Por Claudio De Moya en El Ciudadano
Son 10 mil hectáreas en la isla Irupé, jurisdicción de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, a la altura de la santafesina Villa Constitución, dentro de un área natural protegida, la Reserva de Usos Múltiples Islas de Victoria. Pero están a la venta y se ofrecen con toda la infraestructura para un emprendimiento agropecuario de gran escala en los frágiles humedales que, de nuevo, están a punto de quedarse sin una ley nacional de protección. La denuncia de esta violación a normas subnacionales vigentes y fallos judiciales está colgada en redes sociales desde hace varios meses y ahora la tomó la Multisectorial Humedales junto a otros colectivos ambientalistas.
La información volcada en el anuncio de venta no deja dudas sobre el destino para el que se ofrece la propiedad, casi tan extensa como el área urbanizada de Rosario, que es de poco más de 12 mil hectáreas.
La venta se promociona con 24 kilómetros de terraplenes de gran altura, que modifican los patrones de escurrimiento de aguas e interrumpen los ciclos de vida de la fauna. Además, 25 kilómetros de caminos internos, otros 45 de canales de drenaje. Y “25 mil horas de movimiento de suelo”, junto a estaciones de bombeo, silos, galpones y hasta una pista de aterrizaje.
El anuncio tienta con las “aptitudes” del terreno: “Muy buena isla para agricultura, engorde, cría y recría por sus pasturas permanentes, pastosas, abundantes y de gran altura”, señala el texto comercial. Agrega que comprende 1.500 hectáreas aptas para siembra (soja, maíz, trigo, sorgo, colza, papa, arveja) y 8.500 con pasto natural. Más: afirma que cuenta con una habilitación del Senasa para exportar carne del ganado criado en la zona.
Todo, y a un valor de 15 millones de dólares, en una reserva de 376 mil hectáreas dentro del sistema del Delta del Paraná que sólo admite usos productivos que no degraden los ecosistemas locales.
Un terraplén que resistió a la Justicia y a las crecientes del Paraná
Esas tierras son ofrecidas por una inmobiliaria de Buenos Aires (ZonaProp), pero la escritura de venta está en manos de una firma holandesa más que conocida por haber iniciado varias veces, con interrupciones judiciales y de la propia naturaleza de por medio, explotaciones agrícolas de gran escala que atentan contra el ambiente de humedal, regido por la dinámica del agua y diferente a la de los paisajes pampeanos en que se los quiere transformar con intervenciones peligrosas.
Las 10 mil hectáreas a la venta comprenden el área donde antes funcionara Bema Agri, la multinacional holandesa con múltiples denuncias por daño ambiental.
En 2018, la Justicia le puso fin a un emprendimiento que, ahora, con la venta de los terrenos, se invita a continuar. En ese momento, la compañía interpuso un recurso de inconstitucionalidad respecto de la potestad de la Municipalidad de Victoria para regular el uso del suelo. Se trataba, en esa causa, de un terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas con el fin de hacer explotación agrícola. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la acción, la multinacional apeló y, en noviembre de 2019, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ratificó lo dictado por la Cámara.
Las obras ilegales de Bema Agri comenzaron en 2008. Siguieron pese a las intimaciones de Victoria, luego de las denuncias de colectivos ambientales, como El Paraná no se toca, e incluso se retomaron tras las crecientes de 2010 y 2016 que sobrepasaron los terraplenes. En septiembre de 2015 circularon fotos de la construcción de galpones –uno de ellos de 150 metros de largo– y silos en el Irupé, isla circundada por los arroyos Estévez, San Lorencito y Los Laureles.
La MH señala en su reciente comunicado que el 26 de noviembre último informaron a la Delegación de Islas de Entre Ríos sobre la oferta inmobiliaria de los mismos terrenos, quedando a la espera de una respuesta de acción.
Del aviso de venta es posible deducir que, finalmente, Bema Agri desistió del negocio agropecuario. Ya había sorteado dificultades administrativas y desoído fallos judiciales gracias a la poca voluntad política por hacer respetar las normas sobre uso del suelo en las islas.
La Ordenanza 1.787 de Victoria, promulgada en julio de 2008, prevé que todo “emprendimiento en territorio de las islas del Paraná comprendido en el ejido municipal de la ciudad de Victoria, en lo que respecta a urbanización, construcción y modificación de la topografía del terreno, cursos de agua y prácticas que alteren el ecosistema, quedará supeditado a la opinión del Concejo Deliberante”. Pero siguió adelante.
La Ordenanza 2.472 establece que el suelo litoral, que comprende los terrenos del ejido ubicados en la zona de islas en lo referente a usos de la tierra no está admitida la “agricultura y actividades productivas industriales” con la excepción de “usos agrícolas de cultivos orgánicos…”. Tampoco.
Y ahora, ofrecen los terrenos adquiridos en 2008 con las intervenciones prohibidas intactas y la inducción a un uso vedado por la ley.
En ese marco de laxas intervenciones de los gobiernos locales, el proyecto unificado de ley nacional para la protección de los humedales continúa trabado en la Cámara de Diputados y con riesgo de, otra vez, perder estado parlamentario.
“Lamentablemente, no se percibe voluntad política que haga vislumbrar un pronto avance. Hoy somos los ciudadanos los únicos guardianes de los bienes comunes que hacen a la calidad de vida de todos los argentinos”, reprocha el texto de la MH.
