Los países que no lloran a sus muertos

Suchit Chávez y Jessica Ávalos* – La Prensa Gráfica, El Salvador.-

En los tres últimos años, 48,947 personas fueron asesinadas en el triángulo norte, la región más violenta del mundo conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador. En esos tres años, los países del triángulo lograron condenas en 2,295 de los casos, lo que ha dejado en la impunidad el 95 % de los homicidios. Esa es la realidad de miles de víctimas de la región: Estados que no garantizan justicia ni programas especiales de atención a las víctimas de esa violencia que los desborda.

Mi hijo, el grande, le arregla la ropa. Yo le lustro los zapatos y mi esposo se los pone sobre la cama. “Ya le limpié los zapatos al pelón”, me dice mi esposo. Que nadie se vaya a sentar en la silla donde él comía. No se pone nada en esa silla. Y que no se vaya a poner nada sobre su cama. Nada. Sus juguetes y sus cuadernos ahí están. No sé cuánto tiempo me lleve, pero él se quedará, pues no estamos preparados para regalar sus cosas. No lo quiero sacar de mi vida. Si moviera las cosas, sentiría como que lo estuviera echando. Yo tengo sus mensajes. Le llamó a su celular y le digo: “Tommy, te amo”. Después borro los mensajes nuevos que me van llegando para que los de él no se me borren.

Ya va a ser el día del cariño (14 de febrero) y hoy fui al mercado. Le fui a comprar sus flores, le compré unos globos también. Se los voy a ir a dejar al cementerio. Voy por lo menos una vez cada 15 días, por día de pago, o algo. Me gusta ir a verlo. Es que el amor de Tommy era conmigo. Yo le decía mi pelón, mi papa. “Ese si como que es rey me lo tratan”, decía mi esposo. Mi hija trabajaba, y yo se los crié casi a todos. Tommy era un muchacho tranquilo, el mayor de cinco hermanos. Tenía 18 años, pero para nosotros era como un niño porque medía 1.55 metros. Era chiquito. No tenía otra distracción que la iglesia: se congregaba y tocaba la batería en la parroquia de Santa Catarina Pinula. Había empezado a trabajar con sus tíos, que tienen una empresa de audio y más o menos hacía unas tres semana que se había comprado un teléfono. Mi otro hijo me dijo: “Mami, Tommy está mucho en el Facebook”. Y yo hablé con él, y me dijo que esa mujer del Facebook era una pariente lejana y yo me quedé tranquila.

El viernes 14 de junio le creí cuando me dijo que iban a trabajar a Xela. Ellos hacían viajes para ir a hacer grabaciones. Salió como a las 5:30 de la mañana. Yo me levanté a despertarlo. El día siguiente, el sábado 15, a las 8:30 de la mañana, me estaban llamando del hospital de Quetzaltenango. Me dijeron que me tenía que presentar porque necesitaban operarlo de emergencia. Mi hija y yo llegamos como a la 1:30 de la tarde. Lo vimos y terminamos tiradas las dos en el suelo…

Me hinqué y decía: “¡Dios mio!” Mi hija me decía: “No es él, mami, no es él”. Lo destapó para verlo. Tenía quemaduras de tercer grado. Estaba quemado de aquí para acá y de aquí para acá. El cuerpo no lo tenía quemado, solo del torso hacia arriba. Aquí se le puede ver en las fotos. Del pecho para acá y las manos. Lo hicieron tomar combustible, según los médicos. Le echaron gasolina en la cabeza. Y tenía señales como que lo habían tenido amarrado. Aquí está como lo fuimos a encontrar. Esta fue una de las primeras fotos. Los médicos lo que hicieron fue pelarlo, tenían que pelarlo porque si no le iban a amputar las manos. Lo que usted mira ahí es materia que le salía por la nariz, por las orejas y la boca. Yo sabía que él iba a morir por la forma en que me lo dejaron. Desde entonces resulté diabética.

(Sonia Flores, 55 años, abuela de Tommy Ernesto Chajón Luna, asesinado el 15 de junio de 2013 en el departamento de Quetzaltenango, Guatemala. Sonia lloró desde el minuto 6 hasta el final de la entrevista, que tuvo lugar en la sala de su casa en Santa Catarina Pinula el 12 de febrero de 2014).

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El epíteto lo recibieron como un distintivo comercial, muy lejos de lo que ahora significa: un sinónimo de violencia. El Salvador, Guatemala y Honduras comenzaron a ser conocidos como el triángulo norte después del 12 de mayo de 1992, tras la firma de un tratado comercial en Nueva Ocotepeque, Honduras. Aunque el nombre se hizo popular años después, en 2001, luego del inicio del Tratado de Libre Comercio con México.

Han pasado 13 años y lo comercial ha dado paso a otra fama. Durante 2013, el triángulo norte volvió a ser la región más violenta del mundo. Volvió. El calificativo se lo puso Naciones Unidas un año antes, cuando la tasa de homicidios, la que sirve para determinar la incidencia de la violencia, superó las 50 muertes por cada 100,000 habitantes.

Solo en 2013 hubo 15,328 homicidios en el triángulo norte. Cuando se amplía la vista hacia atrás, entre 2011 y 2013, la cifras dan idea del cementerio centroamericano: 48,947 tumbas en esos tres últimos años. La multiplicidad de homicidios ha devenido en que el triángulo deje de nombrar sus víctimas y solo las cuente, las acumule.

Cada país, en mayor o menor escala, ha puesto su cuota. En Guatemala, por ejemplo, hubo 18,450 homicidios entre 2011 y 2013. El secretario de política criminal del Ministerio Público de ese país, Alejandro Rodríguez, aporta una muestra de cómo los homicidios, la violencia, se trivializaron entre los guatemaltecos. Rodríguez cuenta que desde 2009, cuando Guatemala tenía una tasa de 46 asesinatos por 100,000 habitantes, a Nuestro Diario, uno de los periódicos guatemaltecos, ya no le decían Nuestro Diario: le apodaban Muerto Diario. “Le cambiaron el nombre a Muerto Diario porque solo fotos de muertos ponían”, comenta Rodríguez el 11 de febrero de 2014, desde su despacho en Ciudad de Guatemala. Hace una pausa, se sonroja y suelta una carcajada.

