Gabriel Fuks es uno de los referentes de la comisión que elaboró el documento con aportes para el plan de seguridad de Alberto Fernández. El director del Programa de Planificación Estratégica en Políticas de Seguridad de la Defensoría del Pueblo suena como uno de los nombres que podrían integrar un Consejo de Seguridad en el nuevo gobierno. En esta entrevista hace un balance de la gestión de Cambiemos y plantea cuáles deberían ser los ejes de la seguridad en los próximos cuatro años.
¿Qué balance hacés de la política de seguridad en estos últimos cuatro años?
Acá hay tres nodos distintos. Hubo un intento fallido del Ministerio de Seguridad de la Nación de correr los límites del uso de la fuerza de lo que son las recomendaciones del sistema de Naciones Unidas, que establece una cantidad de parámetros como la racionalidad, legalidad, responsabilidad. Fue un intento fallido porque no lograron incorporarlo como cuerpo doctrinario más allá de una resolución sobre el tema de las fugas.
A los policías y miembros de las fuerzas de seguridad los quisieron convencer de esta doctrina y se ha generado un problema que va a subsistir. Patricia Bullrich se va el 10 de diciembre y Chocobar el 28 de febrero empieza su juicio. Han dejado presos, procesados y fuera de carrera a todos los tipos que compraron ese discurso. Entonces hay un fracaso que va a tener repercusiones adentro de la fuerza por mucho tiempo.
Hay un segundo fracaso por la capacidad que tuvo, alineando políticamente a la Ciudad de Buenos Aires, Provincia y Nación, de hacer una reforma profunda de las fuerzas, especialmente con el traspaso de la Federal a la Ciudad, que permitía una nueva reforma estratégica de las fuerzas de seguridad, especialmente de la Federal. Patricia Bullrich prometió un nuevo FBI argentino que no existe.
¿Y el tercer fracaso?
El tercer tema, volviendo al tema del impulso de las doctrinas, en las otras fuerzas de seguridad también ha generado daños. Hay dos ejemplos. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que es una fuerza moderna creada hace pocos años incorporando todas las recomendaciones del uso de la fuerza del sistema de Naciones Unidas, el uso del arma fuera del horario de servicio no era obligatorio. Patricia Bullrich vovió a poner que se use el arma después del horario de trabajo.
Es un debate que se viene dando a nivel internacional muy importante, que tiene que ver con la necesidad de romper el límite entre los miembros de las fuerzas de seguridad y su participación dentro de la sociedad en general como trabajadores. El uso del arma fuera del horario de trabajo genera la mayor cantidad de muertos y heridos en general por parte de las fuerzas de seguridad.
En realidad lo que hay detrás del uso del arma fuera del horario de trabajo son dos cosas. Una son los adicionales. Al no poder negociar su propio sueldo y al no poder concretar a través de horas extras como un trabajador común la mejora de su situación salarial, usa su arma para servicios complementarios o adicionales. Pero no todos son convocados a participar. La única manera que tiene un miembro de las fuerzas de seguridad de mejorar el sueldo que por decreto el Estado le da, al no existir otro mecanismo de negociación colectiva, es cuando el superior lo autoriza a realizar complementarias. Su paritaria termina siendo con su superior. Es una forma de disciplinamiento estratégica.
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¿Creés que es necesario poner el acento en la discusión sobre las condiciones laborales de los integrantes de las fuerzas de seguridad?
Cuando fue la represión del 14 de diciembre de 2017 (contra las personas que manifestaban contra la reforma previsional) hubo un caso emblemático, el del policía Barisone, que atropelló con su moto (a una persona). Pero cuando él declara ante el juez Sergio Torres, que lo procesa, cuenta que estuvo horas sin ir al baño, sin cambiarse. Las condiciones laborales son deplorables, aunque sea un tipo que merezca el procesamiento.
