Cosecha Roja.-
A los 83 años, Chicha Mariani -una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo- temía no recordar los detalles de aquel 24 de noviembre de 1976, cuando asesinaron a su nuera y secuestraron a su nieta Clara Anahí. Cuando le tocó declarar en el juicio por apropiación de bebés, pidió adelantarlo seis meses. Lo hizo con el apoyo del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Como los crímenes no fueron escritos por los verdugos, los testimonios son el elemento central, los testigos tienen que estar protegidos y eso implica una fuerte política de Estado”, dijo a Cosecha Roja Fabiana Rousseaux, coautora junto con Luis Eduardo Duhalde de “El ex detenido desaparecido como testigo de los juicios por crímenes de lesa humanidad”.
Pasaron casi cuarenta años. Los ex detenidos desaparecidos que fueron testigos de las torturas durante la última dictadura militar son las fuentes de la memoria. El libro es una reflexión sobre las diversas situaciones a las que se enfrentan cada vez que se sientan a declarar ante un tribunal que juzga los delitos de lesa humanidad: un oscilar entre la reconstrucción de la memoria y el miedo de no recordar todos los detalles. Esa vivencia, que se convirtió en política de Estado cuando se reabrieron las causas, quedó registrada en los textos escritos por Eduardo Luis Duhalde -ex secretario de Derechos Humanos de la Nación- y Rousseaux, psicoanalista y ex directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de DDHH Dr. Fernando Ulloa
El libro se publicó después de la muerte de Duhalde en 2012 y hoy a las 19:30 lo comentarán en el bar-librería La Gradisca, con la presencia de la jueza federal María Roqueta -que condenó al ex dictador Jorge Rafael Videla- y la fiscal Mercedes Soiza Reilly -fiscal de la Megacausa ESMA-. “Debería ser de lectura obligatoria para los operadores judiciales porque con estos juicios tuvimos que aprender a movernos de otro modo, a preguntar para que el testigo no se incomode y no pierda el eje del relato, a analizar los testimonios desde el contexto histórico y construir otro lenguaje”, dijo a Cosecha Roja Soiza Reilly.
Para la jueza Roqueta, el trabajo de acompañamiento es muy importante y nunca antes había estado previsto. “El testigo que fue víctima de desaparición forzada tiene encima la carga de haber sobrevivido, de sentir la culpa de estar vivo y tener que declarar. He visto gente llorar, llorar y llorar por estar vivos. Es un tema que desde la Secretaría han trabajado mucho”, dijo a Cosecha Roja.
G. B. contaba todo lo que había vivido cuando estuvo detenida pero no se animaba a hacerlo público. No quería sentarse en una sala de juicio ni ir a la fiscalía. La llamó Duhalde en persona y fue a verla a la casa. Junto con el equipo interdisciplinario la acompañaron en la decisión de no declarar. “A pesar del compromiso y el amor hay limitaciones que no podemos sobrellevar”, dijo Soiza Reilly.
Hay situaciones que se desencadenan cuando el juez cita al testigo. El llamado puede llegar hasta un año antes del juicio. “Queda pulsando la necesidad de recordar algo que sucedió hace 40 años. Algunos sufren insomnio, trastornos alimenticios y aparecen historias que quizá nunca les contaron a sus familiares. Hay mujeres que fueron víctimas de abuso sexual y sus maridos e hijos se enteran por primera vez frente al tribunal”, contó Rousseaux. Para Roqueta todos los pasos son importantes: el momento en que se lo cita, cuando llegan al tribunal y se tienen que adaptar a las formas de lo judicial para asegurar el debido proceso y el después, el regreso a casa después de haber contado todo. “Hay personas que se sintieron liberadas, otras que no”, dijo.
Soiza Reilly es fiscal de la causa Esma en la que se juzga a 67 represores por los crímenes contra casi 800 víctimas. También trabajó en Base Naval II de Mar del Plata y Automotores Orletti. Durante estos años vio cómo el acompañamiento del equipo interdisciplinario del Ulloa dejó marcas en la actitud de los testigos ante la Justicia. “Es sorprendente cómo llegan empoderados, con una fuerza, una mirada y una postura física frente al espacio desconocido del tribunal”, dijo. Aún así, si un testigo se traba en el relato, el código penal habilita la opción de que le lean una declaración que hizo anteriormente para ver si lo recuerda. Según la fiscal, “tienen derecho a olvidar”.
En los centros clandestinos, los detenidos se prometieron que si sobrevivían tenían que contar las torturas que habían sufrido porque los demás no iban a estar para hacerlo. “Esa necesidad, esa desesperación por no olvidar los detalles, los nombres, las caras y todo lo que vivían ahí dentro los puso en una situación muy tensa. Debían recordar para concretar las sanciones penales de los represores”, dijo Rousseaux. También contó que algunos ex detenidos desaparecidos llegaron al juicio tras 40 años de no haber podido nombrar lo que les pasó.
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Luis Eduardo Duhalde fue Secretario de DDHH de la Nación desde la presidencia de Néstor Kirchner, en 2003. Rousseaux empezó a trabajar con él en 2005 y en ese momento idearon un equipo para acompañar a las víctimas en el mismo momento en que se reabrían las causas. No existían antecedentes de juicios de tal complejidad, cuarenta años después, y era necesario un dispositivo estatal que los contuviera. “Antes el sistema público de salud les daba respuestas tremendas como ‘no piense más en eso, le hace mal’. En algunas provincias, los médicos que los atendían eran los hijos de los represores”, contó la psicoanalista.
Cuando comenzó el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz y desapareció el testigo Julio López, se tomó consciencia: la protección de las fuerzas de seguridad no era suficiente. “La desaparición reactualizó el terror y hasta puso en juego la propia continuidad de los juicios”, dijo Rousseaux. La tarea que encararon desde la Secretaría de DDHH fue la de recrear la confianza de los testigos en el Estado.
La psicoanalista contó que hubo que reconstruir un lazo de confianza en el Estado. “Es una paradoja enorme ser contenido por el mismo Estado que violó los DDHH de los ciudadanos, fue producto de una fuerte política”. La jueza Roqueta contó que muchos de los que se acercaban a declarar, desconfiaban. ¿Por qué habrían de creerle? “Yo los entendía, ofrecía un pañuelo y un vaso de agua y la posibilidad de interrumpir la declaración cuantas veces hiciera falta. Somos personas, estamos tratando de buscar la verdad”, dijo. Con el tiempo, se logró que el llamado al equipo interdisciplinario surja tanto desde un operador judicial como desde el propio testigo que busca asistencia.
“Aunque la memoria no se va a perder, es importante garantizar la continuidad de los juicios. El cuidado, la contención, entender la magnitud y dignificar el procedimiento son parte de una fuerte política de Estado”, dijo Rousseaux. Para Soiza Reilly, “los juicios no son posibles sin el acompañamiento y el éxito depende de eso porque no todos los testigos pueden sentarse a declarar”.
Foto: Télam
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