La Ley de Migraciones de 2003 fue aprobada después de varios años de discusiones parlamentarias, audiencias públicas y con la participación de organizaciones sociales, jueces, policías, fuerzas de seguridad, ministerios, iglesia, migrantes. Todos los actores sociales formaron parte de la discusión de una manera muy democrática. La Ley se aprobó por unanimidad con el voto de todos los partidos políticos en ambas Cámaras del Congreso.

Esta reforma que hizo el gobierno de Mauricio Macri tiene características totalmente opuestas, aún cuando no hubo un cambio considerable en la situación de los migrantes. No creció el número de migrantes, no creció el número de migrantes presos en el país respecto de hace 15 años y hay un montón de información de todo tipo de los enormes aportes positivos, no sólo de la migración sino del cambio en la ley.

Sin embargo, a partir de la introducción de una serie de discursos con tergiversación de estadísticas que criminalizan y asocian falsamente la migración con la inseguridad, se creó una emergencia y sobre esa emergencia fabricaron un decreto de necesidad y urgencia sin esperar que se inicien las sesiones parlamentarias para llevar, como exige la Constitución, los mecanismos democráticos de diálogo y participación. No se llevó la propuesta al Poder Legislativo para que el Congreso sea el que eventualmente decida reformar la Ley.

Es preocupante el retroceso de derechos que provoca la reforma y lo hace aún más grave la forma en que se hizo: derogar por decreto y restringir determinados derechos ya garantizados en la Constitución. Hay un recorte a la asistencia jurídica en procedimientos migratorios, en procesos de expulsión y eso podría, como toda garantía de debido proceso, derivar en imposición de sanciones, en restricción de derechos. Por ejemplo, podrían quedar familias separadas sin que la persona expulsada se pueda defender.

Hasta hoy la defensa jurídica la prestaba la Defensoría General de la Nación y era un deber Migraciones comunicar a la Defensoría y a la persona la sanción que iba a recibir. Ahora se establece que se le informará al migrante que tiene derecho a ser asistido, siempre que pueda probar que tiene recursos para pagar. Recién ahí se le comunica a la Defensoría General. Ese es el régimen que regía con la Ley Videla.

Otro tema grave de la reforma es la detención: aumenta el plazo fijado en la Ley y puede llegar hasta 60 días. Y si la persona decide ejercer su derecho, por ejemplo ir a la Justicia para impugnar una decisión de expulsión, ese plazo de detención puede ser indefinido. Esto es gravísimo. Los organismos internacionales de derechos humanos, incluso en el ámbito europeo, dicen que es contrario a las facultades que tienen los estados en materia migratoria.

La amplitud de causales de expulsión es preocupante. Una persona que cometa un delito menor, leve y culposo, sin intención de cometerlo -por ejemplo, un accidente de tránsito- puede ver cancelada su residencia. No importa cuántos años tenga viviendo en el país, puede ser expulsado. Incluso si es padre de niños extranjeros con residencia, eso no sirve para detener la expulsión y las familias podrían ser separadas y los niños afectados. La violación del arraigo puede ser muy profunda porque hay personas que residen en la Argentina desde hace 20 o 30 años y por un delito muy leve podrían perder todo: sus vínculos familiares, su trabajo, su vivienda, su identidad si es una persona que creció en el país.

Los que están en mayor situación de vulnerabilidad, migrantes que por cuestión de supervivencia venden en las calles, están más expuestos a que les impongan ese tipo de sanciones.

Es importante decir, porque esto se invoca a raíz de la lucha contra supuestos delitos graves como el narcotráfico, que la mayoría de extranjeros detenidos por estos delitos no son migrantes. Se trata de personas que pasan la frontera pero que no viven en el país. La expulsión de esas personas ya estaba en la Ley.

La reforma va a afectar a toda la población migrante en general y por supuesto a los que están en mayor situación de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación. Este decreto refuerza un mensaje que asocia falsamente a la migración con la delincuencia y otro tipo de problemas sociales. Y eso suele contribuir a la xenofobia. Argentina es una sociedad que tiene altos índices de xenofobia y estas medidas no hacen otra cosa que profundizar de manera preocupante esos sentimientos contra la migración.

Creo que ante esta realidad, diferentes organizaciones sociales, de migrantes, académicas, vinculadas a la iglesia tomarán una serie de acciones: ir a tribunales, acercarse al Congreso de hacer acciones dentro de un sistema democrático, seguir los mecanismos democráticos que no siguió el decreto para impugnar esta reforma regresiva. No sólo son los migrantes los primeros que pierden, los que están en situación de vulnerabilidad. Pierde toda la sociedad argentina, el estado de derecho, la democracia y cualquier política de inclusión social.

 

Foto: Prensa del Mercosur

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