Cuatro días después del Paro Nacional de Mujeres, Claudia Carrizo volvió a su casa en la localidad de Las Tapias, en el Valle de Traslasierra, por una zona rural donde no hay viviendas. Era domingo 23 de octubre. Antes de llegar, su expareja, Gustavo Dómini, la apuñaló. Fue el 19° femicidio del año en Córdoba: 14 ocurrieron en el interior de la provincia donde los mecanismos judiciales y las respuestas del Estado son escasas.
Esa noche Claudia manejaba su moto por un camino oscuro. Gustavo Dómini la esperaba escondido en el monte. Cuando la vio, se lanzó sobre ella. No había ningún testigo en la oscuridad. Dómini la apuñaló, la degolló, la dejó tirada al costado del sendero y huyó. Los tres hijos de la víctima -ninguno es del supuesto femicida- esperaban en el hogar paterno de ella. Como no regresaba, salieron a buscarla: los hermanos la encontraron muerta, al lado de la moto, en el silencio avasallante del campo. “Creí que se había golpeado, nunca pensé que la hubieran matado. Tenía puñaladas por todos lados”, contó César Carrizo -hermano de la víctima- a Teleocho Noticias.
Dómini es empleado municipal de Villa Dolores, tiene 43 años y una hija. Tiene antecedentes de violencia y una orden de restricción. Lo arrestaron en su casa de Villa Dolores, tenía una herida cortante en la mano. Por el femicidio de Claudia, quedó imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El fiscal Raúl Castro, a cargo de la causa, contó a Cosecha Roja que los Carrizo fueron los primeros en señalar a Dómini: “Después de la orden de restricción, hubo más situaciones de violencia”.
“No hay otro medio hoy por hoy para evitar los acercamientos entre la persona denunciante y el violento”, explicó Castro. La insuficiencia de las medidas judiciales y de políticas de prevención arrojan una cifra que alerta y exige ahondar en la responsabilidad del Estado y la Justicia. En Las Tapias ya había ocurrido otro hecho de violencia grave. En julio, Antonia Aguirre de 58 años fue golpeada y quemada por su expareja. Ella sobrevivió, él se suicidó.
“Entendemos que una orden de restricción no es suficiente. Lo que nos preocupa es lo que pasa en las pequeñas localidades donde no están aceitados los mecanismos en la Justicia, como en Córdoba Capital. Cuanto más lejos están de los centros urbanos, más desprotegidas están las mujeres. Es irresponsable por parte de los jueces emitir órdenes de restricción sin custodia y sin hacer un seguimiento. Es necesaria una asistencia cuerpo a cuerpo. Imparten justicia de un modo desigual: el interior es un páramo y esto es una muestra”, dijo a Cosecha Roja Julieta Fantini, integrante del Colectivo Ni Una Menos Córdoba.
La ex jueza Cecilia Fernández, trabajó 23 años en el distrito Villa María. “En el interior carecemos de los recursos que hay en Córdoba Capital: no hay equipos de contención cuando la víctima hace la denuncia, la gente que toma la denuncia no sabe cómo hacerlo. Los botones antipánicos solo funcionan en los lugares donde hay una oficina que pueda activar los mecanismos de control. Si Claudia Carrizo hubiera tenido un botón antipánico nadie la hubiera escuchado”, contó a Cosecha Roja Fernández.
Nadie controla que no se viole una orden de restricción ni de exclusión, es la víctima quien debe ocuparse. “Las mujeres llegan desesperadas a hacer la denuncia. Cuando salen el victimario se enfurece más y nadie lo controla. El juez no puede hacerlo: es función del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia de la Provincia es responsable de las políticas públicas que deben implementarse, pero no sólo en la Capital, en toda la provincia”, dijo Fernández. Según ella, hay que darles herramientas a las mujeres para que puedan defenderse.
Estadísticas
Desde la Secretaría de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas no publican estadísticas oficiales. Según informaron, mañana se presentará un programa de prevención de la violencia de género desde el ámbito educativo. En Córdoba Capital funciona el Polo Integral de la Mujer donde brindan asistencia jurídica y social a las mujeres en situación de violencia, inclusive cuentan con refugios cuando tienen que abandonar el hogar.
Hay seis entidades que pueden entregar el botón antipánico: cuatro jueces de Violencia Familiar y las dos Fiscalías: antes es necesario hacer la denuncia. Ante una situación de violencia, hay número gratuito para pedir información o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país: 144. En Córdoba también funciona el 0800 888 98 98. Las comunicaciones son anónimas y confidenciales.
Foto: Estefanía Galará
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