Por Martín Recanatti*
El 31 de enero de 2009 comenzaba la búsqueda de Luciano Arruga. La causa caratulada como desaparición forzada de persona está paralizada y sus responsables, impunes. El último avance importante se dio en mayo de 2015 con la condena a Julio Diego Torales, policía de la bonaerense, por torturas a Arruga meses antes de su desaparición.
En una lucha que cumple diez años también hubo otras victorias. En octubre de 2013, la agrupación Familiares y Amigos de Luciano Arruga (FyALA) logró, producto de un acampe que duró más de dos meses y que significó entablar una tensa relación con Gendarmería (encargada de custodiar el lugar), el cierre y expropiación del ex destacamento en el que Luciano fue detenido, torturado y visto por última vez con vida.
Desde entonces, en lo que según afirma la familia, fue un “centro clandestino de detención en democracia”, funciona el Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga, el único Espacio de estas características cuya gestión se mantiene independiente del Estado y de todos los gobiernos democráticos. Cuenta con la Biblioteca Popular Jorge Julio López y con talleres de apoyo escolar, teatro, guitarra, entre otros. Su principal objetivo es incentivar la participación de los pibes y pibas de los barrios, la organización y articulación con otros espacios y organismos de lucha y, sobre todo, el de constituirse como ámbito de discusión, formación e intervención política y territorial de sus integrantes respecto de la problemática que los afecta en lo cotidiano.
“Si no salís del lugar de víctima, te vas quedando sola”
La problemática excede largamente el aspecto represivo: tiene que ver con las condiciones de pobreza, exclusión, estigmatización y persecución a las que están sometidos los jóvenes en los barrios populares. La mayoría de las familias que perdieron un hijo o un hermano en manos de la represión estatal se encuentran en un estado de vulneración total de sus derechos. Son, por otra parte, permanentemente amenazadas y re-victimizadas por parte de agentes de la policía y del poder judicial. Es decir, por aquellos que deberían garantizarles seguridad y justicia.
“No siempre los familiares, por las situaciones de violencia que vivimos o por estar atravesados por el dolor, nos movemos de la mejor manera”, dice Vanesa Orieta, hermana de Luciano, y destaca que el hecho de que los integrantes de este espacio aporten solidariamente sus formaciones previas para acompañar y, en varios momentos incluso guiar a los familiares, “es un salto de calidad enorme que explica mucho de lo conseguido.”
Para ella, la conformación de un actor colectivo de carácter político, pero sobre todo humano, fue fundamental para correrse progresivamente “de ese lugar gris de la vida (el de la víctima) para empezar a presentarse con nombre y apellido y, más allá de ser -familiar de-, para tener una opinión válida, analizada y pensada que no parta solamente desde el dolor”. La conformación de FyALA le permitió acompañar a muchas familias afectadas desde otro lugar. “Nos dio la posibilidad de poder devolver algo de todo eso en otros espacios en los que a veces se ve que todo está mal y aparecen peleas… Ahí se vuelve fundamental llevar esta palabra de aliento, de comprensión y de empatía con el dolor del otro/a”, dice.
Desde FyALA consideran que la mayoría de las organizaciones “acompañan en las marchas, pero no se sabe hasta qué punto están haciendo un trabajo genuino en los barrios. Porque si el objetivo es terminar con el gatillo fácil, esto no se va a lograr yendo a la Plaza (de Mayo) cada vez que se muere un pibe. Las familias no quieren que les maten más a los pibes, y la única manera de lograr eso es estando en los barrios.”
“No se construye una doctrina Chocobar de la noche a la mañana”
Orieta dice que es necesario discutir qué es lo que está pasando con los pobres y dejar de esconder esa realidad detrás de nociones como la de “violencia institucional”. Para ella este concepto contribuyó a correr de escena al Estado respecto a las prácticas represivas ilegales y que a partir de él, hoy por hoy, “el macrismo se está haciendo un festín”.
El hecho de denunciar la existencia de una red delictiva a partir de la cual la Policía Bonaerense “manda a los pibes a afanar y cuando no le sirven más los terminan matando” contribuye a desmontar la figura del pibe chorro como argumento para la implementación de políticas represivas. “No porque nuestros hermanos/as hoy no estén organizados pidiendo el cambio social y político como en los ‘70 no necesitan ser controlados. No, los pobres son controlados, el sistema necesita controlarlos para que la maquinaria siga avanzando, para que los más respetados como seres humanos sean unos pocos y para que los pobres sigan viviendo en la mierda pero que esa mierda no se desborde”, dice.
En un contexto en el que resurgen los discursos que pretenden recrudecer la represión estatal y criminalizar la niñez y la adolescencia en los barrios, el trabajo de formación política (pero también cultural y social) realizado por FyALA en territorio adquiere una importancia central: supone uno de los pocos intentos de construcción de sentidos en la búsqueda de contrarrestar y desmontar los relatos punitivistas en ascenso.
