A dos trabajadoras de la salud las echaron del municipio de San Miguel por ocuparse de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de sus pacientes.
Cecilia Ayala tiene 34 años y 3 años de antigüedad como trabajadora social en el Centro de Salud Dra. Marta Antoniazzi, del Barrio Sarmiento. Coordinaba grupos de mujeres víctimas de violencia. También se encargaba de actualizar la cartelera de la salita: ahí difundía nformación sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde hace un año y medio, uno de los carteles no se mueve de ahí: es el que dice “Ni Una Menos. Vivas nos queremos”. Ese fue el que le llamó la atención a la senadora nacional María Belén Tapia en su recorrido por el centro de salud. Ese cartel, dijo, “violentaba la política del municipio”.
A Cecilia le pareció raro que el subsecretario de Salud del municipio, Diego Lambert, la citara a una reunión. Se presentó en la oficina a las 15 y ahí recibió la noticia: el Municipio había decidido desvincularla. ¿Las razones? Que los trabajadores deben estar alineados con la postura del municipio y que “de más arriba” consideraban que Cecilia no lo estaba.
“Ellos hablan de ni uno menos, no de ni una menos. Esa es la política del municipio”, dice Cecilia a Cosecha Roja. El mismo municipio donde no se permite que haya dispenser de preservativos en los centros de salud, como lo establece la Ley nacional de salud sexual y procreación responsable.
“No hay nada personal en el despido”, le dijo Lambert a Cecilia, y le ofreció hacer una carta de recomendación para otro municipio. Era una decisión del secretario de Salud, Pablo De La Torre, y del intendente Jaime Méndez.
Cecilia siempre trabajó en libertad. “Todxs acá sabían mi posición con respecto a los derechos de las mujeres y al aborto. Soy militante feminista activa”, dice.
Carina Luchetti tiene 41 años y es licenciada obstétrica. Trabajó hasta esta semana en el Centro de Salud Cándido Castelo de Barrio Cuartel II de San Miguel. “No falté nunca. Me tomaba tren y colectivo y fui con mi panza hasta casi el día anterior a parir. La salita era mi segundo hogar”.
A ella la citaron a la oficina de Lambert media hora antes que Cecilia. También la echaron, pero por orden del jefe del Programa Materno Infantil, Alejandro Pittaro. “Lambert me dijo que Pittaro no puede trabajar conmigo, que soy inflexible”.
Carina dice que en sus 13 años de trabajo, si lo vio cinco veces a Pittaro es mucho. Pittaro es quien lleva adelante en el Hospital Larcade la Consejería Guadalupe, que tiene como objetivo evitar “muertes de bebés”. Es decir: la tarea de la consejería es convencer a las personas gestantes que no quieren continuar con sus embarazos (aún con causales, como establece la ley) a que sigan adelante con ellos.
En mayo de este año el municipio echó a la trabajadora social Silvana Rodríguez, que trabajaba en el CIC María Lobato. ¿El motivo? Articular junto con la médica generalista del equipo una interrupción legal del embarazo con causal violación con la Maternidad Estela de Carlotto. A Silvana no sólo la despidieron, sino que la trataron de asesina y se ocuparon de averiguar los datos de la paciente para convencerla de que no aborte.
Carina y Cecilia coinciden en que persecución hubo siempre, pero se acrecentó a partir del tratamiento en el Congreso de la ley de interrupción legal del embarazo y de la visibilización de la lucha en las calles. “Nos sacaban los preservativos, nos arrancaban los carteles y a mi hasta me dijeron que no de más charlas sobre promoción de derechos sexuales y reproductivos”, cuenta Carina. “Las mujeres se embarazan porque ustedes las incentivan a coger”, le dijo una vez un jefe.
Ella era una de las pocas obstétricas que se negaba a derivar a las pacientes a la consejería Guadalupe. Algo parecido a que lo hizo Celicia. “Nosotras no estamos para eso. Estamos para escucharlas, contenerlas y ellas tienen el derecho a decidir”, se plantó cuando le dieron instrucciones. Ahora cree que ese fue el comienzo de la persecución.
