Faltaban pocos días para el verano y las moscas zumbonas del Riachuelo eran una nube lenta bajo la autopista. Al rato de acostarse, Angie Ramos Teruel sintió una sacudida que la despertó: el techo temblaba. Asomó la cabeza por la ventana y miraba, pensando si era real o pesadilla, cómo caían los pedazos del tercer piso de la casa.
—Oiga, que estoy aquí —les gritó con algo de rímel todavía estampado de la noche anterior. Por dentro, ya rezando a la virgen de la Guadalupe y de la Puerta. Por dentro, encomendada a su Dios para no morir aplastada.
En el techo un grupo de hombres con picos y combas seguía las instrucciones de otro que les gritaba desde abajo. Esa mañana de 2015 la orden era demoler, desmantelar hasta los cimientos las construcciones precarias que se levantaron las últimas cuatro décadas en el margen más contaminado y oloroso de Buenos Aires: la cuenca del Riachuelo.
—Vamos, están derribando —dijo Nikol Zambrano, una de sus compañeras travestis.
A diferencia de Angie, Nikol estaba segura que las aplastarían si no se iban de las habitaciones que alquilaban a una mujer, también peruana, que ya no vivía en la casa porque le habían prometido un subsidio.
—A dónde vamos a ir, ¡a dónde carajos! Yo no me voy —decía o pensaba o decía y pensaba o gritaba Angie.
En otra de las habitaciones, un piso abajo, un hombre al que todos llamaban El Payasito tenía en sus brazos a su hija y hablaba con un inspector del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que le prometía un subsidio si se iba. El Payasito se ganaba la vida haciendo globos y piruetas como único ingreso. Ante la propuesta, hizo cálculos: con la plata podría pagar unos meses una pensión y salir de la mugre del Riachuelo. El subsidio de 1800 pesos por mes no era la gran cosa, pero si lo sumaba a las changas y al payaseo ambulante quizá llegara a un cuarto alejado de las ratas para él y su nena.
La situación de Angie y sus compañeras travestis era distinta: por más que les dieran los 1800 sabían que de un día para el otro no encontrarían lugar. Por ser travestis, peruanas y con documentación temporaria ya les habían dado varios portazos en la cara. Y si bien ese día no hubo acuerdo, la seguridad con la que se plantaron hizo retroceder a los municipales. Fue el comienzo de una guerra fría: los del IVC pusieron, frente a su ventana, una oficina container que funcionó como el búnker del derribo de las casas del asentamiento Lamadrid, que se levanta -o cae- a cinco cuadras del bohemio pasaje Caminito.
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El Riachuelo guarda el record infame de estar entre los diez ríos más contaminados del mundo: en su cauce de 64 kilómetros, tiene una base fuerte de metales como cadmio, cromo trivalente, zinc, plomo y mercurio; que combinados con nueve toneladas de chatarra, forman un caldo cancerígeno, vaporoso de a ratos. Más allá de su negrura tóxica, lo que distingue a la cuenca Matanza-Riachuelo en esta zona de La Boca es el olor a podrido. Si bien existe una prohibición, cualquier vecino del barrio sabe que las fábricas se las ingenian para tirar sus residuos en el río. Los días de lluvia o crecida son los peores: todos aprovechan para descargar lo indeseable y el tufo invade las casas como un espectro.
Podría ser una reserva natural, pero parece un pantano. Podría tener peces, pero su agua no tiene oxígeno. Podría ser el triunfo de una promesa menemista: “limpio en 1000 días”; pero es una prueba más de la privatización corrupta. Podría ser un paseo en bote, pero flotan cadáveres seguido para recordar que no. Podría tener vida, pero su contaminación se mete por las napas y llega incluso a quienes están lejos. Podría, podría y se pudría. El Riachuelo es un potencial constante y una afirmación: junto con las aspiraciones de ciudad cosmopolita, europeizada y moderna; Buenos Aires lo convirtió en su cloaca a cielo abierto.
Lo mortífero de este agua llegó a la Corte Suprema de la Nación en 2008, cuando el fallo “Mendoza” ordenó que el Estado limpie la cuenca, reubique a sus habitantes y planifique cómo neutralizar sus venenos. Para cumplirlo, se creó por ley la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un organismo que, desde su nacimiento, tuvo denuncias de soborno por parte de las empresas que contaminan. Un año antes de ACUMAR, con el auge de convertir a la Ciudad en un espacio verde, se reglamentaba la ley 2240, que declaró la zona del asentamiento Lamadrid en “Emergencia Urbanística y Ambiental”. Como el espíritu de la High Line en Nueva York, la ley busca reacondicionar el espacio bajo la autopista en algo diferente: un pulmón que respire la basura del Riachuelo y devuelva aire para el siglo XXI. Pero acá, a diez minutos en auto de Puerto de Madero, había 1217 personas viviendo en la precariedad, según el área porteña de Censos y Estadísticas. Ahí aparece el IVC, para pensar a dónde trasladar a estos habitantes.
