Ana vive en la provincia de Tierra del Fuego. Para que su hijo Tomás pueda estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, decidió alquilarle un monoambiente amueblado en CABA. La búsqueda había empezado a principios de 2020, pero la pandemia retrasó todo. El alquiler del primer departamento los agarró en plena cuarentena y casi no lo habitaron. Pero como no podían viajar por el aislamiento obligatorio para entregar la llave, estuvieron pagándolo por varios meses. En 2021 consiguieron otro y en febrero de este año empezaron otra búsqueda, que les llevó dos meses y está casi terminada: esta semana esperan poder firmar el contrato.
“No conseguís nada por menos de 60 mil pesos”, dice a Cosecha Roja y detalla: “Las ofertas van en todas las direcciones: ofrecen departamentos muy lindos pero totalmente inaccesibles, entre 80 y 120 mil pesos. Y estamos hablando de un monoambiente o departamento con cocina separada pero sin dormitorio”. En la búsqueda, vieron de todo: desde un monoambiente que considera mesa a una especie de tabla de planchar, hasta otro que directamente no tiene cama, sino un sofá.
Finalmente consiguió éste en el límite entre Recoleta y Balvanera a 55 mil pesos por mes, más 10 mil pesos de expensas.
¿Quién regula los precios de los alquileres? ¿Cuáles son los gastos extras que tiene que afrontar el inquilinx? ¿Cuánto duran los contratos? ¿Cuál es un precio “lógico” para pagar?
La Ley de Alquileres, que se sancionó en junio de 2020 vino en principio a responder estas preguntas y a ubicar a lxs inquilinxs en un lugar de beneficio con respecto a las empresas inmobiliarias. Entre otros puntos, extendió el plazo mínimo de los contratos de alquileres de dos a tres años; dispuso una actualización anual (y no semestral) del precio de todos los contratos sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE); estableció que todos los contratos deben registrarse en AFIP; fijó que el depósito en garantía sea de sólo un mes y con un monto no mayor al primer mes de alquiler, y que las expensas extraordinarios sean abonadas por el propietario.
A pesar de la vigencia de la ley e inmediatamente después de que venciera el decreto presidencial que estableció la prohibición de aumentar los precios de los alquileres por la situación de pandemia, empezaron los problemas. O aumentaron. La falta de regulación sobre las especulaciones inmobiliarias y la carencia de un control de la aplicación de la ley derivó en aumentos impagables: según un informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, desde la sanción de la norma hasta abril de este año, los alquileres aumentaron entre 157% y 184% en el Gran Buenos Aires y 135% en la Ciudad de Buenos Aires. Más que la inflación, que acumuló un 103 por ciento en ese mismo período.
El aumento desmesurado y las avivadas del mercado inmobiliario hicieron lo suyo. Desde diferentes sectores -especialmente desde Juntos por el Cambio- se puso en cuestionamiento la Ley de Alquileres y se presentaron varios proyectos para derogarla y reemplazarla por otras.
Como consecuencia, la Ley de Alquileres sancionada hace poco menos de un año y medio volvió al Congreso. Desde la semana pasada se está tratando en la Comisión de Legislación General.
Para el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, lo que está en juego en este nuevo debate de la ley es el rol del Estado. “El mercado inmobiliario y Juntos por el Cambio están intentando volver atrás y correr al Estado de la regulación de los alquileres”, dice a Cosecha Roja. “Con la votación de la ley se pone sobre la mesa qué rol tiene que tener el Estado. Se vota la extensión del contrato a tres años, la actualización anual y ahí empieza esta tensión entre las organizaciones que le decimos al Estado que controle el cumplimiento de la ley y el mercado inmobiliario que le plantea el Estado que se corra, que derogue esta ley y volvamos a las condiciones anteriores en donde el mercado decidía todo”, explica.
En todo este tiempo de vigencia de la ley, los y las inquilinas denuncian situaciones inverosímiles pero no por eso menos ciertas: por ejemplo, ofertas de hacer un contrato fuera de la ley por un monto determinado o hacerlo dentro de la ley por 10 mil pesos más.
Las exigencias para firmar un contrato rozan el disparate. Ana se considera una privilegiada: no sólo porque puede justificar, mediante su recibo, un sueldo muy por arriba del promedio, que le asegure a la inmobiliaria que es solvente, sino porque una amiga que vive en Buenos Aires le prestó su escritura para que presente como garantía. De otra manera, no hubiese podido alquilar. “No todas las personas que viven en otras provincias tienen a alguien que les de una escritura de Buenos Aires”, dice. El Banco de Tierra del Fuego ofrece desde 2018 un aval para estudiantes que los habilita a alquilar una vivienda en otras provincias sin necesidad de presentar otro tipo de garantía. Pero en general, los propietarios de los inmuebles, en este caso en Buenos Aires, no lo aceptan como garantía.
“Creo que el Estado tiene que tener algún tipo de regulación y control. En Buenos Aires es impresionante la cantidad de torres de lujo que se construyen que luego no van al mercado porque, sobre todo ahora que se rehabilitó el turismo internacional, esos departamentos se alquilan temporariamente en dólares”, dice Ana, haciendo referencia a una situación que planteamos hace un tiempo en Cosecha Roja.
“No se puede dejar todo librado al mercado y sálvese quién pueda”, agrega.
Noemí alquila un PH (propiedad horizontal) de dos ambientes en la zona céntrica de Banfield este, en el conurbano bonaerense. A los dos meses de estar viviendo allí, se rompió el motor del portón de la cochera. Según le comentaron sus vecinxs, el desperfecto venía de mucho antes de que ella se mudara, pero la administradora del edificio pasó el arreglo como “expensas ordinarias”, es decir, lo tuvo que pagar ella también. Lo mismo le pasó con una filtración de agua de otro departamento: el gasto también se sumó a las expensas. “Se contempla como un hecho que debe decidir el propietario con el inquilino. Por lo cual, al estar una inmobiliaria mediando entre ambos, la respuesta siempre es a beneficio del propietario”, dice Noemí.
Cosecha Roja habló con varixs inquilinxs y muchxs coinciden en que con la nueva ley “se descalabró todo”. ¿Entonces es esta ley la que no sirve? Para Muñoz, hay otra explicación: “El vínculo más directo que tienen los inquilinos con la ley de alquileres es la inmobiliaria, no es el Estado”, dice. “El mercado inmobiliario desplegó todas las estrategias posibles en contra de la normativa. Sobre todo, mucha desinformación, planteando que como ahora tenes la ley de alquileres, vas a tener que pagar más caro o como ahora está la ley de alquileres vas a tener que pagar tal cosa”, detalla.
“Todo esta campaña contra la ley funciona porque en Argentina el Estado se retiró completamente de garantizar los derechos de los inquilinos”, opina Muñoz. “Nosotrxs que militamos desde hace mucho tiempo sabemos que si hubiese un gobierno que controlase más la ley, que difundiese los derechos, la defensa de la ley sería más grande. Pero la mayoría de los inquilinos todavía no conoce todos los derechos que se conquistaron la ley”.
Este martes al mediodía, la Cámara de Diputados comenzará con el debate en comisiones de todos los proyectos. Expondrán representantes de organizaciones de inquilinxs y del sector inmobiliario. Los dos puntos críticos de la actual ley sobre los que se quiere volver para atrás son la duración de los contratos (que pasó de dos a tres años) y el ajuste anual de los precios por una fórmula que combina 50% inflación (IPC) y 50% variación salarial (índice Ripte).
