y que hoy como en el 2018 decidimos una vez más sacar del closet. Forman parte del potente testimonio de personas que luego de siglos de luchas feministas pueden acudir a centros de salud que garantizan derechos, donde acompañamos con calidad y calidez.
Somos más de 2000 profesionales de distintas generaciones y más de 500 equipos de salud a lo largo y ancho del país que hacemos la atención directa, cara a cara. Somos el eslabón más concreto de la política pública, estamos ahí donde las leyes y los programas de salud se convierten en derechos para las personas, o en el otro extremo, se vulneran.
Acompañamos a las personas en cada momento de sus vidas, y respetamos su decisión cuando se encuentran frente a un embarazo no intencional, y deciden abortar. De manera federal, sorteamos las barreras para poder garantizar el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, acompañando con amorosidad y respeto, brindando información clara y certera para que las personas puedan tomar decisiones autónomas, en un sistema de salud que muchas veces por criminalizar expulsa, violenta y empuja a procedimientos inseguros que ponen en riesgo la vida pero sobretodo la salud integral.
Realizamos prácticas seguras basadas en evidencia científica y ofreciendo los mejores estándares de calidad posibles según las recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales.
Muchas veces escuchamos que algunas y algunos profesionales reproduciendo lógicas patriarcales y hegemónicas, toman decisiones por las personas gestantes, unidireccionalmente, haciendo uso y abuso de su poder. Deciden por ejemplo si deben dejar de recibir la medicación oncológica o dilatar un tratamiento hasta luego de parir.
El aborto existió, existe y existirá. Está ampliamente demostrado que quien decide abortar, aborta. Sea cual fuese el status legislativo en su país. Lo que sí se modifica según las leyes son las condiciones en las que los abortos ocurren.
El aborto es un problema de salud pública, y es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras de la salud hacernos cargo de garantizarlo en las condiciones adecuadas, así como es la responsabilidad de ustedes, estimados diputados y diputadas, legislar en favor de la salud de las personas.
Como red de profesionales no acordamos bajo ningún punto de vista que se siga penalizando a las personas que optan por sus destinos y vidas. El aborto tiene que salir del código penal.
Y necesitamos la ley para garantizar el acceso universal al misoprostol y a la Aspiración Manual Endouterina en todos los efectores de salud, y es esencial que la mifepristona sea aprobada para que esa atención sea de la mejor calidad.
Nos hemos acostumbrado como sociedad a una realidad inadmisible: hace años que el aborto inseguro es una de las primeras causas de morbi-mortalidad de personas gestantes en Argentina.
Te puede interesar:
Aborto: el peligro de la objeción de conciencia sin control estatal
En el año 2018 en que se discutió el proyecto de IVE y no contó con la media sanción necesaria para ser ley, 35 personas murieron a causa de un aborto, 35 muertes totalmente evitables en un país con un sistema de salud como el nuestro, 35 historias de vida, familias, hijos, hijas que sufren por un problema de salud de fácil resolución técnica.
Sin ir más lejos, ese mismo año cerca de 48 mil personas tuvieron que ingresar a hospitales por complicaciones de abortos inseguros afectando el estado de salud integral y calidad de vida de esas personas, muchas veces con consecuencias irreversibles. De igual manera sabemos que una vez más, quienes sufren la injusticia social que genera la hipocresía criminalizadora, quienes pagan con su vida, quienes cargan con consecuencias para su salud son -sin lugar a dudas- las personas gestantes en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Como red federal de trabajadores y trabajadoras de la salud observamos diariamente una vergonzosa inequidad entre regiones y provincias en el acceso a derechos dentro de nuestro país. En muchos territorios no hay voluntad política de implementar las causales de aborto legal vigentes y creemos fervientemente que la IVE saldaría en parte esa desigualdad.
Al mismo tiempo el embarazo en menores de 15 años y el abuso y la violencia sexual como potencial causa, son problemas de salud pública y de derechos humanos que generan graves consecuencias físicas, psíquicas y sociales. Que las niñas sean obligadas a ser madres, forzarlas a maternar, es considerado un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante.
Cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años atraviesa un parto en Argentina. El 80% de los embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar. Solo en el año 2017, 2493 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, 506 tenían entre 10 y 13 años, 506.
Desde la red de profesionales y formando parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, hemos trabajado intensamente en el proyecto presentado por la Campaña, de origen y redacción colectiva en y desde una marea verde con años de estudio, debate, formación, construcción y resistencia. Si llegamos hasta acá, a hablar de aborto en el congreso por segunda vez es por una lucha incansable que venimos sosteniendo los movimientos feministas, la marea verde en las calles, y quienes trabajamos dentro del sistema de salud, construyendo una red amorosa en la atención y potente en la lucha por el aborto legal.
Queremos resaltar que la objeción de conciencia es un privilegio individual, nunca institucional, que exceptúa de cumplir con un deber, y que ya conocemos como sistemáticamente se utiliza para obstaculizar derechos en un sistema que tiene como fin garantizarlos.
Hoy somos quienes estamos haciendo frente a la pandemia con nuestros cuerpos y vidas, poniendo nuestro saber y trabajo a disposición, somos quienes estamos capacitados y capacitadas para reconocer y actuar en la urgencia, y desde ese lugar queremos decir que justamente en este contexto donde se incrementó la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, en donde los derechos consagrados son difíciles de garantizar, y en donde las muertes por abortos no se detienen, más que nunca es necesario que la atención en aborto sea una prioridad y un servicio esencial en todos los niveles de atención y en todas las instituciones sin excepción.
Como red de profesionales de la salud consideramos que para acabar con las violaciones a los derechos humanos, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es urgente.
Agradecemos enormemente la invitación a poder traer nuestra voz a este necesario debate que tanto atraviesa nuestro hacer diario. Es un gran orgullo para mí representar a semejante movimiento de lucha.
Diputados, diputadas, la marea verde los pone nuevamente en posición de tener en sus manos la oportunidad histórica de ser quienes pueden reconocer este derecho vital para la salud integral de las personas gestantes.
Háganlo real.
*Médica generalista y de familia. Integrante de la Red de profesionales de la salud por el Derecho a decidir.
