Por  Noelia Celina Gutiérrez de El Nuevo Diario

Tenía 18 años y cursaba el segundo semestre de su carrera en una universidad pública de Managua cuando su profesor la acosó sexualmente. Después de hacer el examen final de física, el profesor le aseguró que había pasado la clase, pero no le dio la nota. Días después la llamó a su cubículo para decirle que había reprobado el curso.

“Yo estaba de pie y él sentado. Me dijo que cómo podíamos arreglarnos. Pensé que me quería pedir dinero, así que le pregunté cómo. Él me respondió: ‘Lo único que te puedo proponer es que podamos tener intimidad y yo te ofrezco pasar la clase’”, cuenta Wendy (nombre ficticio), ahora de 20 años.

El acoso continuó ocasionalmente, luego de que ella se negara a aceptar la propuesta. “Me resigné a perder la clase. Me sentí impotente, porque no podía hacer nada”, expresa Wendy.

Lo denunció dos veces ante distintas autoridades, pero la queja no prosperó durante dos años, hasta que llegó a vicerrectoría de esa universidad. La remitieron a un consejo y de allí a una sicóloga, quien le aseguró que era la tercera estudiante que se quejaba del mismo profesor.

Tras presentar dos testigos y su testimonio, a Wendy la cambiaron de recinto. “Yo sentí que esa era una forma de comprar mi silencio. A mí me trasladaron, pero el señor sigue allí, en lo mismo”, expresa Wendy.

Las arbitrariedades en el proceso de recepción de la denuncia de Wendy ponen de manifiesto la necesidad de que las instituciones educativas cuenten con una ruta de atención específica para casos de acoso sexual.

“Las actuaciones a lo interno de los centros educativos deben introducir una ruta, un protocolo (para atender casos de acoso sexual) que esté previamente interiorizado en el manejo del fenómeno de la violencia”, señala el juez a cargo del Juzgado Tercero Distrito Penal Especializado en Violencia de Managua, Edén Aguilar.

El juez opina que “cada forma de violencia debe estar incorporada en ese protocolo: desde la proposición a un acto sexual hasta los tocamientos en áreas erógenas”. Refiere que esta debe ser “una carta dirigida a potenciar que todas nuestras instituciones estamos en lucha por corregir las desigualdades que históricamente hemos tenido entre hombres y mujeres, y que se mande un mensaje: el de cero tolerancia a estos actos, y además que sea la ruta que deben seguir las víctimas para que la conducta delictuosa no quede en impunidad”.

¿Hay una ruta para denunciar?

La UCA cuenta con un protocolo específico de atención de quejas de acoso sexual.

En el protocolo de la UCA, que entró en vigencia en 2015, se estipulan las medidas de prevención que debe tomar la universidad dentro de la comunidad educativa, se establecen cuáles son las conductas no permitidas y sus respectivas sanciones, y se especifica el procedimiento para la atención y resolución de quejas de acoso sexual.

Otras universidades, como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Americana (UAM), penalizan en sus reglamentos disciplinarios las conductas de acoso sexual, pero el procedimiento para atender los casos es el mismo que se usaría al investigar un caso de plagio o la destrucción de la infraestructura universitaria.

También hay universidades como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), en cuyos reglamentos el acoso sexual no aparece explícitamente sancionado.

El Consejo Superior de Universidades Privadas (Cosup) emitió una resolución el año pasado para atender denuncias de acoso sexual en las 14 universidades que aglutinan, sin embargo, no se logró verificar que en todas las casas de estudios se esté aplicando tal resolución.

En las oficinas del Cosup tal resolución no está archivada, pues según la secretaria de la organización, Diana Ibarra, cada política o instrumento que se aprueba es asumido por una universidad. “Esa universidad que la asumió tiene que pasar un reporte anual de seguimiento, y hasta el momento no me han pasado nada”, explicó la secretaria.

¿Cómo atienden los casos?

El secretario general de la UNI, Diego Muñoz, explica que el Código de Ética de su universidad establece que el primer requisito es hacer un escrito ante el presidente de una “Comisión de Ética”, exponiendo la situación, además de presentar testigos y pruebas.

Agrega que “a veces eso es lo que falla, que si hay una situación no se hace por escrito o sencillamente solo queda a nivel de decano, del director de la carrera, del rector o de cualquier otra autoridad. Entonces no pasa lo que dice la normativa”.

La Comisión de Ética está conformada por tres miembros y solo hay una para todos los recintos de la universidad, incluyendo los de Estelí y Juigalpa. “La comisión sí ha recibido casos y lo que hacen es buscar cómo mediar. Porque a veces son malos entendidos, cuestiones de carácter personal”, explica Muñoz.

Añade que las sanciones dependen de la gravedad del problema, pero asegura que en los quince años que tiene de trabajar en Rectoría, “no he conocido de expulsiones” en los casos que se han presentado.

Greta Fajardo, del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG) de la UCA, asevera que en su universidad existe una “Comisión de atención y resolución de quejas sobre acoso sexual”, nombrada por el rector, la cual está conformada por una abogada, un filósofo, una sicóloga y una secretaria. Esta comisión se encarga de investigar, analizar y resolver las quejas que se presentan.

En la UCA, según Fajardo, se han recibido casos considerados graves, como ejercer presión para que una persona acceda a encuentros sexuales, y la sanción es la cancelación inmediata del contrato laboral.

Pero las denuncias son pocas. De acuerdo con la coordinadora del PIEG, muchas veces las estudiantes se rehúsan a denunciar porque “es un tema que pasa por un acompañamiento efectivo en términos de la seguridad de esa persona, también emocional”, puesto que “prepararse para denunciar una situación como esta es bien complejo: vas a decir cosas que te están pasando, que son íntimas, cosas que aún nos siguen avergonzando a las mujeres aun no teniendo ninguna responsabilidad sobre ellas”.