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Los primeros días me fastidiaba ver la felicidad en las demás personas. La gente no tenía la culpa, pero yo tenía una amargura, un resentimiento a más no poder. Estaba reclamándole a Dios. Le decía: “Señor, ¿por qué? Si yo te los encargaba todas las noches: ‘Señor, te encomiendo a mis hijos, tú los ves, yo no’”. Pasé como tres meses que no quería saber nada de Dios. Me preguntaba por qué a esa edad, por qué de esa manera. Me dolía tanto pensar qué pudo haber sentido mi muchachito, qué dolor. Si una como madre dice “¡púchica, se me cayó mijo!”, y uno los levanta y aunque sea saliva les pone. Y yo no estuve con él en ese momento.

El pastor no me dejará mentir cómo era mi niño. Mi niño era muy estudioso. Mi muchachito se acababa de graduar. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a él? Talvez se oirá mal, pero veo a otras personas tan malas, gente mala, y ahí andan rebien ¿Y por qué a uno que ha luchado para sacar adelante a sus hijos? ¿Por qué? Nosotros somos de situación económica bien escasa. Mi esposo albañil y yo doméstica, le hago a lo que sea. Y es duro, porque cualquier centavito que uno gana dice: “Ve, para el colegio de mis hijos. Ve, para la comidita de mis hijos”. Y nos hemos partido el alma, como no tiene idea, para que él sacara su carrera. Cristofer era el menor. La mayor tiene problemas de aprendizaje. Por eso le pusimos duro a él para que fuera alguien en la vida. Había sacado Electricidad Industrial y ya lo habían mandado a llamar de una empresa eléctrica. Se graduó a principios de noviembre de 2010. Y me lo mataron el 22 de enero de 2011. Mientras tanto yo miro personas de hasta 75 años haciendo maldades. Veo tanta gente que dicen “fulano tiene 35 ingresos a la cárcel”. Me parece que no es justo y mi hijo limpio, pues. Ante Dios, no le miento, uno de madre a veces exagera el comportamiento de sus hijos, pero ahí usted puede entrevistar a mucha gente que le va a decir lo mismo.

Yo busqué ayuda psicológica. Fui a dos sesiones. Me ayudó a entender estas cosas que estaban en mi mente. Tenía un nudo y muchas preguntas. Talvez no me las respondieron a ciencia cierta, pero más o menos fui encontrando algo de claridad. Solo fui a dos sesiones porque costaba 300 quetzales ($39) cada sesión. Me dijo la psicóloga que ya mis preguntas no deberían ser por qué, sino para qué. Después le pedí perdón a Dios. Le dije: “Señor, perdóname. Tú eres dueño de nosotros”. A lo mejor Dios tenía un propósito para Cristofer. ¡Yo qué sé!

(Olinda Escobar, madre de Cristofer López Escobar, asesinado el 22 de enero de 2011 dentro de la iglesia El Calvario Bethesda, ubicada en el municipio de San Miguel Petapa, Guatemala. Cristofer, de 20 años, fue asesinado cuando participaba en el velorio de uno de sus mejores amigos).

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“En los familiares de los ejecutados, la situación represiva altera profundamente el desarrollo del duelo, impidiendo el desenlace normal de este proceso. De este modo, el tiempo no se convierte en aliado, el olvido reparatorio no existe, los mecanismos de defensa habituales fracasan, los sentimientos negativos son difíciles de franquear, la herida permanece abierta resistiéndose a cicatrizar, el dolor agudo del primer momento se transforma en crónico. Lo que permanece es la profundidad del sentimiento de desgracia y la vivencia de pérdida constante”.

El anterior es un párrafo del libro “Psicología social de la guerra: trauma y terapia”, editado en 1990 en El Salvador. Los textos, que fueron seleccionados por el jesuita Ignacio Martín-Baró, ilustran las secuelas de los conflictos armados en la salud mental de la sociedad. Según esa tesis, si no hay respuestas institucionales para los familiares de víctimas de muertes violentas, no hay duelo. Han pasado 24 años desde la publicación de ese texto y, aunque El Salvador ya no está sumido en un conflicto armado, muchos de esos postulados continúan vigentes. Así lo dirá José Manuel Ramírez Navas, un psicólogo que tiene una clínica para atender a víctimas colaterales de violencia.

—¿Cuánto tiempo tarda una persona en completar el proceso de duelo?

—En un proceso normal, de muerte natural, dura seis meses. Pero vivimos en un país donde no tenemos duelos normales, sino duelos alterados. La muerte de un hijo o una hija altera el ciclo de la vida. Los duelos se alargan y muchas veces se congelan, porque las personas no viven el duelo. Las personas tienen que ir a vender las verduras al día siguiente del entierro o ir a pagar la renta… tienen que sobrevivir, tienen que hacer tantas cosas que no les permiten elaborar el duelo. Tienen que aprender a cargar con la pérdida y, además, con la falta de restauración.

—¿Qué componentes incluye la restauración?

—Una condena ayuda a restaurar de alguna manera, pero debe haber intervenciones psicosociales, que implican, por ejemplo, ayudarle a la persona a restablecerse económicamente. Vivimos en una sociedad que niega, que invisibiliza el impacto emocional que hay en las personas. En una situación de duelo normal, los rituales, sea la misa, el culto, los tamales, los novenarios, van ayudando a las personas a asimilar el dolor. Pero en algunos casos, cuando se trata de muerte violenta, aunque vivan esos rituales las personas no logran superar el duelo…

—¿Por qué debe incluir reparación económica?

