“Cada vez hay más pruebas de que el caso Luciano Arruga fue una fábula inventada por los defiende-chorros de siempre”, escribió en Twitter un periodista de policiales dos días después de la aparición del cuerpo. “No entiendo cuál es tu punto para considerar que la familia de Luciano miente y la bonaerense no”, le contestó otro tuitero. Ambos tuits fueron el inicio de una polémica que ocupó la atención de los usuarios, y que dividió aguas entre los que señalan que el caso está cerrado y los que sostienen que la policía sigue bajo sospecha.
Arruga estaba enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. La familia denunció que los policías lo hostigaban porque no quería robar para ellos. Lo buscaron casi seis años y recién el viernes supieron que lo atropellaron en General Paz, frente a una garita policial, el 31 de enero de 2009. Ese había sido el último día que lo vieron con vida. Hay pericias que muestran que estuvo en el destacamento de Lomas del Mirador y que el libro de ingresos fue adulterado, que viajó en el patrullero hasta un descampado y que los móviles de la bonaerense salieron de su jurisdicción. Por qué Arruga cruzó por la vía rápida de la General Paz
Mientras la causa está con secreto de sumario -a la justicia no le cierra la hipótesis del accidente- la polémica abrió un debate sobre el periodismo y la liviandad con la que se suele editorializar sobre víctimas y victimarios. El periodista Diego Igal reflexiona acerca del tratamiento mediático del caso, la doble interpretación como forma de editorializar y la pulsión por conseguir likes.
Por Diego Igal – Periodista.-
Hay un nuevo periodista, canchero, prejuicioso, ignorante y desaprensivo. Son muchos y tienen mucho trabajo, llegan alto y ocupan puestos relevantes, acumulan miles de seguidores en las redes sociales, y desde ese encumbramiento creen interpretar lo que dice la calle y vienen a verbalizar o tuitear cualquier idiotez que se les cruce por la cabeza. Son codiciados por medios de comunicación donde no se valora el manejo de fuentes, la información rigurosa de datos cruzados y precisos o un acercamiento a la verdad, sino “producir contenido” que tenga impacto y SEO (posicionamiento en los buscadores), sume clicks, page view y grageas de escándalo y polémicas que alimenten esa máquina voraz del día a día. Te pueden armar un perfil o una notita a partir de lo que encuentren en Facebook, Twitter o internet y vendértelo como una investigación exhaustiva.
No es que estos baluartes y los empleadores descrean de la función social del periodismo y el periodista, sólo que la desconocen o al menos aparentan ignorarla. No hablo de nadie en particular, sino de una tribu de boluditos cada vez más populosa.
Estos nuevos especímenes que por lo general trajinan el llamado periodismo policial o judicial -también del espectáculo- y están tan de moda representan un peligro extra porque propalan noticias que mueven -no interpretan- el termómetro social. Y es necesario puntualizar que la mayoría de esas informaciones difundidas surgen y tienen como fuente exclusiva a las propias fuerzas de seguridad o los Ministerios de las que dependen, que dejan “trascender” -cuando no bloquean- datos con conveniencia e irresponsabilidad entre cronistas que no chequean ni desconfían ni van a embarrase las Vans ni esperan los tiempos de un expediente judicial -van a contrapelo del minuto a minuto- porque temen -y es a lo único que le temen- que la verdad les arruine lo que para ellos -y los editores y productores y animadores que los emplean- es noticia.
No importa que después sea desmentidos o alguien resulte inocente o absuelto porque las pruebas fueron invalidadas. No importa si un procedimiento fue trucho o a derecho pero con vicios que lo anulan. No importa que detrás de un crimen, una muerte, un delito haya decenas de posibles fuentes e interpretaciones para contar historias o modos y formas de relatar que derriben prejuicios o cambien título o la etiqueta.
La Argentina no es un país donde las fuerzas de seguridad sean inmaculadas guardianas del derecho. Quizás nunca lo fueron, pero hoy por hoy son uno de los varios sectores a los que la democracia no ha regresado o nunca estuvo y tienen entre sus filas a responsables por acción u omisión de crímenes y delitos. Y conservan intacta esa matriz construida del trabajo codo a codo con los dictadores al mando de Videla, Massera, Acosta, Saint Jean, Etchecolatz y Camps que los llevó a cometer las peores atrocidades con el uniforme puesto en nombre del bien común y el estado de derecho.
Esas fuerzas de seguridad aún hoy cometen delitos tremendos como ejecutar de manera sumaria o desaparecer presuntos delincuentes mientras generan caja con actividades ilegales o incluso la tercerización de las mismas. Y de los integrantes de estos ejércitos descontrolados o los civiles que los acompañan en el poder político se nutren -con datos y discursos- estos periodistas posmo que se abalanzan sobre víctimas y victimarios como aves de carroña y morfan y despedazan mientras haya espacios en blanco dejados por la pauta para volcar equis cantidad de caracteres con difamaciones y mentiras para que no decaiga el minuto a minuto en nombre de la libertad de prensa.
En nombre de la libertad de prensa -uno de los pilares del estado de derecho, vamos- se publican fotos de cadáveres de víctimas y victimarios, se estigmatiza a víctimas, victimarios e incluso las familias, se señala a consumidores y adictos, se discrimina, se miente o desinforma -para el caso es lo mismo-, se barajan hipótesis que no hacen al hecho o son humo, se invierte la carga de la prueba, se confunde indicio con prueba o presunción y se termina por ser cómplice o funcional -para el caso es lo mismo- de estos forajidos con uniforme y de los Poderes (judicial y ejecutivo) que deberían controlarlos.
Se suele denostar el periodismo de periodistas o cualquier atisbo de cuestionamiento hacia lo que para algunos es un oficio y para otros una profesión, y no existe en el país un organismo o entidad que verifique la deontología de quienes están en los medios de comunicación. Entonces es que rechazan las críticas o una posible fiscalización estos que creen hablar en nombre de la libertad de prensa, pero que en realidad temen perder no el derecho de hablar sino de expresar cualquier pelotudez que se les ocurra, siempre y cuando ayude a sumar clicks, seguidores o sea monetizable.
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