El secretario general de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Diego Muñoz, asegura que “si se dan las cosas (acoso sexual) un estudiante, un trabajador, no se expone ante la comunidad universitaria o la opinión pública. De tal manera que los casos se pueden dar, pero no hay denuncias”.

El miedo a ser objeto de represalias también es frecuente. “No quiero que esto me perjudique en clases”, dijo una de las estudiantes que había sido acosada sexualmente. También por miedo, otras estudiantes y docentes contactadas para este reportaje se rehusaron a contar sus historias, aún bajo el anonimato.

A nivel regional

En las universidades nicaragüenses las problemáticas de género están “poco atendidas”, considera Francisco Alarcón, secretario general adjunto del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), que aglutina a 21 universidades públicas de Centroamérica y el Caribe.

“No hay como una estructura orgánica para atender estos asuntos. Hay un grupo de académicas que están organizadas para atender el tema de género, pero no hay institutos dentro de las universidades que se dediquen eso”, pese, según Alarcón, a que “en Nicaragua la mujer sí tiene acceso a niveles de toma de decisiones. Pero incluso en las universidades donde hay mujeres al frente no han implementado esto”.

Según el directivo del CSUCA, en algunas universidades públicas de Costa Rica, Panamá o Guatemala, hay comités, reglamentos y procedimientos que se encargan de atender el tema de género y dentro de ello, recepcionar denuncias de acoso sexual.

“Yo creo que es un asunto de sensibilización y de voluntad política institucional. El punto de partida es tener una instancia que se dedique a estudiar el tema, impulsar políticas y darle seguimiento”, opina Alarcón.

Causas judicializadas

Si las denuncias son mínimas en las universidades, los casos que llegan a judicializarse son aún menos. Según datos del Complejo Judicial de Managua, la cantidad de causas ingresadas por acoso sexual fueron seis el año pasado y en lo que va del 2017 suman siete, pero estos delitos ocurrieron en diversos espacios.

El Artículo 147 del Código Penal establece que el acoso sexual lo ejerce “quien de forma reiterada o valiéndose de su posición de poder, autoridad o superioridad, demande, solicite para sí o para un tercero, cualquier acto sexual a cambio de promesas, explícitas o implícitas, de un trato preferencial o amenazas relativas a la actual o futura situación de la víctima”.

El juez Edén Aguilar indica que la definición anterior “está limitada a ciertas áreas educativas y laborales”, y además, si se logra un contacto sexual con consentimiento viciado, el delito se convierte en explotación sexual. Por lo que los casos de acoso sexual podrían procesarse también bajo las figuras de abuso sexual o explotación sexual.

Aguilar asegura que en su juzgado no ha recibido recientemente casos de acoso sexual en universidades, pero afirma que las universidades deben “dar pautas a qué mecanismos se pueden seguir para denunciar y atenderse de acuerdo al sistema de justicia”. Lo importante, según el juez, es “no hacer un sesgo sobre el escenario: decirle vos debés callar, vos debés de orientar a una resolución alterna, o no debés hacer eso porque nos vas a afectar”.

Pruebas no son opción para muchas

Para las víctimas de acoso sexual las pruebas son especialmente difíciles de conseguir. Claudia, una estudiante de 20 años, de otra universidad pública de la capital, fue acosada sexualmente por su profesor, pero su testimonio es la única evidencia que tendría para denunciarlo.

Su profesor siempre la veía con cierto morbo. Ella trataba de esquivar sus miradas para evitar problemas. Empezó a llamarla en privado y hacerle preguntas personales, como “¿cuántos años tenés?, ¿dónde vivís?, ¿tenés novio?”, y después fueron subiendo de tono: “¿Por qué no tenés novio si estás bien bonita?, ¿podemos mirarnos en otro lugar?, ¿puedo llegar a tu casa?, ¿qué pensaría tu mamá si llego a visitarte?”.

“Se volvió una situación recurrente y no sabía cómo reaccionar a todo eso. Siempre le contestaba con un ‘no sé’, ‘sí’, ‘no’. Le decía que ya iba tarde a clases”, recuerda Claudia.

La última vez que la acosó sexualmente fue durante un examen de fin de semestre. Aprovechó que casi no había nadie en el salón, se le acercó y le dijo que la siguiente semana iría a Estelí, de donde Claudia es originaria. “¿No querés llegar a mi hotel?”, le susurró.

“Me puse a analizar la seguridad con lo que hizo todo, como que estaba muy consciente de que hay todo un sistema que lo respalda y que yo sin pruebas no podía hacer nada en contra de él”, cuenta sobre la insinuación de su profesor, quien en alguna ocasión mencionó tener 40 años de dar clases en esa universidad.

Síntoma de violencia

El acoso sexual en las universidades nicaragüenses existe como un síntoma de la violencia de género que ocurre en diferentes espacios, señala Lorna Norori, del Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS).

Norori afirma que las instituciones educativas no están exentas de que en su comunidad haya una persona abusadora “porque no lo tienen escrito en la cara”. La activista señala que “hay evidencias claras de que puede ser la mejor persona, el mejor docente, pero ese es el abusador”.

Sin embargo, el acoso sexual continúa siendo ocultado en muchas casas de estudio. “El prestigio es lo que siempre está en juego en el asunto. Yo lo escondo porque me voy a desprestigiar”, comenta Norori, añadiendo que se requiere cambiar el imaginario de autoridades y personal docente para modificar la connotación del “prestigio”, la cual más bien debería radicar en la cero tolerancia de las instituciones ante la ocurrencia de este tipo de casos.

* Este artículo fue editado por Matilde Córdoba, becaria de Cosecha Roja. Se publicó en El Nuevo Diario

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