—Vivimos duelos múltiples. Entendiéndose que duelo no es solo la pérdida de un ser querido, sino la pérdida de un proyecto, la pérdida de un hogar, la pérdida de la cercanía con el familiar. Tenemos pérdidas por guerra, por violencia social, por terremotos, divorcios, desempleo. Un duelo va a ser todo lo que representa una pérdida en mi vida. La pobreza ya es una violencia.

El libro de Martín-Baró lo resume así: “A diferencia de otras situaciones de duelo, la pérdida del ser querido en el caso de los familiares de los ejecutados se da en el contexto de múltiples pérdidas: proyecto político, ser social, amigos o familiares que han sido víctimas de la represión, estabilidad económica, vivienda, lugar de residencia, etcétera”.

En total, 9,464 personas fueron asesinadas en El Salvador entre 2011 y 2013, con la tregua entre pandillas incluida, ese pacto que el presidente Mauricio Funes se ha negado a reconocer como estrategia propia, iniciado en marzo de 2012. La tregua, que disminuyó considerablemente la cantidad de homicidios en El Salvador, no ha conseguido, sin embargo, que la violencia cese en el país. Es más, los asesinatos han comenzado a incrementarse, pese al pacto, desde julio de 2013, algo que llevó a decir al director de la Policía Nacional Civil salvadoreña, Rigoberto Pleités, el 3 de marzo de este año, que la tregua “técnicamente ya no existe”.

En esos mismos tres años, los tribunales de Sentencia salvadoreños dictaron 490 condenas en casos de homicidios, según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República. 490 condenas. Lo que equivale a poco más del 5 % de los homicidios cometidos esos mismos años. Una resta deja poco margen de maniobra al optimismo: el porcentaje de impunidad en El Salvador supera el 94 %.

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En la noche me mandó un mensaje. Como a las 8:20 me lo mandó, donde me decía que le dijera a mi papi y a mi mami que iba a venir más tardecito. Que no se preocuparan, que estaba bien. Cerca de las 9 de la noche yo oí el disparo. Cuando salimos era un gentío terrible. A él lo estaban montando en un carro, pero ahí no cabía. Entonces lo sacaron y lo metieron en un pick up, que hasta la vez no sabemos ni quién fue que nos llevó. Mis papás se quedaron, porque mi mami cuando llegó se impactó y ya no se pudo mover. Un primo y yo nos subimos para llevarlo al hospital. Prácticamente llevaba el balazo aquí y el ojo iba… Pero iba vivo porque… bueno, nosotros somos cristianos, y yo iba pidiéndole tanto al Señor que nos diera la fuerza para resistir. Entonces, él iba vivo porque me llevaba a mí agarrada de la mano, me la apretaba tan duro. Y entonces llegamos al hospital.

Ponernos en las manos de Dios ha sido lo único que hemos hallado. Dejarle a él todas las cosas. Porque él sabe por qué. Mire, nosotros somos de un pensar: nada en la vida le pasa si Dios no quiere, nada. Otra cosa que nos ha ayudado es que yo tengo un hijo de dos años. Los doctores me habían dicho que prácticamente yo ya no podía tener, que era estéril. El Señor me lo regaló al año de haber muerto mi hermano y le buscó hasta el nombre de él. Eso nos ha ayudado tanto como no tiene una idea. Porque en el corazón, yo estoy cien por ciento segura, que en el corazón mío, en el de mi mami, el de mi papi, lo que hay es dolor, no hay nada de rencor para ellos. Porque Dios nos ha ayudado muchísimo. Le digo, es la única salida que hemos hallado: el Señor. Seguirlo a él. Es la única solución, porque no es fácil llevar ese dolor día con día. Nada menos hoy, hace poco, el viernes, fueron tres años. Mis papás se acordaban y lloraban, yo los he visto llorar un montón de veces. Yo nunca he llorado enfrente de ellos, me he hecho la fuerte. He llorado enfrente de otra gente, pero enfrente de ellos no. Es más, yo les cambio la conversación.

Hace poco le ofrecieron una misa en su memoria. El 14 de febrero. Y cuando cumple años, que el cumplía el 23 de marzo, le van a dejar flores, la novia por ejemplo. El 14 de febrero siempre le va a dejar un globo a la tumba y flores, un arreglo de flores, siempre se lo va a dejar. Cuando es el día de su cumpleaños igual le va a dejar un arreglo. Así, así lo recordamos.

(Claudia, hermana de un joven asesinado en La Libertad, el 11 de febrero de 2011, quien prefirió no identificarse. Guardó el último mensaje que su hermano le envió a su teléfono durante dos años, el mismo que relata al inicio de esta historia. Lo perdió porque el teléfono se le arruinó).

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A la par de la morgue de Tegucigalpa hay una funeraria. Se llama Los Olivos. Tiene 40 años de fundación y 14 de tener esta sucursal. El olor a putrefacción es perceptible a oleadas espaciadas, en esta sala donde brilla el barniz de los ataúdes. Marta Ordóñez, una de sus encargadas, cuenta que la mayor parte de servicios son por homicidios. “Las muertes violentas son más que todo por los narcotraficantes”, dice. El trabajo no escasea aquí.