Hubo algunas instancias de mejoras en el gobierno anterior y algunas líneas de continuidad de esas instancias de mejoras. Pero lo cierto es que si vos queres empoderar a la policía y demostrar que es necesaria para la sociedad este gobierno no hizo casi nada en línea con mejorar las condiciones de vida del policía en tanto trabajador.
¿Es posible pensar en la sindicalización policial?
Mi subjetividad dice que podría hacerse, la objetividad, que es lo que piensan todos y no lo que pienso yo, dice que al menos hay que generar herramientas para la mejora de las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad y herramientas que rompan el vínculo negativo que tiene con el resto de la sociedad. Esa idea corporativa de estar por fuera de la sociedad argentina. Un ejemplo de eso lo hicimos en la ley de la ciudad de Buenos Aires, con el tema del defensor policial.
Hay que generar enganches posibles en los temas salariales, hay que atender sus cuestiones sociales. Generar mejoras y sobre todo hay que capacitarlos para que puedan ascender. No sé si hay que sindicalizar. Yo no lo voy a plantear de esa manera. Sí que hay que dar un debate sobre las condiciones laborales con muchas aristas que hay que tener en cuenta.
¿Qué transformaciones deberían hacerse en relación a los protocolos y a la conducción de la fuerza?
Apegarnos a la ley. Al final no lograron hacer nada. Sólo hay que revisar la resolución (que habilita a disparar por la espalda a una persona desarmada) y derogarla o reinterpretarla. Pero hay que ser más precisos en relación a los convenios internacionales que Argentina tiene firmados y a lo que ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) dice sobre uso de la fuerza.
Lo que hay que hacer es conducir políticamente a las fuerzas, sacarlas de ese discurso, profesionalizarlas más y atender a sus problemas sociales y laborales.
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Uno de los proyectos que discute el futuro gobierno es la conversión de la Policía Federal en una policía de investigaciones, ¿que habría que hacer en ese sentido?
Hay dos temas que quedan pendientes. Hay que aprovechar el inicio de la transformación de la Policía Federal, la salida del territorio, para construir una gran policía de investigaciones cuya doctrina tenga que ver con los temas que son federales y sea auxiliar de la Justicia en los temas en los que lo demande. Y reemplazar la zona barrosa y tormentosa existente entre la inteligencia y la justicia que tantas aristas ha tenido en el último tiempo.
Una de las propuestas que podría poner en marcha el futuro gobierno es la creación de un consejo de seguridad. ¿Qué tareas debería tener este consejo?
En parte tendrá que atender a estos debates que hemos enumerado. Dentro de esos debates habrá que ver como se incorporara una representación que permita democratizar las políticas de seguridad pero que a la vez no trabe las politicas ejecutivas de seguridad. Debe estar y tener incidencia en los ascensos como un mecanismo de democratización de las fuerzas de seguridad. En esto tiene un rol parecido al del Consejo de la Magistratura. Deberá fijar doctrinas y luego habrá un jefe político que será el que ejecute y el que desarrolle.
Otro punto de discusión, que excede un poco al ámbito de la seguridad, tiene que ver con el vínculo promiscuo entre jueces y servicios de inteligencia. ¿Debería sancionarse una ley que prohíba a los jueces ordenar investigaciones a la AFI?
Esa discusión ya empezó cuando se traslada la oficina de las escuchas a la Corte Suprema. Creo que hay que profundizar más aun eso. El rol de la inteligencia debe estar definido por la redefinición de los objetivos nacionales. Por el cuidado de nuestros recursos, por Vaca Muerta, por la predación de nuestros recursos nacionales, por los objetivos militares estratégicos, por el rol de China, Rusia, Estados Unidos. Debe estar signado por la interacción de los objetivos nacionales, soberanos, y el papel que juega el mundo en esa interacción. Y también los temas económicos. Si queremos tener un proyecto nacional la inteligencia debe estar al servicio de ese proyecto nacional y no al servicio de escabrosamente romper el tejido social político argentino.
