Gabriela Martínez – La Jornada.-
El juzgado cuarto de distrito admitió el recurso de amparo interpuesto por la defensa de la indígena kumiai Aurora Meza, encarcelada por abigeato desde el 25 de diciembre.
La abogada Marisol Pérez Prado explicó que el 16 de enero presentó el recurso legal ante el juzgado en Tijuana del Poder Judicial de la Federación, en el que acusa al juez de primera instancia de ese municipio y al sistema penitenciario de cometer irregularidades en el proceso de Aurora y violar sus derechos humanos por no proporcionarle un traductor ni permitir a su representante legal a estar presente durante su declaración.
“La ley es muy clara en el caso de miembros de comunidades indígenas, pues en el artículo segundo de la Constitución te pide que los apoyes con un traductor pero además con un intérprete; esto no es una opción, es una obligación, no importa si habla castellano”, dijo.
Este martes le notificaron la admisión del amparo 37/2015 y fijaron las fechas para las audiencias incidental y constitucional programadas para el 29 de enero y el 19 de febrero, respectivamente.
En el primer encuentro, dijo, tanto el juez como el sistema penitenciario deben justificar la detención de Aurora y la razón por la que no se respetaron sus derechos, pero en febrero la indígena dará su testimonio ante el juez federal sobre su arresto y encarcelamiento.
Advirtió que analizan presentar una demanda contra el estado mexicano por daño moral, una vez que Aurora recobre su libertad, y pedirán que investiguen a las autoridades que cometieron irregularidades durante el proceso.
Pérez Prado explicó que la intención es crear un parteaguas y demostrar que las autoridades incumplieron los tratados internacionales y leyes que protegen a los pueblos indígenas, ya que desobedecen las políticas públicas que existen en el país para garantizar sus derechos.
La abogada ha recibido presión para que se desista del caso a partir de que presentó la solicitud de amparo y reveló que, entre ellas, se encuentra una llamada telefónica de un representante de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, cuya identidad mantiene bajo reserva, quien le advirtió: “no quisiera decirte que las cosas van bien encaminadas, pero un diputado habló con el juez y podrían liberarla si tú te dejas de presentar recursitos”.
Además de las violaciones al debido proceso, la abogada asegura que también existe responsabilidad de otras autoridades, ya que antes de vender los caballos, se presentó en la delegación municipal para obtener el permiso de comerciar, sin que le advirtieran que era un delito.
Aurora es una mujer indígena kumiai, de 53 años, acusada de abigeato por vender un par de caballos que entraron a su propiedad y dañaron diversos bienes. Desde su detención, miembros de su comunidad y activistas de derechos humanos han realizado diferentes actividades para exigir su liberación ante la certeza de que se trata de un intento de despojarla de sus tierras, entre ellas protestas en el Ayuntamiento de Tecate y frente a la Penitenciaría de La Mesa de Tijuana, donde está recluida.
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