Cosecha Roja.-
Hay pruebas que confirman que el último día de su vida Luciano Arruga estuvo detenido. El 31 de enero de 2009 fue la última vez que su familia lo vio con vida. Hoy encontraron el cuerpo: estaba enterrado como NN en Chacarita. Según la causa, murió atropellado en General Paz y Emilio Castro. El “accidente” no releva a la policía de la sospecha. Puede haber sido una práctica similar a la que usaron los policías federales en 2002 con Ezequiel Demonty. Al joven los agentes de la comisaría 34 lo golpearon salvajemente y lo obligaron a meterse al Riachuelo. Murió ahogado.
A Luciano Arruga los policías del destacamento de Lomas del Mirador ya lo habían torturado en 2008. La hermana lo escuchó gritar de dolor en la celda. Un policía le preguntó a otro “¿qué hacemos con este chico?”. Cuando lo liberaron y quiso señalar al policía que le pegaba, le respondieron claro: “Negrito, callate porque te vamos a volver a meter”. Las sospechas de que los mismos policías están involucrados en la desaparición de Arruga se basan en cinco pruebas: hay pericias que muestran que estuvo en el destacamento de Lomas del Mirador y que el libro de ingreso de detenidos fue adulterado. También se sabe que estuvo en el patrullero, que lo llevaron a un descampado y que los móviles, esa noche, se salieron de su jurisdicción.
El cuerpo de Luciano estuvo estos seis años enterrado y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS ) confirmó en una conferencia de prensa que lo identificaron. “Vencimos a la desidia, a la impunidad. Vencimos a la mirada discriminadora y criminalizante que hay hacia los jóvenes pobres”, dijo Vanesa Orieta, la hermana del joven desaparecido el 31 de enero de 2009.
Horacio Verbitsky, titular del CELS, denunció: “Durante casi 6 años ha habido, por parte del Estado, una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente e insatisfactoria”. El cuerpo de Luciano se encontró gracias a los mecanismos institucionales que se pusieron en marcha cuando la Cámara Federal de Casación Penal aceptó el habeas corpus que presentó la familia junto con el CELS. El recurso ya había sido rechazado previamente por la justicia.
La huellas dactilares siempre estuvieron allí. El cuerpo de Luciano también. La familia recorrió hospitales sin dormir durante días e intentó presentar habeas corpus que la justicia les rechazó. “¿No entró un cuerpo NN con estas características?”, contó Orieta que preguntaron incansablemente. “Lo hicimos muchas veces, por eso esto es un desastre, es falta de respeto a la vida, falta de respeto a los pobres”, dijo. Nadie les prestaba atención. Pablo Pimentel, de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza, fue el primero que la escuchó.
Se podría haber resuelto antes. “Estuvimos 5 años y 8 meses golpeando puertas, organizándonos y haciendo todas las actividades posibles para que se visibilice la causa. Esto nos tiene que hacer replantear el poco valor que se da a la vida de los pobres”, dijo Orieta. Según el periodista, “esto no hubiera ocurrido si hubiera desaparecido un joven de clase media en Palermo Rúcula”. Afirmó que hay un componente de discriminación contra los varones pobres de Gran Buenos Aires.
El cuerpo de Luciano llegó al hospital Santojanni después de haber sido atropellado cuando cruzaba la General Paz. Lo operaron y murió a las 8 de la mañana. De ahí lo trasladaron a la morgue judicial y el 3 de febrero le tomaron las huellas digitales. “Acá hay un rompecabezas que hay que armar para saber la verdad”, dijo Orieta.
Las huellas existían porque Luciano había estado secuestrado en la comisaría de Lomas del Mirador y se las había tomado. La información sobre la muerte del joven estaba en una causa judicial del fuero de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires. Verbitsky informó que ahí dice que la misma noche de su desaparición (31 de enero de 2009) Luciano fue atropellado en General Paz y Emilio Castro, en el mismo lugar en donde hay un destacamento de la Policía Bonaerense. “No es un lugar habitual para cruzar, es la vía rápida”, dijo. Esa pregunta abre un nuevo capítulo de la investigación. Y además cuestionó: “¿Por qué en el Santojanni no le dijeron nada a la familia? La mamá de Luciano fue esa noche hasta allí y le dijeron que había un chico atropellado pero no le dieron ninguna explicación”.
Los interrogantes siguen abiertos. La denuncia, también. Esto, dijo Verbitsky, “de ninguna manera modifica el hecho previo de la detención, las torturas que la hermana escuchó y la extorsión que los policías del destacamento de Lomas del Mirador aplicaban sobre este chico -y otros varones pobres de barrios populares- para que robaran para ello con amenaza de muerte si no lo hacían”. Es una práctica generalizada.
“Mi vieja tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Yo sabía que iba a encontrar a mi hermano muerto”, dijo Orieta. También avisó que esto no termina acá, que recién empieza: “Los pobres tenemos derecho”.
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