Etelinda López, asistente de patología de Medicina Forense de Honduras, explica que de cada 10 ingresos a la morgue, entre siete y ocho son por muertes violentas. Y mientras admite que existen deudas con los familiares de las víctimas para brindarles un tratamiento más digno –Honduras, como Guatemala o El Salvador, tampoco tiene una entidad de atención a víctimas–, revela precariedades de su trabajo: en ocasiones no tienen ni combustible para trasladar los cadáveres. Medicina Forense solo tiene tres oficinas donde se hacen las autopsias de todo el país: Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

“No todas las muertes violentas se van por autopsia, porque en algunos casos no tenemos manera de transportar los cuerpos. Nosotros somos una regional que abarca toda la zona central, el sur y el oriente del país. Y dentro de estas zonas tenemos unas muy violentas, como Olancho, en las que hay una gran resistencia en que los cuerpos sean trasladados a Medicina Forense”, dice López. Para algunos, entonces, no hay autopsia. Si no la hay, no existe un documento que establezca siquiera si se trata de un homicidio o no. Y si no se establece, menos aún se judicializa. En Honduras, según datos de la Corte Suprema de Justicia, de cada 100 asesinatos solo en tres se condena al responsable. Otra manera de decirlo: la impunidad en el país más violento del triángulo norte es del 97.44 %.

En Honduras han asesinado a 21,033 personas durante los últimos tres años, de 2011 a 2013. Eso es un promedio de 19 personas que han muerto de forma violenta cada día. Buena parte de estas tiroteadas, según las estadísticas del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto, en términos prácticos, es una inundación de imágenes de personas baleadas, desmembradas y estranguladas en los informativos televisivos hondureños, bajo etiquetas como “racha sangrienta”. Múltiples cuadros en el Bajo Aguán, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa de víctimas para las que no hay responsables la mayor parte de las veces. Hay, incluso, reporteros destacados en la morgue de Medicina Forense. Si no ha habido fallecidos ese día, seguro que pronto habrá uno.

“El problema es que cuando un Estado no investiga y no judicializa, le da la oportunidad a las personas primero de que puedan armarse, que puedan tomar la justicia por sus propias manos. Cuando no evidenciamos la realidad y no somos transparentes en decirla, eso da pie para que mucha gente sienta que hay una impunidad. Pero luego es que necesita tomar la justicia por sus propias manos”, opina Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de Violencia.

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La persona que me lo mató ya me lo tenía controlado y le dio por detrás. Una vecina, que vivía como a cuatro casas de la nuestra, me lo mandó a comprar una recarga. Cuando él regreso, esta persona me le disparó por detrás. El niño quiso defenderse porque tenía un disparo en la mano. Si me lo hubieran agarrado de frente, tal vez me lo hubieran herido, pero no me lo hubieran matado, porque me le dieron en la cabeza. Me le dieron con qué odio… tenía disparos en la espalda y en la cabeza. Es duro. Créame que es duro. Trato de salir adelante porque tengo a mi otro hijo, pero mi vida cambió definitivamente. Yo abría el negocio de lunes a domingo y solo los fines de semana me iba a dormir a la casa. Mi mamá me los cuidaba de lunes a viernes, pero desde que pasó lo de mi hijo me di cuenta de que no vale la pena y ya no trabajo ni sábado ni domingo.

El papá de mis hijos ha sido militar. Llegó y me dijo que quería venganza, que iba a buscar a quien nos había hecho eso. “Esto no puede quedar así. Lo que le han hecho a mi hijo se los voy a hacer peor”, me decía. Él estuvo de sargento. Por eso me decía que no le importaba lo que pudiera pasar, porque él estuvo en la guerra. Pero yo le dije que no valía la pena. Yo no iba a resucitar al niño y, además, teníamos al más pequeño. Yo no quería que corriera riesgo mi familia. Le dije: “De nada sirve que movás esto, lo otro, si él ya no va a volver”. A Dios le he dejado las cosas: él ve lo justo y lo injusto. Nos salimos inmediatamente de ahí y la casa la he dejado alquilada. Solo Dios hace la justicia.

(Edith, quien escogió usar ese nombre para esta historia, madre de un joven de 15 asesinado en Soyapango el 19 diciembre de 2010. El hijo de Edith cursaba noveno grado).

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Mi tío me llegó a despertar por la mañana porque a él le hablaron por teléfono, supuestamente una de las muchachas que venían a trabajar ese día. Y le dijo que los vigilantes estaban desaparecidos. Y él, al ver que ya no le daban nada de respuesta, si ya los habían encontrado o qué, me fue a hablar a mí porque a la par vivimos. Somos vecinos. Somos familia y vecinos a la vez. Eso fue quizá como a las 6 de la mañana. Me dijo que estaban desaparecidos los vigilantes, entre ellos mi padre. Salimos a la calle, a estar platicando con él, con mi tío, cuando llegó un amigo de él y nos dijo que nos iba a traer para acá. Cuando vinimos a buscarlos nos avisaron que ahí en la limonera estaban muertos los vigilantes. Yo todavía entré y vi a mi papá, estuve a la par de él. De ahí los policías nos sacaron, porque nos dijeron que se iban a borrar las evidencias que había.

Yo he sido un hombre que… o sea, todo me ha valido. Peor con eso. Yo he sido alguien que, hasta el momento, me he contenido un poco. Porque le digo: ya al darse cuenta uno quiénes fueron… uno ya puede actuar por su propia cuenta. Es que mire, la justicia solo Dios la pone. La policía no hace nada. Al darme cuenta quiénes fueron y viéndolo así … ¿Cómo lo voy a dejar ahí? ¿Sabiendo que él ha matado a mi papá?

(Manuel, 33 años, hijo de uno de los cuatro vigilantes asesinados el 25 de febrero de 2011 en La Libertad. Prefirió no identificarse con su nombre verdadero. Manuel aún guarda en su cartera el Documento Único de Identidad de su padre).

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“Escalofriante corrupción policial” fue el titular de portada del periódico hondureño El Heraldo el 5 de febrero de 2014. Esa publicación especial hizo referencia a 202 policías investigados por delitos de corrupción, sicariato y tumbes de droga. También se mencionaba que algunos policías, en vez de ser depurados y enjuiciados, estaban siendo retirados “con honores” de la Policía Nacional. El tufo a narcotráfico está impregnado en el imaginario de la violencia hondureña, como el de las pandillas en el salvadoreño.

El fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, lo admite sin mucho problema. “Tenemos en alguna medida que fortalecer la situación de nuestro país con el tema del control y el ingreso de las drogas. No todos los homicidios tienen como causa el narcotráfico pero sí un componente fuerte es la violencia que se genera por este tema”, explica el funcionario.

El fiscal Chinchilla, en una entrevista realizada el 7 de febrero en su despacho de Tegucigalpa, se negó a proporcionar la cifra de efectividad en investigación y el número de fiscales asignados a la Unidad de Vida, creada en 2013 específicamente para casos de muertes violentas. Tampoco brindó la carga de casos por cada fiscal. Honduras (eso sí lo confirmó) tiene 619 fiscales distribuidos en todas las unidades del país. Si todos estos se dedicaran únicamente a investigar homicidios, para resolver los 21,033 de 2011 a 2013, tendrían una carga de 33 casos cada uno.

—¿Cuántas muertes violentas están quedando en la impunidad? ¿Dan por perdida la batalla?

—No. El Congreso nos aprobó la creación de la agencia técnica de la investigación criminal, esto nos va a permitir tener un equipo de investigación.

—¿Cuáles son los niveles de impunidad?

—Yo quiero ser bien responsable y darle un dato exacto, se lo doy en la tarde.

—¿Tienen unidad de atención a víctimas?

—Es que mire, ese es un fenómeno latinoamericano y que afortunadamente ya va cambiando. Veníamos en la década de los ochenta, cuando los códigos penales eran inquisitivos, lo que se privilegiaba era la investigación en detrimento de los derechos del imputado. Entonces vienen ahora esas nuevas tendencias de atender el derecho penal del más débil. Honduras no puede ser ajeno a esta tendencia mundial de comenzar a tutelar los derechos de la víctima.

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Cuando mi esposo se paró en el portón, se me fue la vida. Yo lo miré llorando. ¡Ay, Dios mío, lo perdí entonces! Mi hijo, que no compraba nada si yo no le daba el visto bueno. Cuando mi hijo vivía aquí, mi esposo decía: “Están los dos novios platicando”, porque él me contaba todo. Era un hijo… Y su iglesia no la dejaba. Y con sus hermanos también… Yo hasta la vez me cuestiono y me digo “¿Por qué?” Es que aquí no hay justicia, no hay justicia.

Y aquí de nada sirve hablar, si aquí no hacen nada. Imagínese: el peor país corrupto en el mundo. Aquí mueren diariamente, por lo menos, 10 personas. Entonces, aquí no hay justicia, mire la rectora, el hijo de la rectora. Esa señora todavía ahí anda peleando. Ella que es conocida, ¿y nosotros? Y así como yo, como nosotros, hay miles de personas.

Yo me pongo a llorar y llorar. Se me baja el azúcar o se me sube. Por ejemplo, en Navidad, ahorita el 24, me fui con mi esposo donde mi hermano. Y ahí era que no podía caminar. Me vinieron a dejar en una moto, viera cómo se reían. El 31 fue que se me bajó el azúcar. Entonces la doctora que me mira y me dice que es de lo mismo, que algún día yo voy a asimilar las cosas.

Todos los días, a las 5 de la mañana, le hago un rosario, platico con él y le digo que cuide a sus hermanos. Es que nos ha pasado de todo… A este cipote (su otro hijo) le robaron el carro. A los 10 días se encontró el carro con un muerto adentro. Todavía no hemos recuperado el carro.

(Yolanda Ávila, 62 años, madre de Érick Alexánder Martínez Ávila, asesinado en Tegucigalpa el 7 de mayo de 2012, a los 33 años. La primera vez que Yolanda vio llorar a su esposo fue cuando mataron a su hijo. Tienen 36 años de casados).

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El Observatorio de la Violencia donde trabaja Migdonia Ayestas es parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La rectora que menciona Yolanda Ávila, madre de una de las miles de víctimas de violencia en Honduras, es Julieta Castellanos. Su hijo, Rafael, fue asesinado Tegucigalpa en 2011.

Ayestas, la directora del Observatorio de IUDPAS en Honduras, señala que la Secretaría de Seguridad les ha negado, desde julio de 2011, algunas estadísticas de homicidios que solo tiene la Policía. Pero el observatorio se vale de la contabilización cruenta de los medios de comunicación para suplir ese subregistro, pero ¿cuál es el problema?

“Si no registramos un homicidio, si un familiar o mi familiar no se registró, obviamente no existe. Sigue vivo. O está desaparecido. Pero esa persona murió. Hay evidencia de que lo enterraron, que tiene nombre, apellido, sexo, un contexto en que ocurrió”, advierte la directora del IUDPAS.

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Sí, a mí me dieron una bala también en la espalda. Fue el 7 de diciembre de 2011. Íbamos a diligencias normales de una pareja. Era un día bueno, porque yo estaba sin empleo. Estaba con consultoría entonces. Consultoría a veces hay y a veces no hay. Para él era un buen día, porque su modesto, muy modesto, sueldo que tenía como asesor le tocaba cobrarlo. Y a mí me salía una nueva consultoría. O sea, quiere decir que era un día radiante para nosotros, un día feliz. Pues bajamos y nos dispararon en el camino. Le dispararon a él. Yo no me di cuenta porque a mí me balearon también. Nos estrellamos contra un poste. Pero mi esposo ya estaba medio muerto. Yo me estrellé porque lo vi que estaba herido de muerte. Donde lo vi, inmediatamente como por arte de magia, salió la policía. La policía resguardando. O sea, todo estaba muy custodiado. Yo creo que fue un crimen totalmente… No fue un policía quien lo mató, pero la policía cuidó que el asesinato saliera muy bien.

