Nelson Matta Colorado – El Colombiano.-
“Tal parece que a los fiscales de Justicia y Paz ahora les tocará ir a rogarle una versión libre al “Tuso” Sierra en la sala de su casa en Miami”, expone con ironía el investigador judicial Ernesto Yances *. El veterano funcionario muerde una galleta, exasperado al enterarse de que una corte de inmigración de Estados Unidos se negó a deportar a ese narcotraficante y financista paramilitar, dejando a las víctimas de Colombia tan solo con unas migajas de verdad, justicia y reparación.
Juan Carlos “el Tuso” Sierra es un reciente ejemplo de una nueva generación de extraditables, que a diferencia de los de antaño, prefieren someterse a la justicia estadounidense que morir o ser sentenciados en suelo patrio. Se desmovilizó con las Auc y como postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz confesó que entre 1998 y 2002 importó 1.724 fusiles AK-47 y 750.000 municiones desde Centroamérica; que exportó más de 11 toneladas de cocaína para financiar a los paramilitares y tuvo relaciones ilegales con ciudadanos de las altas esferas públicas, por lo que sus testimonios desataron investigaciones y condenas contra personajes de la talla del senador Mario Uribe y el general (r) Mauricio Santoyo.
La Fiscalía 20 de Justicia y Paz le imputó seis cargos por tráfico de armas y de estupefacientes, concierto para delinquir, lavado de activos, financiación del terrorismo y utilización ilegal de equipos de comunicación. Un juez le dictó medida de aseguramiento e impuso medidas cautelares a seis inmuebles del procesado, para reparar a las víctimas del bloque Héroes de Granada.
Por eso cuando el sistema judicial estadounidense le concedió la libertad el 14 de mayo de 2013, tras pagar cinco años por narcotráfico en Virginia, todo el mundo esperaba que lo deportaran de inmediato a Colombia. Por el contrario, se convirtió en informante de la DEA y obtuvo el permiso para quedarse en E.U. con su familia.
En la petición para frenar la deportación invocó la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987), alegando que tal sería su destino si regresaba a su país natal. “¿Acaso las víctimas de los paramilitares no sufrieron el mismo trato?”, reflexiona Yances, terminando su paquete de galletas.
Otro caso
Recuerda que el pasado marzo se topó con otro narco de renombre que pagó cinco años de prisión en E.U. “Estaba en un local de hamburguesas de la avenida Nutibara, en Laureles (en Medellín), cuando vi a Gabriel Puerta Parra, alias “doctor Parra”. Acabó su comida y salió tranquilo en un carro Mercedes Benz gris”.
De acuerdo con la sentencia N°23178 de la Corte Suprema de Justicia, que avaló su extradición el 18 de octubre de 2005, Puerta era requerido por cortes de Columbia y La Florida, bajo cargos de conspiración para traficar con cocaína. Este abogado antioqueño y exdirector del DAS en Boyacá, fue integrante de “los Doce del Patíbulo”, un grupo ilegal que obtuvo amnistías de la Fiscalía en los años noventa, a cambio de suministrar información para combatir al cartel de Medellín.
Según el registro de la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales del Departamento de Estado, fue consejero en los negocios del cartel del Norte del Valle, resolviendo disputas al interior de dicho clan, con los socios mexicanos y las Autodefensas, pues era muy respetado en el mundo de la mafia.
El fallo de la Corte precisa: “El Gran Jurado indica que intentó sobornar a legisladores colombianos para impedir que pasara una ley que permitiría que se extraditara narcotraficantes a E.U.”. Pese a esto, purgó solo cinco años en el extranjero y regresó a Medellín sin mayores cuentas pendientes con la justicia. A los 72 años, solo encara un proceso por extinción de dominio contra 40 bienes en Puerto Boyacá, Bogotá, San Andrés y Valle del Cauca, según la Fiscalía.
Episodios como los del “Tuso Sierra” y el “doctor Puerta”, hacen pensar que los capos del siglo XXI creen que cumpliendo penas irrisorias en E.U., lavan también sus pecados en Colombia.
Un gangazo judicial
En el pasado los miembros del cartel de Medellín le declararon una guerra al Estado para evitar la extradición. Hoy los cabecillas optan por negociar con los norteamericanos. ¿Por qué lo prefieren?
La respuesta la dio en TV uno de los mayores beneficiarios del sistema judicial estadounidense: Carlos Ramón Zapata, alias “el Médico”: “Si entregamos la mitad del dinero, el gobierno norteamericano nos deja vivir con la otra mitad, y nos quedamos en este país con varias ventajas”.
Él, oriundo de Medellín, también participó en las múltiples atrocidades del cartel del Norte del Valle, pero tras ser detenido en Panamá, se convirtió en informante de la DEA y por su colaboración para convencer a otros narcos de someterse, obtuvo una condena de cinco años. Ahora vive en Miami con la familia, disfruta de un apartamento de lujo y una camioneta BMW, conservando una colección de arte con cuadros de Picasso y Dalí, valorada en 10 millones de dólares.
