Aún cuando en Argentina existen 13 universidades públicas y privadas que dictan la Licenciatura en Obstetricia, el rol de lxs comúnmente llamadxs “parterxs” está regulado por una ley que tiene más de 50 años (es de 1967) y que lo reduce a “colaboradorxs” de lxs médicxs. Hasta ahora, lxs obstétricxs no tienen autonomía para poner en práctica lo que sus títulos universitarios sí lxs habilita.
La vieja ley (17132, de Ejercicio de la medicina, odontología y “actividades de colaboración”), además, sólo hace referencia a la atención del embarazo, parto y puerperio y no considera la planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos, entre otras tareas fundamentales que en muchos casos lxs parterxs ya realizan.
En abril, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto “Ejercicio Profesional de las/os Licenciadas/os en Obstetricia”, que propone regularizar la profesión. Es decir: visibilizar y legitimar lo que lxs parterxs hacen en el día a día. Ahora falta que lo apruebe el Senado.
El proyecto dice que lxs obstétricxs podrán asesorar e indicar, colocar y retirar métodos anticonceptivos, prescribir medicamentos de uso obstétrico, solicitar estudios de laboratorio y por imágenes, indicar las vacunas recomendadas según la edad y durante el embarazo, pesquisar las infecciones de transmisión sexual y el cáncer de cuello uterino para la derivación oportuna a los especialistas, atender los embarazos de bajo riesgo durante toda la gestación y promover la lactancia materna, entre otras tareas.
“Esta ley viene a sacar de la clandestinidad una labor que todavía no tiene un marco regulatorio porque la ley actual que rige la profesión de las obstétricas es de 1967”, dice a Cosecha Roja Carla Veleda, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes (AAPI).
En realidad, la intención de regularizar el trabajo de lxs parterxs a través de una legislación data de 2006. En 13 años, el proyecto se presentó otras seis veces. Esta es la séptima, la única vez que obtuvo tratamiento en el Congreso y media sanción.
Esta es la séptima vez que se presenta el proyecto y la única que obtuvo tratamiento en el Congreso y media sanción en Diputados. Ahora falta que se apruebe en el Senado.
“A lo largo de los años el tema más álgido (en el proyecto de ley) fue el ámbito donde la partera ejerce su profesión: en reiteradas oportunidades el ministerio de Salud ha querido quitar el ámbito del domicilio”, cuenta Veleda. “El domicilio de una mujer embarazada es un espacio donde la partera puede hacer un seguimiento pre y post natal, un seguimiento de un recién nacido, de cómo va el proceso de lactancia y vínculo con un bebé, entre otras cosas, y es donde una mujer puede planificar también tener un hijo”, apunta. Desde el Estado siempre se mantuvo la postura de que los partos deben estar institucionalizados.
Si bien en 2018 se logró un consenso con varios organismos, el proyecto recibió críticas de agrupaciones independientes, que consideraban que carecía de perspectiva de género. A esto se le sumaba la anulación del domicilio de la persona gestante como ámbito de trabajo y que era prohibitivo para otras disciplinas, como las doulas y puericulturas. La campaña “Nosotras parimos, nosotras decidimos” logró que se introdujeran esos cambios.
“La ley le da a la partera el verdadero lugar en el que debe estar con respecto a la asistencia, atención o acompañamiento de una mujer y su familia, en el proceso de gestar, parir y criar un hijo”, dice Veleda. Viene a legitimar la autonomía que las parteras necesitan para, a su vez, darle autonomía a las personas gestantes.
“La ley le da a la partera el verdadero lugar en el que debe estar con respecto a la asistencia, atención o acompañamiento de una mujer y su familia, en el proceso de gestar, parir y criar un hijo”.
“Toda mujer tiene derecho a la prevención de un embarazo no intencional, a un embarazo planificado, a un parto seguro y a un nacimiento respetado”, dice Lucrecia Fiuri, presidenta de la Federación de Obstétricas de la República Argentina (FORA), una de las organizaciones que apoya el proyecto. Fiuri detalló que la aprobación de este proyecto permitirá mejorar el acceso y utilización de los métodos modernos de anticoncepción, disminuir las intervenciones innecesarias (como cesáreas) y contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna neonatal”.
“El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad a través de legislación y políticas públicas”, recuerda Fiuri, y reconoce que hoy el sector cuenta con planes y programas pero también dificultades en falta de recurso humano obstétrico, en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, el aumento de las intervenciones innecesarias y la medicalización de los procesos reproductivos. “Que se apruebe este proyecto será una decisión política. Confiamos en los senadores, en ellos está cambiar nuestra historia y saldar esta deuda de la democracia con nuestra profesión”, dice.
