Por Santiago Galar*
Hace unas semanas el presidente Mauricio Macri podó el organigrama ministerial. La mitad de los ministerios, incluso aquellos con gran trayectoria e importancia indiscutida como el de Salud o el de Trabajo, pasaron a ser secretarías. La cartera de Seguridad sobrevivió a pesar de ser relativamente nueva: se había creado en 2010 como derivación de la recordada represión en el Parque Indoamericano. En los últimos días se difundió en el Boletín Oficial un aumento presupuestario para el área comandada por Patricia Bullrich producto de una quita de fondos al ministerio de Educación. Toda una señal.
¿Cuáles son los puntos clave de la agenda de seguridad de Cambiemos en este nuevo clima represivo?
No es novedad que un policía use ilegalmente la fuerza para asesinar. La novedad reside en la invitación a Casa Rosada para ser recibido por el Presidente. El impacto de este respaldo a la ilegalidad en las prácticas concretas de los actores policiales y los operadores judiciales que deben legitimarlas es difícil de establecer, ya que se trata de instituciones con fuertes inercias y dinámicas con considerable independencia de la política.
La creación de la Policía de la Ciudad implicó el traspaso compulsivo de miles de agentes federales que cumplían funciones en territorio capitalino. Actualmente se produce un proceso de protesta de estos policías traspasados, que demandan regresar a la Federal. En la policía bonaerense se vienen produciendo cambios en las autoridades, reducción de las Policías Locales creadas en 2014 por decreto de Scioli y el pase a disponibilidad de cientos de efectivos. Los rumores sobre posibles cambios circulan constantemente entre los uniformados vía mensajes de WhatsApp. En todo caso, las respuestas de los y las policías a estos cambios y rumores son puntos a considerar. Más teniendo en cuenta la masa de trabajadores a la que hacemos referencia (sólo en provincia los y las agentes pasaron de 45 mil a 100 mil en una década, constituyendo uno de los sectores que más trabajadores formales incorpora a la economía).
Las condiciones laborales de los y las policías son pésimas, resguardadas tras un discurso institucional que presenta al trabajo policial como un servicio que requiere “vocación” y “sacrificio”. Muchos integrantes del gobierno, incluyendo a la ministra Bullrich, apoyaban la sindicalización policial cuando eran oposición. En la actualidad esta posibilidad es negada. La Corte Suprema de Justicia avaló la negación del derecho sindical policial en un esperado fallo difundido el año pasado tras una inédita audiencia pública. Los y las policías, en sintonía con un discurso de ampliación de derechos que atraviesa a toda la sociedad, realizan reclamos más o menos públicos, con mayor o menor respuesta política-institucional. Los registros evidencian que las protestas policiales emergen particularmente en contextos de aumentos del costo de vida, por ejemplo en 1989 y 2013. El actual derrumbe de la economía es un ambiente propicio para la protesta policial.
La implantación del neoliberalismo requiere de la represión. Las autoridades manifiestan fastidio e intenciones de ordenar el espacio público. Quisieran poder reprimir (más). El “protocolo anti-piquete” del ministerio de Seguridad, impracticable en un contexto de extendida conflictividad social, constituye un claro mensaje político en esta dirección. La intervención en protestas sin armas de fuego, solo con material antidisturbios, había sido una de las políticas elogiadas a los gobiernos kirchneristas. Este camino hoy se desanda. Agravando la situación, para quienes se incorporaron a las policías y fuerzas de seguridad en la última década, que fueron decenas de miles, la intervención en el marco de protestas es una práctica sobre la cual poseen poca experiencia profesional. Las calles de las grandes ciudades y las rutas provinciales de hoy son el laboratorio en el que ensayar.
Hace una década desde la academia reclamábamos que la sociedad amplíe la idea de inseguridad, que trascienda el señalamiento del delito urbano. En la actualidad, según investigaciones en curso, la categoría “inseguridad” se está ampliando. La cuestión de la corrupción, el acoso sexual y la desidia estatal, por ejemplo, pasan a ser consideradas como aristas de la inseguridad. Una implicancia negativa de este proceso es la mayor punitivización de la sociedad: cada vez somos todos más víctimas de más cosas entonces cada vez pedimos más castigo. La necesidad de jerarquizar los riesgos y pensar alternativas a las respuestas penales se impone en la sociedad de la inseguridad.
El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, afirmó hace unos días que prefiere a los delincuentes “amontonados y no liberados”. La capacidad instalada de la provincia está desbordada. El servicio penitenciario, cuyas plazas se calculan en 20 mil, aloja a 42 mil personas, a las que se suman las 4 mil que se encuentran en comisarías. Ciertos sectores del poder judicial, alentados por las demandas de organismos de derechos humanos, suelen instar al estado provincial a dar solución a este problema, por ejemplo disponiendo la prisión domiciliaria en aquellos casos en los que la ley lo habilite. Por supuesto que este hacinamiento no es nuevo, responde a una falencia crónica de la provincia. La novedad reside en la aceleración y extensión de la práctica de detención de personas por parte de la gestión de Vidal. La cuestión penitenciaria hoy más que nunca es una situación explosiva.
El gobierno nacional dejó saber su voluntad de que las fuerzas armadas se hagan cargo de la custodia de bienes estratégicos. Las resistencias de los militares a salir de su lugar de confort sin sumar espacios de poder (o, lo que es peor, sumando dolores de cabeza) parece haber sido un motivo para posponer este proyecto, al menos por ahora. Las rispideces con el gobierno por su pésima gestión del episodio del ARA San Juan tampoco colaboraron en el avance de esta propuesta. La intención de lograr seguridad mediante la militarización, un plan tan extendido como fracasado en otros países latinoamericanos, jaquea uno de los pocos consensos de la etapa democrática (y uno de los pocos logros del alfonsinismo): la separación entre seguridad interior y defensa.
El macrismo promueve una reforma del Código Penal. Es una reforma sin dudas necesaria porque, después de más de cien años, el código amerita una redacción que lo simplifique y le otorgue coherencia. La sola presentación del proyecto para su discusión legislativa sería un triunfo político del macrismo, luego de demasiados intentos truncados por parte de los sucesivos gobiernos. El riesgo reside en la posibilidad que ofrece una reforma de este tipo de orientar al código hacia el endurecimiento penal o regresivamente en materia de derechos. Los gobiernos provinciales también tienen en estudio revisar sus códigos contravencionales, instrumentos más fácilmente alterables en tanto no refieren a delitos sino a “incivilidades”. En distritos gobernados por Cambiemos, como la Ciudad de Buenos Aires o Mendoza, bajo la idea de actualizar los contratos de convivencia entre vecinos y vecinas, se trabaja en una mayor criminalización del espacio público. La discrecionalidad policial se amplía.
El aumento de la criminalización y del brazo penal del Estado es una respuesta práctica al aumento de la conflictividad social pero también un reflejo vinculado a los principios ideológicos del elenco gobernante. En un escenario de desastre económico y social, el clima represivo no parece una tormenta pasajera.