Yo estaba pidiendo que realmente se encontrara a la persona responsable de haberlo asesinado. Por supuesto, las personas que también se habían encargado de matarlo o de planificar el asesinato. Eso es lo que estaba pidiendo. Que se supiera. Porque lo más fácil era, en un país en donde hay tanto muerto, el olvido, la indiferencia, nada, que se quedara así. Entonces, a mí no me parecía para mi esposo. Ni se lo merecía. Mi esposo luchó muy duro contra el narcotráfico. Me pareció que dio su vida, que luchó e hizo algo extraordinario. Denunció y dijo lo que nadie decía. Me parecía que yo tenía que no pensar en mí. Eso me daba como mucha vida. No he podido pensar en mi desgracia. Y a raíz de esa lucha titánica que hemos tenido, titánica porque ha sido una cosa de horror dos años, logramos que hubiera un condenado. Por lo menos, por lo menos, es una lucha. No tiene idea lo que es esa lucha, es una lucha sin cuartel.

También está mi caso por tentativa de homicidio. Hace poco tuve que declarar. Entonces el juez dijo que le daban sobreseimiento definitivo al acusado porque la bala no era para mí. Yo ahí me di cuenta de que estaba perdida, que el caso estaba perdido totalmente. Le dieron sobreseimiento definitivo porque esa bala no era intencional, esa bala no era para mí. Cuando yo vi eso casi me muero del dolor. Al vicefiscal ya lo había yo emplazado por radio. Le dije: “Tanta habladera, pero respuestas, señor… Mi esposo está esperando respuesta”. Porque eso es lo que toca hacer, denunciar, decir y hablar.

(Hilda Calderas, 56 años de edad, esposa de Alfredo Landaverde, experto en temas antidrogas y exasesor de seguridad asesinado el 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa, a los 71 años. Antes de comenzar la entrevista hizo una pausa silenciosa de un minuto, mientras el pianista del Hotel Honduras Maya tocaba la canción “Hello Dolly”, la que siempre tocaba cuando ellos entraban a ese hotel, el mismo donde se casaron el 5 de febrero de 1981. Exactamente 33 años antes de esta entrevista).

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Tres hombres uniformados de naranja fluorescente acaparan la portada de Prensa Libre, otro de los periódicos guatemaltecos, el 11 de febrero de 2014, el día de la entrevista con el secretario de política criminal del Ministerio Público. Los tres uniformados, junto con otras tres personas, han sido condenados a penas que van desde los 14 hasta los 526 años de prisión por el caso que en Guatemala se conoció como “El bombazo”, un atentado en el que murieron nueve personas dentro de un autobús en enero de 2011. Alejandro Rodríguez, el secretario de política criminal de la Fiscalía guatemalteca, usará ese caso para exculpar la desnutrida cifra de condenas que hay en su país: 1,268 condenas para los 18,450 homicidios cometidos en tres años, lo que implica un porcentaje de impunidad del 93.2 %.

Para Rodríguez, la falta de condenas no es sinónimo de impunidad. La impunidad la mide con otra escala: “No tenemos un porcentaje tan alto de resolución de casos, pero buscamos que los casos estén conectados. Es decir, le apostamos más que a resolver casos individuales a abarcar fenómenos. Nuestro objetivo no está tanto en función de la resolución de casos, sino en la disminución de tasas de violencia. Por ejemplo, con este caso, el caso de la bomba, con esa estructura que estamos desarticulando, ellos tenían como 400 muertes detrás. Estamos de alguna manera resolviendo en un solo caso varias muertes”.

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, la que tiene que responder ante el 95.31 % de impunidad, no quiso conceder una entrevista para explicar lo que están haciendo o dejando de hacer para dar una respuesta a las víctimas o a sus familiares.

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Yo no sé cómo familias que les matan a sus seres queridos dicen: “Lo dejamos en manos de Dios”. No se puede dejar en manos de Dios, porque Dios hizo las leyes de la tierra también. ¿Por qué lo va a dejar pasar? No, no es justo. Cuando yo fui a poner la demanda no me querían hacer caso. Querían que yo tuviera la dirección y el nombre exacto de la mujer. Yo les decía que cómo era posible, si yo no era de allá. Hasta que les enseñé las fotos que le había tomado en el hospital con mi teléfono. Les enseñé cómo era que lo habían dejado. Ahí fue donde me tomaron la denuncia, pero realmente las autoridades a nosotros no nos apoyaron. Costó mucho que nos hicieran caso. Lo que hicimos fue ampliar las fotos. Y se anduvieron cargando para sensibilizar a la gente. Desde que a él se le enterró, una semana después, se buscó la ayuda de la Asociación de Sobrevivientes y nosotros logramos que nos hicieran caso, porque las autoridades dicen “capturamos y todo”, pero realmente no hacen nada.

Lo que decía el párroco era que había que enfatizar que él no era marero, que no era delincuente. Porque las autoridades lo que hacen es que etiquetan a la gente. Pero, como le digo, mi nieto no tenía una mala junta, no tenía un arte, no tenía nada. Él era un joven tan sano. Cuando lo enterramos iban seis cuadras de personas. No nos podemos quejar de apoyo. Hubo mucho periodista. Este caso ha sido bien sonado, vino Primer Impacto, se pasó por Primer Impacto. Híjole, yo tengo colección de todos los periódicos. Gracias a Dios y a las personas que nos ayudaron.

(Sonia Flores, abuela de Tommy Ernesto Chajón Luna, asesinado el 15 de junio de 2013 en Guatemala. Al minuto 35 de la entrevista, la mujer de 55 años hace una pausa para ir por unas servilletas. Luego le da play a su teléfono celular. Suena entonces una canción que su hijo mayor le compuso a Tommy. “He partido a ocupar la vacante de la orquesta de Dios”, tararea. La canción dura 3 minutos. Y Sonia la reproduce tres veces y de forma consecutiva).

