Foto: Télam
El 16 de enero de 2016, a un mes de la asunción de Gerardo Morales como gobernador en Jujuy, la policía entró a la casa de Milagro Sala, en el barrio Cuyaya de la capital provincial, y la detuvo por participar en un acampe frente a la sede de la gobernación. Cuando se vencía el plazo para mantenerla en prisión, apareció una nueva denuncia.
En estos 2 mil días la ex diputada del Parlasur, fundadora y líder de la Tupac Amaru fue acusada en unas 17 causas. Hubo faltas de mérito, sobreseimientos y absoluciones. Recién en 2019, en la causa “Pibes Villeros”, la condenaron a 13 años de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. La encontraron culpable de encabezar una asociación ilícita que se quedó con fondos millonarios que el Estado había destinado para viviendas sociales. Esa condena aún no está firme. Recién a fines del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió el expediente de la causa. Y aún no se expidió.
El de Milagro Sala es uno de los casos que más evidencian cómo dirigentes indígenas son criminalizadxs por razones políticas en Latinoamérica.
Su enemigo político, Gerardo Morales, construyó su poder alrededor de la criminalización de Milagro. No le perdonó a la dirigenta su trabajo territorial: sólo en Jujuy, la Tupac llegó a tener 70 mil afiliados, creó fuentes de trabajo para 4600 personas, construyó 8 mil viviendas, 23 polideportivos con piletas de natación, cuatro escuelas y centros de salud y recreación.
Pocos días después de la asunción de Morales, la Legislatura provincial aprobó la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve integrantes. Dos diputados radicales que votaron el proyecto de ampliación se convirtieron automáticamente en ministros del Superior Tribunal. También fueron designados un ex diputado radical y una abogada cercana al gobernador.
Una vez que tuvo al Poder Judicial de su lado, Morales avanzó contra su principal opositora.
Desde entonces, Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Amnesty International (AI) y otros organismos nacionales e internacionales sostuvieron que su detención es arbitraria y reclamaron su inmediata libertad.
En estos últimos 2 años, el malestar en la militancia kirchnerista y específicamente en la Tupac y en los comités por la liberación de Milagro se centra en la inacción del gobierno actual, de procedencia nacional y popular.
Por eso desde este martes 6 de junio, al cumplirse 2 mil días de la primera detención de Milagro, convocan a un acampe en Plaza de Mayo que se extenderá hasta el 9 de julio inclusive. Pedirán por el fin de los presos políticos en el país.
Los momentos clave de los 2000 días de Milagro presa
UNO
En diciembre de 2016, cuando Milagro llevaba casi un año presa, el TOF de Jujuy la condenó por haber instigado una protesta contra Morales en 2009.
Milagro comprobó que en la fecha de la protesta no estaba en Jujuy. Para condenarla a tres años de prisión en suspenso, el Tribunal se basó en los dichos de René Orlando Orellano, quien declaró que la protesta se había organizado dos días antes en la casa de Milagro. Orellano era empleado de la gobernación de Morales.
DOS
La causa de instigación a la protesta llegó a Casación en 2017. El fiscal Javier De Luca se pronunció por la absolución de la dirigente social, mientras que los integrantes de la Sala IV -Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani- confirmaron la sentencia y ordenaron al tribunal de Jujuy dictar sentencia también por el delito de amenazas, por el que habían sido absueltos.
TRES
En 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la prisión preventiva de Milagro Sala y ordenó que se cumpla la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la prisión domiciliaria. Desde 2018, Milagro cumple prisión preventiva en su domicilio.
CUATRO
La causa de instigación a la protesta contra Morales llegó a la Corte en 2018 y ésta rechazó el recurso por no ser sentencia definitiva.
CINCO
En el juicio oral que culminó en enero de 2019 en la causa “Pibes villeros”, el Tribunal Oral en los Criminal 3 condenó a la dirigenta a la pena de 13 años de prisión, por considerarla responsable del delito de asociación ilícita en su carácter de jefa de la misma.
SEIS
En enero de 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (STJ) ratificó las condenas en la causa “Pibes Villeros”, en la que la dirigente recibió la pena de 13 años de prisión.
SIETE
En octubre de 2020, el juez jujeño Rodolfo Miguel Fernández le dictó el cese de la prisión preventiva en la megacausa en la que se investiga un supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales.
La dirigente social sigue detenida, bajo la modalidad de arresto domiciliario, por una condena no firme por la causa “Pibes villeros”.
OCHO
El 11 de febrero de 2021, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena a dos años de prisión que le había dictado la Suprema Corte de Jujuy tras dos amenazas telefónicas realizadas por Milagro a policías locales en 2014.
NUEVE
El mes pasado, 10 días antes de las elecciones legislativas provinciales en Jujuy, el Tribunal Oral Federal local retomó la causa de instigación, le sumó el delito de amenaza y agravó la pena a tres años y medio de prisión.
