Las pistolas de Macri

Cosecha Roja.-

Las pistolas Taser que quiso comprar la gestión de Mauricio Macri para la Policía Metropolitana no solamente pueden causar la muerte sino que son un instrumento de tortura. El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad de Buenos Aires presentó un recurso y pidió que la Corte Suprema de Justicia prohíba su uso. Mientras se define, el Gobierno está habilitado para comprar las armas de descarga eléctrica. “Está considerada un arma no letal pero se ha cobrado una gran cantidad de vidas”, dijo a Cosecha Roja Carlos Pisoni, subsecretario de Promoción de DDHH de la Nación.

En marzo, el Tribunal Superior de la Ciudad dio vuelta las dos sentencias que prohibían la compra de las Taser. En ese momento el ODH presentó un recurso extraordinario – junto a la Defensoría General de la Ciudad, Abuelas, HIJOS, CELS, APDH, CHA y Amnistía Internacional, entre otros- que suspendió preventivamente la medida y en septiembre se lo rechazaron. “Dieron vuelta el fallo con el argumento de que nosotros nos adelantamos en el reclamo, ¿hay que esperar una víctima para interponer una acción? Eso va en contra de la acción preventiva del amparo, explicó a Cosecha Roja Demian Konfino de la ODH. Hace una semana, los notificaron del rechazo y ayer presentaron un recurso de queja para que la causa pase a la Corte Suprema pero la medida no es suspensiva.

El uso de las armas Taser x26 va en contra del tratado de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas al que Argentina adhirió en 2004. Desde la reforma de 1994, los tratados tienen rango constitucional. “Se pone en juego la responsabilidad internacional de la Argentina en su compromiso de combatir la tortura”, explicó Konfino. Según Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, “la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos crueles inhumanos y degradantes es una norma del derecho internacional de derechos humanos que todos los Estados están obligados a cumplir”.

“Las armas tipo Taser son especialmente susceptibles de ser utilizadas para cometer abusos cuando se emplean como pistolas paralizantes. Están diseñadas para generar “docilidad frente al dolor” y suelen emplearse contra personas que ya están bajo custodia o control de la policía, a menudo tras haber experimentado múltiples descargas”, explicó a Cosecha Roja Belski.

Según un informe de Amnistía Internacional, más de 600 personas murieron en Estados Unidos por descargas de pistolas Taser en manos de policías, entre 2001 y 2014. La Organización para las Naciones Unidas las cataloga como un instrumento tortura. Produzca o no la muerte, sea o no letal, el sólo hecho de dispararla, según Konfino, provoca un “sufrimiento excesivo” y busca “doblegar la voluntad” de la persona. “No podemos permitir el uso de esas armas en un país en el que hay personas que están siendo juzgados por haber participado del terrorismo de estado”, dijo Pisoni.

“Los que las defienden dicen que si hay una persona con un cuchillo, esa pistola podría salvar una vida. De ahí surge la idea de que en el uso de esas armas subyace una actitud humanística. Pero son un instrumento de tortura, como una picana, te hacen desmayar y te dan convulsiones”, explicó a Cosecha Roja el periodista Ricardo Ragendorfer. Según Pisoni, “está demostrado que el arma puede producir la muerte cuando se la aplica en personas medicadas o con problemas cardíacos. Cuando un policía dispara no le pregunta a la persona si tiene algún problema”.

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En Estados Unidos, por ejemplo, las Taser rara vez se usan como alternativa a las armas de fuego. Más bien, se disparan en circunstancias en las que no hay riesgo de muerte ni de lesiones. “Normalmente se utilizan como opción de fuerza habitual contra personas que no representan una amenaza para sí mismas ni para terceros”, dijo Belski.

En noviembre de 2007 un policía le ordenó a Jarrel Gray -un afroamericano de 20 años- que mostrara las manos y que se tirara al suelo. Según la versión oficial, Jarrel se negó y el agente le aplicó dos descargas en el pecho con una pistola Taser. El joven cayó al piso boca abajo y recibió una nueva descarga aunque ya no podía moverse. Murió dos horas después en un hospital. Los amigos contaron que sufría de sordera parcial y que pudo no haber escuchado las órdenes de la policía. Un año después, un tribunal justificó el uso de la Taser.

Andrew Meyer quería hacerle una pregunta al senador John Kerry en la Universidad de Florida, en septiembre de 2007. La policía del campus intentó sacarlo del salón, lo tiró al piso y le aplicó una descarga con una Taser por “resistencia física”.

Baron Pikes estaba en el suelo, esposado y rodeado de policías. Como desoyó la orden de levantarse, recibió seis descargas con una Taser. Después lo subieron al patrullero y le dieron una vez más, directo en el pecho. Cuando recibió las últimas dos descargas ya estaba muerto: tuvo un paro cardíaco por las nueve descargas de 50.000 voltios.