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Un cuadro de la Virgen de Guadalupe custodia las seis fotografías de algunas víctimas de violencia en Guatemala. Entre esos retratos está el de Tommy, el nieto de Sonia Flores. También está el de Cristina Siekavizza, la mujer que desapareció en julio de 2011. Su cadáver no ha sido encontrado, pero su esposo está siendo procesado por feminicidio y por huir del país con sus dos hijos. Hay tres floreros con rosas, una vela, pétalos anaranjados y dibujos hechos por los hijos de las víctimas. Es el altar de la Fundación Sobrevivientes, una entidad creada en Guatemala por Claudia Hernández, una víctima de violación sexual. La fundación recibe un presupuesto gubernamental de 1 millón de quetzales cada año ($129,324), aunque su verdadero sostén son las donaciones porque funcionan en calidad de organización no gubernamental.

Hernández, la directora, explica que intentan llenar un agujero estatal: “Nosotros estamos para brindar un servicio que el Estado no está brindando. Le pusimos Sobrevivientes porque no solo se sobrevive a un delito, aquí se sobrevive al mismo sistema judicial. Nos vienen casos de todo tipo. Les damos acompañamiento legal y psicológico porque un ciclo se cierra hasta que hay condena”.

Su versión contrasta con la del secretario de política criminal de Guatemala, Alejandro Rodríguez, quien cree que el Estado sí está dando una respuesta a sus víctimas. Él tiene en su vocabulario una docena de términos que le sirven para referirse a lo que, según la versión oficial, hace la Fiscalía de su país con las víctimas colaterales de la violencia: estabilización emocional, modelo de atención integral, red de derivación, reparación digna, oficinas de atención a víctimas, atención en crisis…

“Tenemos 55 oficinas de atención a víctimas. Por diferentes razones estas oficinas se han centrado en víctimas de violencia sexual o violencia contra la mujer, pero eso no excluye otro tipo de víctimas. El trabajo en lo que es homicidio ha sido poco, pero sí se ha trabajado, especialmente con aquellos casos especiales, como cuando se han dado asesinatos fuertes, pero hasta este año vamos a comenzar a trabajar un protocolo específico”, comenta el funcionario.

Hernández, sin embargo, añade matices: “El problema de Guatemala es que se llegó a normalizar la violencia. Muchos de los que se han vuelto asesinos vivieron violencia en su niñez. Nosotros estamos tratando de cerrar ese círculo de violencia”.

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Yo no era nada. Yo no trabajaba. No sabía hacer nada. Él era el sustento de la casa. Yo no sabía qué hacer porque él me dejó 900 quetzales ($116) nada más. Me sometí en una gran depresión y las dos nenas solo me veían llorar. Yo nunca había trabajado y decía: “¿Y ahora cómo hago para darles de comer?” Me tuve que ir a vender dulces a un semáforo. Después de eso estudié enfermería. Iba todos los sábados. Ya así conseguía pacientes en casa, aunque no me reciben en ningún hospital porque no estoy avalada por el Ministerio de Salud. Así es como he salido adelante, más o menos, con los “patojos”. Hace poco se me murió el pacientito que cuidaba y ahora estoy cuidando dos niños durante el día. Me pagan 30 quetzales al día (casi $4) y el almuerzo.

La niña grande ya no siguió estudiando porque no quiere estudiar en un instituto público. Y a mí se me atrancó mucho la deuda. Tengo una deuda de 2,500 quetzales ($323.39) en el colegio donde estaba. Son mensualidades y se me juntó la mora. Nada de esto estuviera pasando si él estuviera con nosotros.

Los niños se me pusieron bien mal. Yo los estuve llevando a terapia al hospital de Infectología. La nena grande todavía está afectada, ahorita tiene 13, la de en medio 11 y el menor tiene siete. A la nena grande la estuve llevando al psicólogo varios días. Dejó de comer por varios días, se encerraba en el cuarto y se le cayó todo el pelo de la depresión por la muerte de su papá. En el hospital de Infectología, en la zona 11 de Guatemala, les hablaban a los tres. Como nos deprimimos todos, yo no me ocupaba de ellos. Yo me tiré a la perdición y ellos se iban a la escuela y se me llenaron de piojos. Cuando fuimos donde la psicóloga, le dije que a la grande se le estaba cayendo el pelo. Y vino la psicóloga y le vio un piojo. Cuando la nena se iba a despedir de ella, la psicóloga le dijo: “No, no, no, no”. Y se apartó. Desde entonces, la nena ya no quiso ir donde ningún psicólogo. Me dijo: “Mama, yo ya no voy con ningún psicólogo. Además no nos ayudan en nada”. Le preguntaban cosas, de su niñez, desde que ella tenía razón. Después dijo: “No, ya no voy, mama, porque solo a contar voy y no me ayudan en nada”. También la ponían a dibujar. Yo también fui con ella, pero como ella ya no fue, no fui yo tampoco.

(Mirna Chen, esposa de Sergio Eduardo Mérida Lara, un conductor asesinado el 15 de junio de 2009 en la zona 1 de Guatemala. Sergio tenía tres años de trabajar como motorista de la ruta 4. Mirna es una de las integrantes de la Asociación de Viudas de Pilotos).

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El Salvador tiene una Dirección Nacional de Atención a Víctimas, que fue creada en 2011. Esa oficina, adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tiene 20 empleados y un presupuesto anual de $172,000. Esas 20 personas atendieron a 143 personas el año pasado, en su mayoría víctimas de violencia intrafamiliar, de trata de personas o amenazas. Ningún familiar de víctima de homicidio.

“Es primera vez que en tema de seguridad se mete el tema de dar repuesta a todo el drama que sufren la víctimas en El Salvador, porque siempre se habían dejado de lado. Se está iniciando con la fase de procurar la atención psicológica, jurídica, social a las víctimas. Se requeriría mucho más dinero para poder ayudar a las víctimas de homicidio”, reconoce la directora de Atención a Víctimas, Fátima Ortiz.