E.U. no lo deportó a Colombia, ni a Francia, donde según fuentes judiciales tiene una condena de 12 años por narcotráfico, que hasta ahora ha sabido burlar.
Las ventajas para los mafiosos que se dedican a la delación en E.U. incluyen rebajas considerables de la sentencia, posibilidades de conservar la plata mal habida, de rehacer la vida en otro país y, aunque de manera tácita, eludir expedientes por asesinatos, extorsiones, desplazamientos forzados y desapariciones, que en Colombia los enviaría por décadas al calabozo.
Esos delitos parecen no importar a las agencias del Norte. “Con el gobierno americano se prueba que el crimen sí paga, solo hay que ser un narco de alto perfil y simplemente te entregas con tus rutas y conservas tu plata”, recalca un fiscal de la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado*.
Es por estos “gangazos judiciales” que los hermanos Javier y Luis Enrique Calle Serna (“Doctor” y “Comba”), jefes de la banda “los Rastrojos”, se entregaron a la DEA en 2012; igual que Sonia Cruz, alias “Adriana Ríos”, una extraditable señalada de traficar para “los Urabeños”, el frente 36 de las Farc y los carteles mexicanos, que el pasado febrero se sometió en Guatemala.
Al indagarla sobre el tema, la Embajada de E.U. en Bogotá se abstuvo de responder.
Dinero botado a la basura
La impunidad frente a múltiples delitos no es el único problema asociado al tratamiento que están recibiendo los capos en E.U.. Otro lío tiene que ver con el desperdicio de miles de millones de pesos de los contribuyentes colombianos.
Este diario entrevistó a oficiales de la Dirección Antinarcóticos (Dirán), la Dirección de Inteligencia (Dipol) y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía, sobre los costos de perseguir por varias ciudades y países y capturar a un cabecilla de alto perfil.
En promedio, el presupuesto que destina un grupo de estos por cada objetivo es de 600 millones de pesos anuales. Y como hay casos en los que un mismo capo es perseguido por las tres direcciones, el monto sube a 1.800 millones.
El valor incluye el pago de fuentes humanas; desplazamientos de personal por tierra y aire y logística en varios destinos; sostenimiento de las fachadas para los agentes infiltrados (camionetas, apartamentos, etc.); equipos electrónicos para la vigilancia y demás. “A veces se acaba la plata del presupuesto y a uno le toca poner de su propio bolsillo para no perder el hilo”, confiesa un capitán* de la Dijín.
Los costos más altos se dan en los operativos de captura, los cuales no siempre son exitosos. Mover un comando especial de asalto de 35 uniformados a una zona rural, por cuatro días, puede costar 100 millones de pesos, incluyendo los 16 millones que cuesta una hora de vuelo de los helicópteros artillados Black Hawk y del avión Plataforma que intercepta las comunicaciones y guía a los hombres en tierra; sin contar las altas cantidades de municiones para sostener el fuego nutrido, en caso de enfrentamientos. “A un objetivo de alto perfil se le hace una operación de estas cada dos o tres meses”, narra un coronel* de la Dirán.
Uno de los episodios que refleja esta inversión de recursos “tirados a la basura” tiene que ver con Gustavo Álvarez Téllez, alias “Gordo Tavo”.
En su momento, el presidente Juan Manuel Santos lo describió como uno de los 10 delincuentes más buscados de Colombia. Era cabecilla de la banda “la Oficina” y socio de “los Paisas”, con redes de narcotráfico en Centroamérica y E.U., nexos con paramilitares del Magdalena Medio y líder de grupos sicariales en Cartagena, Caldas, Ibagué y Boyacá.
El 11 de mayo de 2011 fue arrestado en Aruba, tras un seguimiento de un año por Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Curazao, con participación de la Dijín, Dirán, DEA, ICE (Agencia de Inmigración de E.U.) y policías de Las Antillas.
Después de ser considerado de “máxima peligrosidad” y exportador de 120 toneladas de cocaína en los dos años precedentes, la Corte del Distrito Este de Nueva York lo condenó a solo 36 meses de cárcel. A finales del año pasado quedó libre, tras pagar una fianza de 100 dólares. Su idea, al parecer, es evitar la deportación convirtiéndose en informante, a cambio de una libertad vigilada por 5 años y los beneficios descritos en los casos anteriores. ¿Valió la pena tanto desgaste institucional y la gran inversión financiera en su captura?
El tema de los recursos fue tratado de manera tangencial por el fiscal General Eduardo Montealegre, quien en una visita a Washington el 17 de julio de 2012, anunció que “los dineros incautados en E.U. a extraditados serán repartidos entre los dos estados”.