—En 2011 hicieron el censo habitacional para estimar cuántas personas vivían en el asentamiento. Fueron casa por casa y tomaron nota para entregar subsidios y préstamos que ayudaran a dejar la zona que va del puente Avellaneda hasta el bajo de la autopista La Plata. Me parece muy raro que a ninguna de las siete compañeras trans que estaban viviendo las hayan censado. Más que raro, directamente discriminatorio.
La que habla es Marcela Tobaldi, una de las referentes travesti – trans en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad (MPD), un organismo que cubre rubros tan variados como dar asesoramiento legal, intervenir en sitios en conflicto, concientizar sobre poblaciones migrantes o contar cuántas personas duermen en la calle.
Con Tobaldi se dio el primer contacto entre las trans del asentamiento y el MPD. Por entonces, ella no trabajaba en la entidad, pero iba seguido al territorio con la organización en donde milita -La Cámpora- y gestionaba charlas. “Invitábamos instituciones para que las compañeras se capacitaran, sepan de sus derechos y no las pisoteen. Una persona trans en estado de prostitución está prácticamente fuera del sistema en un montón de aspectos, por eso trabajamos muy fuerte con que tengan documentación, accedan a terminar los estudios y tengan atención básica de salud acorde a sus necesidades”.
Se reunían los martes, a veces en el local y a veces en uno de los cuartos de dos por tres metros, precarios pero dignos, que alquilaban a la mujer peruana. Uno de los logros de entonces fue conseguir micro-créditos para que las siete pusieran sus emprendimientos. Hasta el Ejército de Salvación ayudó con muebles y avanzaron en proyectos de costura, peluquería y lavandería. Hoy, a la experiencia la recuerdan como algo lindo aunque no próspero, ya que los negocios no funcionaron. La prostitución sigue siendo la principal fuente de sus recursos.
“Es muy difícil todo el entramado de discriminaciones que nos rodea. El trabajo para nosotras más que derecho parece un sueño, es una deuda pendiente. Queremos que haya otras posibilidades que salgan del destino marcado de la prostitución”, dice Tobaldi, segura, delineada, elegante pero no desapercibida; junto al cartel de propaganda con el que se postuló en las últimas elecciones a diputada suplente por Unidad Ciudadana.
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A los dos años del primer censo, el IVC hizo una segunda pasada, en la que tampoco fueron incluidas las siete mujeres trans. Pero esta vez, como se sentían más empoderadas, preguntaron a los vecinos qué pasaba: así se enteraron que todos habían sido censados, que la mayoría estaba con el plan de buscarse otra vivienda. Se armó revuelo, anoticiaron a Tobaldi y en la Defensoría empezó la gestión para que las incluyeran. Mientras pasaban los meses sin respuesta, veían cómo las casas iban cayendo a pedazos mientras sus inquilinos y propietarios se iban. Algunas no lo soportaron y empezaron a conseguir alojamiento por su cuenta en algún hotel, o incluso a quedarse en la calle. Angie y Nikol siguieron resistiendo, casi hasta que ya no hubo paredes.
Para fines de 2015, la escena era de posguerra.
Les sacaron el tanque de agua. Los caños. El baño. Parte del techo. Las escaleras.
—Oiga, yo seré peruana, seré travesti, seré puto si así me quiere decir. Seré prostituta, seré villera. Pero conozco mis derechos y no me pueden tratar de esta manera. Usted nos quiere sacar como perros y no tenemos a dónde ir —cruzó Angie al inspector del IVC, al que ya tenía calado por estar todos los días vigilando desde el container.
—Ya hablé con la dueña. Tenemos la orden de deshabitar —le respondió él, cada vez más seco, cada día con menos palabras para argumentar.
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Para el Ministerio Público de la Defensa la causa “Mendoza” es inseparable de la violencia institucional: saben por sus relevos que la mayoría de las personas que deben ser relocalizadas por vivir en la zona fueron alguna vez víctimas de maltratos. En varios puntos, las razones sociales que las empujaron a vivir junto al Riachuelo convergen con la selectividad del sistema penal. “Para las fuerzas de seguridad sus cuerpos, costumbres y hábitos coinciden perfectamente con los estereotipos racistas, xenófobos, clasistas, machistas, cisnormativos y heteronormativos”, dice uno de los informes que el MPD escribió sobre Lamadrid.
