Por Soledad Gago*
Era un buen hombre. Trabajaba mucho para mantener a su familia. Ella andaba en algo raro. Se lo merecía por puta. Pobre él. Ella le arruinó la vida. Ella miente. Quería sacárselo de encima. Se lo merecía por puta.
En muchas localidades del interior de Uruguay, un país de tres millones de personas, la estructura patriarcal y machista sigue arraigada, presente y los casos de violencia de género y femicidios siguen pasado. El caso de Micaela Onrrubio, de confirmarse, es uno de ellos.
Hace un mes que Micaela no está pero todavía nadie puede confirmar que esté muerta. Está muerta, eso dicen, pero su cuerpo aún no aparece y una persona no muere hasta que alguien más la ve morir.
Hay vecinos que el 27 de marzo cerca de las siete de la tarde vieron a Gabriel Pistón, un albañil de 45 años de Villa Rodríguez, discutir con Micaela en un auto estacionado a la vera de Ruta 11. Escucharon disparos y después vieron al hombre arrastrar el cuerpo hacia adentro del auto. Los vecinos y vecinas de la zona creen que Micaela ya estaba muerta por entonces, pero nadie puede asegurarlo. Pasó un mes y el cuerpo de la chica de 30 años aún no aparece. La han buscado por todo el pueblo y por los alrededores, por el lago, por la ruta. La buscaron los vecinas y las vecinas, la familia, los amigos, la Policía y hasta los militares. Micaela está muerta, pero todavía no.
De confirmarse su caso sería el quinto femicidio en lo que va del año en Uruguay.
Hay un fenómeno que se repite desde hace 18 años: la mayor parte de los femicidios son en el interior del país. En 2001, según los datos de la ONG Feminicidio Uruguay, hubo 20 femicidios de los cuales 13 fueron en el interior. Así ocurre hasta hoy, 2019. Con el de Micaela son cinco, cuatro de ellos fuera de la capital. Además, conforme pasan los años, la diferencia entre Montevideo y el resto del país se hace cada vez más grande: en 2015, por ejemplo, hubo 37 femicidios y 28 fueron en departamentos del interior, lo mismo pasó en 2016, cuando fueron 22 y solo 8 se dieron en la capital. En 2002 y en 2007, en tanto, se dió una excepción y el número es igual para el interior y para Montevideo.
Aislamiento
El 27 de mayo de 2018 un hombre mató a su mujer y la tiró a un pozo de agua. Después denunció que la había encontrado en esas condiciones. La Fiscalía determinó que se trataba de un femicidio. Fue en Quebracho, una localidad del departamento de Cerro Largo, a 70 kilómetros de Melo, su capital. Los vecinos y las vecinas se lamentaron por el hecho: él era un gran trabajador, una persona de bien, dijeron. Algo habrá hecho ella.
El discurso de la mala víctima está arraigado en varias zonas del interior de Uruguay, en especial en las localidades más pequeñas donde todo el mundo se conoce. La estructura machista y patriarcal aún es la que predomina allí y cuestionarla parece algo todavía lejano.
“En algunas localidades del interior hay un mayor aislamiento, hay menos recursos técnicos, hay menos posibilidades de capacitación y de información, hay menos llegada masiva de los programas sociales”, dice Andrea Tuana, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y directora de la ONG El Paso.
“En los pueblos chicos y las localidades chicas estos temas no se colocan con la misma fuerza e incidencia que en la capital del país o las capitales departamentales. La cultura patriarcal y machista queda menos cuestionada, hay menos modelos alternativos, menos posibilidades y menos discursos que vayan desnaturalizando y que vayan de alguna forma cuestionando esas formas de pensar, de hacer y de ser”, agrega.
“El gobierno ha hecho un trabajo enorme en cuanto a la descentralización y la llegada a distintas localidades, pero se necesita mucho más”. Más allá de los esfuerzos aislados, dice Tuana que hace falta incorporar el tema de género de forma transversal en la educación, “desde que los chiquilines entran al CAIF hasta que terminan secundaria y después si siguen en la educación terciaria también”.
Más allá de los esfuerzos para prevenir la violencia de género, cree Tuana que se debería analizar y trabajar en la producción del problema. “No hemos logrado comprender como sociedad que la violencia tiene que ver con la desigualdad y que si nosotros no trabajamos con la desigualdad de género, apuntando a transformar la cultura machista, no van a haber transformaciones, no van a bajar los índices de femicidios ni las denuncias, porque de alguna manera vamos generando un sistema de respuesta para tratar de contener los sistemas de violencia pero no estamos trabajando en los aspectos que hacen a la producción de esa violencia”.
La justicia está fallando
En Artigas un juez no aplicó las medidas de seguridad ante la denuncia de una mujer por violencia de género. La pareja terminó por asesinarla. En Florida encontraron el cuerpo de una mujer flotando en un arroyo. Su expareja la había matado y le ató las piernas a una piedra. Ella ya había realizado denuncias por violencia doméstica, la última un mes antes de morir.
El 5 de marzo de 2018 se cerró la oficina de género del Poder Judicial y desde entonces no pasó nada más, no hubo una propuesta alternativa, nada se movió. “Lo que yo veo es que la justicia se ha estancado y se ha burocratizado y se sigue dependiendo de la voluntad del juez o de la jueza que esté actuando en la materia. Hay personas muy serias y profesionales, que estudian y están comprometidas, que entienden que la ley 19580 es importante para garantizar los derechos humanos de las mujeres”, dice Tuana.
“Pero justamente el Sistema de Justicia y especialmente el Poder Judicial sigue siendo un lugar donde uno se encuentra a suerte y verdad, dependiendo de la persona que le toque, la aplicación de la ley será diferente y su destino y su suerte puede ser muy diferente también. Yo creo que hemos tenido casos muy lamentables donde ha quedado demostrado eso”.
Es que aunque Uruguay es un país de avanzada en varios derechos humanos, como en el tema de la salud sexual y reproductiva, también es cierto que en temas de género, es uno de los países más atrasados de la región.
“Creo que hay una cierta indiferencia de esta Corte hacia los temas de violencia de género y hacia la infancia y adolescencia porque no está habiendo una política fuerte, decidida a la formación continua de los magistrados, de las magistradas, de los operadores, de los equipos periciales en la materia”.
*Esta nota fue hecha en el marco de la Beca Cosecha Roja y publicada también en El país, de Uruguay.
