“Valen más los lobby empresarios e importa poco lo que los chicos coman en los comedores. Hay que ser muy caraduras para no votar esta ley”, dijo esta mañana la chef Narda Lepes en la radio Nacional Folclórica. “Exceso de lobby”, posteó la periodista Soledad Barruti en su cuenta de Instagram. Una se anticipó y la otra definió así la caída de la sesión de Diputados en la cual se iba a tratar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.
Se supo anoche después de que el bloque del Frente de Todxs llamara a una sesión extraordinaria para tratar, entre otros temas, ese proyecto de ley: Juntos por el Cambio no iba a dar quórum. Lo anunciaron los propios diputados en sus cuentas de Twitter, la nueva vía institucional para debatir sin pasar por el recinto.
“El oficialismo llamó a una sesión especial sin consensuar con la oposición. Tras la derrota deberían tener más humildad”, tuiteó Mario Negri. Como si lo hubieran charlado antes, Cristian Ritondo posteó algo similar.
¿Conclusión? El proyecto está más cerca de perder estado parlamentario. Si no se trata en el recinto antes de fin de año, habrá que empezar de cero.
La iniciativa no sólo tiene una gran aceptación de la sociedad, sino que cuenta con el apoyo de más de 100 organizaciones científicas, académicas, de la sociedad civil y referentes del ámbito de la salud de toda América Latina.
De aprobarse, la ley obligará a fabricantes, fraccionadores y envasadores a poner etiquetas octogonales negras con letras en blanco a los alimentos y bebidas analcohólicas. Indicarán: “exceso en azúcares”, “exceso en sodio”, “exceso en grasas saturadas”, “exceso en grasas totales”, y/o “exceso en calorías”. La ley también apunta a la nutrición infantil: prohíbe que la publicidad y promoción de estos productos esté dirigida a niñxs así como la inclusión de personajes infantiles, deportistas, animaciones o mascotas, entre otros elementos marketineros.
La falta de quórum de Juntos por el Cambio, ¿es una disputa política o hay otros intereses detrás? ¿Cuáles son esos intereses? ¿Quiénes se oponen a la ley? ¿A quién perjudicaría?
Se sabe: quienes están en contra del proyecto son las cámaras empresarias de la industria alimenticia. Una de ellas es la Coordinadora de las industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que nuclea a unas 35 cámaras sectoriales y a las más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas, PyMEs y economías regionales del país.
En un comunicado, pidió que el texto aprobado por el Senado “tenga en cuenta al sector productivo”. El titular de la Coordinadora, Daniel Funes de Rioja, quien es también el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), declaró: “Tal como está planteado, atenta contra el desarrollo y productividad del sector”. La COPAL está preocupada porque la nueva ley traiga problemas a la exportación de alimentos. Y exige que el texto se “armonice” con las autoridades del Mercosur.
En la misma línea fue el Centro de la Industria Lechera (CIL), que representa al sector lácteo del país: dijo que el proyecto “generará asimetrías, problemas legales, productivos y logísticos que afectarán las exportaciones de lácteos argentinos”.
En un comunicado aseguraron que las metas que plantea la ley no son cumplibles “porque algunos objetivos de reducción no serían logrables desde el punto de vista tecnológico”. Y agregaron: “Iría en desmedro no sólo del consumo interno de productos lácteos, sino también del tan necesario ingreso de divisas por exportaciones, ya que la entrada en vigencia generaría una desventaja competitiva con respecto a otros países, principalmente los socios del Mercosur”.
Quienes están en contra de la ley argumentan que no sólo traerá problemas en la producción alimenticia, sino que sumará desempleo y bajas en los salarios.
Para rebatir estos argumentos, la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) hizo un buen trabajo: recopiló las respuestas a todos esas trabas planteadas durante el debate en el Senado en un documento. “La experiencia de países que lo han implementado, así como la evidencia libre de conflicto de interés, demuestran que no es esperable que el etiquetado impacte negativamente sobre los empleos, salarios ni en la producción en términos agregados”.
Y pusieron como ejemplo a Chile, donde la ley se aprobó en 2016 y no afectó el empleo, ni a la industria alimenticia o industria manufacturera. “Incluso si la medida hubiera generado pérdidas de empleo en sectores manufactureros específicos, el cambio fue compensado por otros sectores, sugiriendo que las empresas alimenticias tienen el potencial de sustituir y relocalizar empleos ante la reducción de las ventas en un cierto rubro para cubrir el aumento en las de otro”, dijeron.
De hecho, iniciativas como el etiquetado frontal de alimentos no sólo ya existen en otros países de Latinoamérica como Perú, Paraguay y México, sino que es una de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para frenar el consumo de azúcares y grasas.
Para Jéssica Gentile, de la Red Ecosocialista y de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, en el poder político no hay grieta cuando se trata de aprobar un proyecto como éste. “Juntos por el Cambio no da quórum, pero el oficialismo también viene dilatando fuerte la ley de etiquetado frontal. No olvidemos que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, ha sido uno de los grandes opositores básicamente por todos los negocios que tiene en Tucumán con la cámara azucarera”, dice y agrega: “Los empresarios y las corporaciones de la industria alimentaria son quienes financian al poder político para que bloqueen este tipo de leyes”.
“La lógica del capital aplicada a la producción de comida consiste en incentivar el consumo de calorías para vender más y lo hacen multiplicando los azúcares, las grasas, los cereales refinados que comen les niñes”, dice Gentile. “La población sufre mal nutrición por partida doble: sobrealimentados por un lado y desnutridos al mismo tiempo”, suma.
El proyecto toca intereses económicos porque apunta, entre otros, contra alimentos como los multiprocesados, que por lo general son los que más publicidad engañosa y menos información nutricional tienen.
Durante dos semanas un cocinero le dio de comer a su hijo un “cereal con fibra, miel y nueces”, tal lo que decía el paquete. Hasta que se le ocurrió leer la información nutricional: esa etiqueta de letras ilegibles que suele aparecer del lado de atrás del envase. Lo que en realidad tenía la barrita era una mezcla de azúcar, almíbar, almidón con sabor a miel y a nueces.
La anécdota la contó a Cosecha Roja Narda Lepes como respuesta a la pregunta “¿Por qué es necesario saber qué estamos comiendo?”.
“Necesitás saber para poder tomar mejores decisiones. Si querés seguir comprándolo y querés seguir comiendo eso, está todo bien. Pero necesitás saberlo”, dijo.
El objetivo del proyecto es ese: que todes sepamos lo que comemos y bebemos. Actualmente y según los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019, sólo el 13 por ciento de las personas comprende la información nutricional de lo que compra.
Para las organizaciones que pelean por la soberanía alimentaria, el derecho a la información pública sobre cómo nos alimentamos es sólo un primer paso de una transformación más amplia donde el modelo de producción priorice la agroecología.
“La ley de etiquetado frontal está debatiéndose hace más de un año, al igual que la ley de humedales. Pero las leyes del agronegocio y de hidrocarburos salen de una manera hiper veloz”, agrega Gentile. “Hay negocios hiper turbios al interior de la industria alimentaria donde a través de la publicidad engañosa al servicio de la ganancia se sigue incentivando a que la población consuma productos ultraprocesados, mientras el poder político se enriquece y le hace favores a las grandes corporaciones alimentarias”.
Hoy el tratamiento del proyecto se cayó y corre el riesgo de perder estado parlamentario. “Más allá de lo que pasó hoy, la clave es que no sólo las organizaciones, sino la sociedad toda siga presionando, movilizando y generando acciones para que el conjunto de la clase política argentina se vea obligada a votar esta ley”, considera Gentile.