Días antes de la primera navidad con Mauricio Macri como presidente, cansadas por no ser incluidas y por las ofensas que sentían en aumento, Angie y Nikol hicieron una denuncia formal contra el inspector que las hostigaba. La presentación que llevaron al Juzgado Federal N° 2 de Morón, patrocinadas por cuatro abogados, reclamó “aplicar un enfoque de derechos humanos”, para que los procesos de relocalización no vuelvan sobre los patrones de violencia y discriminación que las llevó junto al Riachuelo. En un lenguaje más directo, lo que pidieron fue que las ayudaran a conseguir un lugar para vivir que no fuera otra de las casas por derrumbarse, tal como les habían sugerido como propuesta informal.
En el primer “no” que recibieron durante la demanda, el argumento fue que las exigencias en la Ciudad para el realojamiento son: encontrarse dentro del censo; residir en forma permanente en el asentamiento o villa y obligación de dejar la totalidad del lote y la vivienda al momento de comenzada la obra. Para el IVC, el hecho de que Nikol y Angie no fueran relevadas indicaba de manera objetiva que no estaban viviendo en Lamadrid. Para la Defensoría, en cambio, ese no era ni por lejos motivo suficiente. Así lo argumentaron frente al juez:
“La mayoría de las mujeres trans que viven en las villas y asentamientos son inquilinas informales de las habitaciones más precarias y por lo tanto están expuestas a una situación de extrema vulnerabilidad e inseguridad habitacional. Por esta razón no tienen acceso a facturas de servicios públicos a su nombre ni recibos de alquiler que les permita probar que viven de manera permanente en la villa o el asentamiento. Además, como inquilinas informales están expuestas a constantes desalojos arbitrarios, lo que las obliga a mudarse de habitación periódicamente, hasta que las vuelven a desalojar”.
Por entonces Nikol no se imaginaba que tener una causa en la justicia algún día la ayudaría. Y menos en un juicio. En 2011 la habían detenido acusada de “oferta y demanda de sexo en el espacio público”, un artículo del Código Contravencional de la Ciudad que, en general, se usa de manera extorsiva por las fuerzas de seguridad cuando una travesti no quiere pagar coima. Como el acta informaba la zona de residencia, quedó asentado que a pesar de no tener un domicilio legal había vivido en los pedazos de casa que el Estado buscaba demoler.
—Decían que nos habían notificado, pero no era cierto. A muchas de nosotras nos toca salir a trabajar de noche y por las mañanas no estamos o estamos durmiendo. Parecía no importarles nuestra justificación. No les importaba nada de lo que tuviéramos para decirles. Ellos tenían un plan y buscaban cumplirlo —recuerda Nikol.
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A seis años del primer censo de relocalización de Lamadrid, siendo la primavera de 2017, la historia de Angie y Nikol termina alejada del olor a podrido y los escombros. Después de varias instancias, ganaron la demanda y se transformaron en un precedente para el derecho a la vivienda de las personas travestis y trans: al considerar que fueron víctimas de discriminación, por no haber sido censadas en ninguna de las pasadas, el tribunal ordenó al IVC que les pague un crédito inmobiliario de un millón y medio de pesos, como al resto de los beneficiados, para comprarse un techo. Las dos eligieron tener sus hogares en la zona cercana a donde hacen parada: Angie concretó la compra de su departamento, donde vive con su perro Braco, mientras que Nikol lo tiene señado y espera que la firma de los papeles sea rápida, ya que sigue viviendo en una pieza de hotel.
—La verdad la verdad, no creía que llegáramos a ningún lado con la demanda. Fue largo. Tengo 41 años y estoy cansada de vivir de la prostitución, ya no sé si cuando salgo a la calle me va a pasar algo. Hacés el mango, sí, pero hay mucha violencia —sincera Angie, el delineado de ojos con trazo egipcio, la voz pausada. —Los próximos años me gustaría atender en un comercio, es algo que siempre pienso. Pero quién te va a contratar. En locales como estos no hay ni una travesti —dice y señala el Mc Donalds de Constitución, donde hay más gente haciendo fila para entrar al baño que para comprar café.
A tres kilómetros, en el asentamiento, las cosas no son todavía el idilio verde que proyecta el gobierno de la Ciudad. El espacio que dejan unos lo están ocupando otros y la contaminación no da tregua. Se puede chequear pasando cualquier día de lluvia: el espectro de tufo vagabundea.