Keith Graff estaba en el suelo cuando la policía de Phoenix, Arizona le aplicó la pistola Taser durante 84 segundos a corta distancia, sobre el pecho desnudo. Murió por un “delirio con excitación”. El gobierno local tuvo que pagar dos millones de dólares por la demanda que impuso la familia del joven de 24 años.

En las recomendaciones que hace el Comité contra la tortura sobre la situación de cada país, advierte preocupación cuando se trata de las armas Taser porque su uso puede llevar al abuso de la fuerza. En el informe de diciembre de 2014 se refirió al caso de Estados Unidos y se mostró “consternado por el número de muertes ocurridas supuestamente como consecuencia del uso de armas de descarga eléctrica”. Además señaló los “numerosos y coherentes”testimonios sobre la utilización contra personas no armadas que se resisten a la detención o no cumplen inmediatamente las órdenes, sospechosos de delitos de poca gravedad e incluso menores de edad.

Según el comité, los estados deben “procurar que las armas de descarga eléctrica se utilicen exclusivamente en situaciones extremas y bien definidas —cuando exista una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesiones graves— como sustituto de las armas letales, y únicamente por agentes del orden debidamente capacitados”.

El problema es cuando la que va a usar las Taser es una policía creada como “una fuerza de choque propia” y que ya tiene un  historial de abuso: represión, violencia institucional y desalojos. “La Metropolitana no tiene control territorial, no responde a un mando geográfico sino a un partido. Más que la policía de un lugar, es la policía del PRO y está diseñada para reprimir manifestaciones, perseguir inmigrantes, manteros, vendedores ambulantes, contraventores”, dijo Ragendorfer.

Luego de la toma del Parque Indoamericano en 2010, la justicia investigó a 41 agentes por la muerte de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y las heridas de bala de plomo contra otras cinco personas. En el desalojo de la Sala Alberdi hubo fotógrafos y trabajadores de prensa heridos con balas de plomo y por el caso hay tres policías procesados con prisión preventiva por “tentativa de homicidio agravado” y otros delitos.

En la represión en el hospital Borda 32 médicos, pacientes y trabajadores resultaron heridos. Por la represión, hay un agente de la Metropolitana procesado. En diciembre la justicia dictó el sobreseimiento de los responsables políticos de la Ciudad.

Cuando desalojaron el barrio Papa Francisco, el diputado Horacio Pietragalla vio cómo cinco policías de la Metropolitana arrastraban de los pelos a un pibe. “Fuimos a hablar con el responsable de la fuerza. De atrás, otros policías me pegaron piñas y me tiraron al piso. Después empezaron a disparar. Eran barrabravas, no canas”, contó en aquel momento a Cosecha Roja.

En mayo el oficial de la Policía Metropolitana Enzo Fabián Álvarez fue condenado por la justicia a la pena de prisión perpetua por rematar en el piso a un ladrón que había detenido en el barrio de Chacarita. Cuando Bruno Germán Pappa estaba en el piso el agente le disparó en la cara y lo mató. Otro policía a ver qué pasaba y Álvarez dijo: “No te apures que ya es boleta”.

El 7 de febrero ‘Robertito’ Autero, un pibe de 16 años que vivía en la calle y que andaba por la zona de Parque Rivadavia con tres amigos. El oficial de la Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres los encontró tratando de abrir un auto estacionado y dio la voz de alto. Ellos corrieron pero el agente disparó. Otro policía (de la Federal) detuvo a uno y los otros dos escaparon. El cuerpo de Robertito quedó tirado en Rosario al 300.

El 15 de diciembre del año pasado un patrullero de la Metropolitana chocó y mató a Nehuén, un joven de 18 años que iba en moto por La Boca. La versión del policía que manejaba es que iban a 37 kilómetros por hora. Los testigos dijeron que pasaron rapidísimo: al cuerpo de Nehuén lo arrastraron 23 metros.

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El discurso en torno a la ‘inseguridad’ fue uno de los bastiones de la campaña de Mauricio Macri en 2007. Al año siguiente, creó la Policía Metropolitana y, al frente, designó al ex comisario Fino Palacios. “Llevaron a lo peor de la Federal, de ese sector que se fue por la purga que hizo Néstor Kirchner en 2004”, explicó Ragendorfer.

En su momento, cuando el gobierno porteño preparaba la fuerza, el ministro Guillermo Montenegro se jactaba de que se habían basado en la policía de Cataluña. Según Ragendorfer, la única actividad de los llamados “Mozos de Escuadra” es la de perseguir inmigrantes. El periodista se lo planteó al ministro en una entrevista y Montenegro levantó los hombros y le respondió:

– Y bueno, allá es lo que la gente pide….

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[Nota publicada el 30/10/2015]

Fotos: Infojus Noticias y Telam