El Colombiano indagó qué había sucedido con ese anuncio, dos años después. La respuesta de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía fue: “Entre los gobiernos de ambos países se encuentra en negociaciones un instrumento bilateral para la recuperación de activos y dineros incautados producto de actividades ilícitas, que no ha sido suscrito y que en consecuencia no ha entrado en vigencia”.
Aumentar o rebajar penas
La no deportación del “Tuso” despertó una aparente indignación en las autoridades colombianas. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, declaró que solicitará su extradición por la vía diplomática, “para que la verdad paramilitar no se siga fugando”.
Y su viceministro de Política Criminal, Miguel Samper, inició una recaudación de procesos judiciales para soportar la petición. “Constantemente ese país nos devuelve gente que cumplió condena, ahora nos tocó casi que estrenar este trámite”.
El MinJusticia y la Fiscalía han comunicado en reiteradas ocasiones su deseo de revisar el tema de los beneficios otorgados a los jefes criminales en E.U., tratando de que las penas sean más equitativas o al menos haya una deportación fija.
Sin embargo, el panorama no parece muy alentador. El pasado 13 de marzo, el fiscal general de E.U., Eric Holder, presentó una propuesta ante la Comisión de Sentencias de ese país. Su idea es modificar la Tabla Federal de Sentencias y “reservar las penas más duras para los infractores más graves de drogas”.
Esto lleva a pensar qué es lo que E.U. considera “infractores graves”, porque para Colombia lo eran el “Tuso Sierra”, “Gordo Tavo”, el “doctor Puerta” y el “Médico”, pero se demoró más su persecución que la condena misma.
La propuesta de Holder bajaría “por dos niveles la ofensa de base asociada con diversas cantidades de droga”, lo que rebajaría 11 meses de condena en promedio para el 70 por ciento de los detenidos por narcotráfico. Así, en los próximos cinco años saldrían 6.550 reclusos, entre los cuales hay cientos de colombianos.
Pareciera entonces que mientras Colombia quiere aumentar las penas, E.U. las piensa reducir. Y en términos de política judicial, a nuestro país le queda difícil hacerle exigencias a E.U., de cuenta de toda la ayuda que recibe de ese Gobierno.
Con plata americana, donada a través del Programa de Reforma a la Justicia de la Embajada en Colombia, se implantó gran parte del Sistema Penal Acusatorio.
Por citar algunos casos, de 2012 a la fecha, la Fiscalía, gracias a esos dineros, inauguró una sala técnica de Monitoreo y Escucha en Cartagena, adecuó las sedes para los fiscales antibandas de Barranquilla y Medellín, capacitó a 60 funcionarios en Investigación Criminal, abrió un Centro de Atención a Víctimas en Cartagena, graduó a 21 uniformados en un curso de Operaciones de Protección y recibió 49 vehículos para apoyar sus procedimientos judiciales.
Esta situación, al parecer, compromete las “protestas” colombianas frente a los benefactores del Norte.
Todas estas circunstancias son aprovechadas por los capos, a juicio de Yances. “Los narcos le perdieron el miedo a la extradición y se adaptaron al sistema. Se les volvió un negocio, los narcos de hoy sí se jubilan”.
*Identidades protegidas por petición de las fuentes.
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Socio del Chapo la sacó barata. En la cárcel Coleman, de la Florida, pagará una pena de 5,5 años el narco colombiano John Jairo Cardona García, quien negoció con la justicia norteamericana. Alias “Ojitos” nació el 10 de septiembre de 1958, fue cabecilla de una organización de tráfico de cocaína basada en Medellín y envió toneladas de coca de Colombia a Centroamérica y México, en donde carteles mexicanos la introducían y distribuían en Estados Unidos. Según el agente de la DEA, Kevin Schreiber, “Ojitos” fue cómplice de José vicente Castaño Gil, cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, así como aliado del mafioso mexicano alias “Chapo Guzmán”. Cardona García fue detenido en Medellín el 3 de abril de 2013 y el 13 de septiembre fue autorizada su extradición a E.U.
Narcos que regresaron a Colombia y les fue mal. Tres narcotraficantes que pagaron pequeñas sentencias en E.U. regresaron a Colombia después y les fue mal. Es por esto que otros hacen lo imposible por quedarse allá.
– El pasado 12 de marzo, sicarios asesinaron en Bogotá a Gabriel Taboada, exintegrante del cartel de Medellín, quien con sus delaciones logró que E.U. le rebajara una condena de 21 a 12 años.
– El 26 de marzo de 2012 fue deportado Phanor Arizabaleta, excapo del cartel de Cali. En E.U. pagó una pena de 8 meses y en el aeropuerto Eldorado fue detenido para pagar una pena de 20 años por secuestro.
– El 2 de junio de 1998 fue asesinado en Barranquilla Roberto Striedinger, expiloto del cartel de Medellín, quien pagó una pena de 5 años en E.U.
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