Cosecha Roja.-
La causa por la desaparición forzada de Luciano Arruga está en etapa de investigación en el Juzgado Federal N°1 de Morón. La principal hipótesis sigue siendo la participación policial. “Ahora la justicia debe determinar qué pasó y quiénes son los responsables penales”, dijo a Cosecha Roja María Dinard, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales. A más de un año de que apareciera el cuerpo enterrado como NN en el cementerio de Chacarita, la familia convocó a una jornada cultural para conmemorar los siete años sin Luciano.
El adolescente cruzó la autopista descalzo, asustado, como escapando. Eran las tres y media del 1 de febrero de 2009 y un auto lo atropelló en General Paz y Emilio Castro. Por la colectora se alejaba una camioneta de la Policía Bonaerense sin las balizas prendidas. Arruga ingresó a la justicia como un cadáver NN y estuvo casi seis años enterrado en el cementerio de Chacarita. “A partir de la aparición del cuerpo de Luciano se están revisando todas las medidas de prueba para tratar de conectarlas con los indicios de la hipótesis policial”, explicó la abogada. Se trata de las declaraciones de los testigos que lo vieron cruzar la General Paz por un lugar que no es de paso a un horario “llamativo”, la actuación de la Policía Bonaerense ese día y los siguientes, los libros de la comisaría, el funcionamiento de los GPS y el lavado de los patrulleros.
A Luciano lo hostigaba la Bonaerense: lo detenían sin razón, lo llevaban a la división, lo verdugueaban. Todo empezó cuando la policía de Lomas del Mirador le ofreció trabajar para ellos y él se negó. Entonces lo paraban en la calle, le ponían un arma en la espalda y le decían “negrito villero”. El 22 de septiembre de 2008, salió de su casa a las 7.30. Había dejado el secundario y trabajaba con el novio de su hermana Vanesa. Unas horas más tarde, cuando Mónica -la mamá- preparaba el almuerzo, un policía bajó del patrullero en la puerta de la casa y le dijo que Luciano estaba detenido en el Destacamento. Ella fue a buscarlo pero no lo pudo retirar.
– Su hijo robó un mp3 y un celular. No lo puede ver, está incomunicado, le dijo el policía Julio Diego Torales.
A las 14.30 Mónica regresó a la casa para contarle a Vanesa lo que estaba pasando y juntas volvieron al destacamento. La hermana de Luciano enfrentó a Torales: “Quiero ver a mi hermano ¡Sueltenlo!”. Desde un cuarto que tenía la puerta abierta, escuchó el grito del adolescente.
-Vane, sacame de acá que me están matando a palos.
Una bota cerró la puerta. Enseguida Mónica y Vanesa escucharon golpes y el llanto de Luciano. Recién a las 19.30 lo liberaron. El adolescente le contó a la hermana que Torales lo amenazó con llevarlo a la comisaría 8va dónde “estaban todos los violadores” y que los oficiales le sacaron veinte pesos que tenía encima. Le dio los dos nombres de los que le habían pegado, Vanesa se acordó del único acusado porque fue el que las despistó en el Destacamento. Ella anotó “Julio Diego Torales” en un cuaderno. El 15 de mayo el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 condenó a diez años de prisión al ex policía bonaerense Torales por torturar a Luciano en el Destacamento de Lomas del Mirador.
“La condena a Torales es clave porque demuestra el hostigamiento de la policía y el sufrimiento de Luciano”, dijo Dinard. La causa está ahora en la sala 4 del Tribunal de Casación porque la defensa pidió que se revise la condena. El 10 de diciembre hubo una audiencia oral en la que las partes presentaron sus argumentos y los jueces tienen seis meses (con posibilidad de prórroga por seis meses más) para resolver si confirman o no la sentencia de 2015.
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Cuatro meses después de la primera tortura, Luciano desapareció. El cuerpo ingresó a la justicia como un cadáver NN. Tras el accidente en la General Paz -lo atropelló un estudiante de Monte Grande-, lo trasladaron al Hospital Santojanni, donde lo operaron y murió a las 8 de la mañana. De ahí lo trasladaron a la morgue judicial y el 3 de febrero le tomaron las huellas digitales. Lo enterraron como NN en el cementerio de Chacarita.
En el mismo momento, la familia lo empezó a buscar y la denuncia por averiguación de paradero entró al sistema judicial. Durante los primeros 45 días sin saber nada de Luciano, nadie les dio bola. Recorrieron los hospitales y presentaron recursos que la Justicia rechazó. “¿No entró un cuerpo NN con estas características?”, preguntaban la mamá y la hermana cada vez que entraban a la guardia.
El primero en prestarles atención fue Pablo Pimentel, presidente APDH La Matanza. En abril de 2014, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un habeas corpus y en septiembre lograron que el juez Juan Pablo Salas acepte el pedido. “Poner a los funcionarios a escuchar a la familia permite que reflexionemos acerca de lo que significa la problemática y la importancia de que brinden herramientas a la justicia para buscar a Luciano”, dijo a Cosecha Roja Orieta aquel día.
En aquella audiencia se decidió que el ministerio de Seguridad de la Nación recabara, organizara, centralizara y coordinara la información proveniente de las fuerzas de seguridad federales y provinciales a través del área de búsqueda de paraderos, dependiente de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio.
El 17 de octubre de 2014 desde el ministerio de Seguridad confirmaron que entre los libros matrices de la policía Científica había un cadáver enterrado como NN el 3 de febrero y que el cotejo -mediante el sistema AFIS- había dado positivo: eran las huellas registradas en la morgue y las que habían quedado en el Destacamento de Lomas del Mirador por la entrada de Luciano en 2008, una de las veces que lo torturaron. Los dos expedientes -el de averiguación de paradero y el de accidente de tránsito- se juntaron más de cinco años después gracias al rompecabezas que rearmaron a pulmón la familia y las organizaciones sociales.
El 22 de octubre forenses y una especialista del EAAF exhumaron el cuerpo y el 2 de diciembre se confirmó la identidad. “Esto es falta de respeto a la vida, falta de respeto a los pobres”, dijo Orieta durante la conferencia de prensa en la que contaron el hallazgo. Para Dinard, “es tremendo que una familia tenga que esperar casi seis años para encontrar a un ser querido, independientemente del trasfondo de este caso. Es una deuda que podría haberse saldado antes”.
Hoy a las 12 habrá una jornada cultural por los Derechos Humanos con charlas, radio abierta y espectáculos en la plaza Luciano Arruga, Perú y Pringles, Lomas del Mirador.
Mirá la cronología “La historia de una desaparición”.
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