Un grupo de trabajadoras sexuales trans de Constitución se reunió con las dirigentes de Ammar porque unos pibes de 15 y 16 años solían molestarlas cuando trabajaban. Las insultaban, les tiraban piedras y hasta llegaron a robarles cuando salían de los hoteles transitorios de la zona.
—Vamos a cagarlos a palos y se terminó el problema—dijo una.
La propuesta se descartó. Si ellas les pegaban, ellos volverían con más gente y la pelea sería eterna. Otra propuso hablar con sus padres o con los directivos de la escuela, pero ninguno de los chicos estaba escolarizado y las familias estaban descompuestas.
La solución llegó un sábado después de varias reuniones. Una de las chicas avisó que los adolescentes estaban bailando en la murga del barrio. Le contaron a los coordinadores lo que pasaba y ellos las invitaron a dar una charla a todo el grupo sobre identidad de género, trabajo sexual y violencia institucional.
—Ustedes no pueden ser enemigos porque tienen un enemigo en común: la policía —dijo el coordinador a los pibes.
Los chicos se abrieron. Contaron que la policía los hostigaba y los mandaba a robar, hablaron de maltratos y situaciones de violencia machista en sus casas. “Los pibes de la plaza generaron un vínculo con ellas. Hoy son la primera murga que tiene una canción que habla de la violencia contra el colectivo travesti trans”, contó Georgina Orellano, secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) durante el Encuentro Regional Feminismos y Política Criminal.
“Si pensamos esa política con los pibes cómo las feministas no nos vamos a poder sentar a pensar alternativas al punitivismo, políticas que generen más autonomía y sororidad”, planteó Orellano.
La titular de Ammar participó del panel “Violencias Institucionales: entre persecuciones policiales y ensañamientos carcelarios”. Al comienzo de su celebró la apertura de un espacio de discusión de una agenda feminista para la justicia pero criticó que el debate no se haya dado antes, cuando cuando “un sector del feminismo” implementó políticas punitivas para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual y “le dio más herramientas al sistema penal machista y patriarcal” para perseguir a las trabajadoras sexuales.
“El sistema penal, en nuestra experiencia, también es clasista y selectivo: quienes terminamos siendo estadísticas comos las y los que venimos de los sectores populares”, dijo Orellano, quien participó del panel junto a Paula Viturro, profesora adjunta de Filosofía del Derecho de la UBA, Flavia Pieroni, integrante del Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba y Laurana Malacalza, docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La moderadora fue Ileana Arduino, abogada y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Feminismos y Justicia Penal de INECIP.
Orellano contó historias de persecución policial y judicial a las trabajadoras sexuales. Habló de las dificultades de trabajar en la calle y de organizarse en cooperativas. “Ante el punitivismo pensemos políticas feministas: no queremos un feminismo que cuenta muertas, queremos un feminismo sororo”, dijo.