La dirección hizo el cálculo de cuánto le cuesta al país la atención de cada una de las víctimas. Atender a una víctima de violación, por ejemplo, supone una erogación de $5,000, que incluyen: asesoría legal, psicológica, víveres, alojamiento, alimentación y transporte durante seis meses. Han estimado que la atención para las víctimas de violencia rondaría los $3,500. Necesitarían por lo menos $8.7 millones para atender al menos a un familiar (madre, hijo, esposa, esposo) de las 2,499 víctimas de homicidio de 2013.

“Dentro de nuestro objetivo dice ‘restaurar el tejido social’, porque sabemos que si no va a seguir la enfermedad, pero también al nacer se nos dio el mandato superamplio: homicidios, todos los delitos. Sabemos que tendríamos que focalizar. Creo que va a ser parte del nuevo gobierno que venga a tomar ese tipo de decisiones”, agrega Ortiz.

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Cuando mataron a la niña, ella tenía dos años y yo 16. Era mi primera y única hija. Ese día íbamos para una vigilia. Íbamos caminando en la calle. Cuando habíamos pasado por donde estaba manchado por los mareros, salió un hombre que iba algo bolo. Atrás de él venía otro con un arma y empezó a disparar. La niña iba caminando a la par de nosotros. Cuando yo volví atrás, porque se oían como que eran cohetes, uno le estaba disparando al otro. Quisimos irnos, pero ya le había caído un disparo a la niña. El papá la chineó. Ni vimos cómo fue que le cayó. La niña iba con vida, pero al poco que caminamos ya no. Hubiera sido peor verla sufrir. Son cosas que pasan.

Después oímos que habían capturado al hombre ese, pero a saber si será el mismo porque agarraron a varios. No se sabe si estará preso. ¿Y va a salir en el diario que hoy aquí vivo? Muy peligroso, mejor ni mencione mi nombre. Y tampoco que diga para dónde nos vinimos. Desde octubre estoy aquí. Aquí es más tranquilo, no es como en Mejicanos, aunque hoy casi en todos lados está igual.

(La niña de dos años quedó en medio de fuego cruzado en Mejicanos, en San Salvador. La madre de la niña, que hoy tiene 17 años, espera a su segundo hijo. Tiene cinco meses de embarazo).

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El proceso de duelo es medido usualmente por etapas. Cinco, según el modelo desarrollado en 1969 por la psiquiatra estadounidense Elisabeth Kübler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. El doctor en psicología Robert A. Neimeyer las conoce, pues sus investigaciones en la universidad de Memphis, en Tennessee, han sido, en parte, sobre la muerte, el dolor, las pérdidas.

Desde Italia, donde da clases por dos semanas, Neimeyer responde una duda sobre las condenas en los casos de homicidio y el proceso de duelo.

—¿El acceso a la justicia en casos de homicidios es importante para los procesos de duelo?

—Sí, la búsqueda de justicia tiene un gran papel en muchos casos de homicidio, pero es un contribuyente ambivalente. Los que quedan buscan justicia, pero muchos de los homicidios persisten por años sin solución, y aun cuando se resuelve, el castigo es insuficiente en los ojos de los sobrevivientes. Por esta razón, los resultados raramente satisfacen la familia del difunto, y el duelo es complicado.

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Lo soñé una vez, cuando al hombre lo agarraron. “Ya estuvo”, me dijo, “ya me voy”. Hoy que ya lo capturaron, siento un poco de paz, pero no sé por qué en Guatemala guardan a los criminales. ¿Por qué? Y no solo en Guatemala, el mundo se está muriendo de hambre y se preocupan por darle de comer a los delincuentes, cuando eso podría ser utilizado. Tanta comida que les dan, electricidad, mobiliario, todo. Todo eso debiera de ser utilizado en educación, medicina, hospitales, trabajo. ¿Qué gano yo con tenerlo ahí preso? No me devuelve a mi Tommy. Al contrario, ahí peor se ponen. Qué hacen las autoridades. No sé si todas las autoridades de todos los países son así. Ahorita con las votaciones, uno siente diferente. Si todos votaran nulo talvez sería diferente, tal vez fuera como que se necesita un cambio para que pensaran. Pero los puestos siempre los ocupan los mismos. Se cambian, hacen el gran escándalo, pero siempre son los mismos.

Uno con esto tiene sentimientos encontrados: frustración, tristeza. Yo me refugio en Dios toda la vida. Lo que soy, lo que tengo y lo que sé le pertenece a Dios. Soy de fe, pero eso no me quita preguntarle a Dios por qué, para qué. ¿Por qué este sufrimiento? Cuánto sufrió mi muchacho, por qué Dios lo permitió si era tan bueno. ¿ Por qué? ¿ Por qué? El último mensaje que Tommy me mandó es del 13 de junio. Yo lo leo y siento como que me los mandara de nuevo.

(Sonia Flores, abuela de Tommy Ernesto Chajón Luna).

El 14 de junio de 2013, Tommy viajó a Quetzaltenango a su primer encuentro con Nataly Fernández, a quien había conocido en Facebook y de quien se enamoró. Nataly, según lo que ha determinado el Ministerio Público, tenía cinco perfiles en la red social, entre estos uno donde se identificaba como “Bebita Linda”. La mujer era compañera de vida de Leonel Eugenio Zamora. A Nataly le han dado la calidad de testigo, pero Zamora enfrentará una audiencia en abril próximo. El hombre, de acuerdo con las investigaciones fiscales, encontró a Tommy junto a su compañera de vida la noche del 14 de junio. Lo hizo tomar gasolina, le roció combustible, le prendió fuego y luego lo sacó a la calle. “Mi intención no fue matarlo. Quería lastimarlos y hacerlos sentir lo que yo estaba sintiendo”, dijo en su defensa cuando fue capturado).

*Reportaje realizado dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), en alianza con CONNECTAS.

Fotos: La Prensa Gráfica