Marcela Turati: “Ayotzinapa fue distinto”

Cosecha Roja.-

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quedó en la mira del caso Ayotzinapa. Mientras lo ataca el gobierno y lo defienden los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, continúa analizando las evidencias de la masacre de Iguala. Porque en México estos asesinatos se resuelven con testimonios y no con pruebas: “Estamos acostumbrados a masacres y a violaciones de los Derechos Humanos que se solucionan con gente golpeada que confiesa crímenes que no cometió, evidencias manipuladas y entrega de huesos equivocados a las familias de las víctimas. Vemos resurgir las mismas prácticas. Y en el medio metieron a los peritos argentinos”, dijo a Cosecha Roja la periodista Marcela Turati.

La pelea con la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó como una “guerra fría”. Los 30 peritos de 8 países que integran el equipo del EAAF fueron convocados por los padres de los normalistas debido a la “desconfianza” en las autoridades mexicanas. “Las familias pidieron como condición desde el principio tener representantes independientes para los asuntos forenses ”, contó Turati. La PGR aceptó. No es una situación excepcional ni la primera vez que ocurre: hay un convenio firmado entre el EAAF y el gobierno para exhumar fosas en otros lugares del país como Tamaulipas.

Al comienzo hubo acuerdo, investigación y trabajo conjunto. Pero enseguida “empezaron a aparecer cosas raras que los peritos argentinos no hicieron públicas”, contó la periodista. Los primeros 28 cadáveres que aparecieron fueron exhumados por la fiscalía de Guerrero sin aviso al EAAF. Los peritos llegaron cuando los cuerpos ya estaban en la morgue y sólo pudieron ver cómo desenterraron a los últimos. “Ese fue el primer procedimiento erróneo: se levantaron mal los restos y fue difícil para los peritos distinguir los esqueletos. En general las procuradurías estatales no hacen buenos trabajos”, explicó.

Después intervino la PGR y apareció el basurero de Cocula y los presuntos asesinos. Según el procurador Jesús Murillo Karam, ahí ocurrió toda la acción. A cuatro meses de la masacre de Iguala, el gobierno intentó dar por concluida la investigación y dio a conocer “la verdad histórica”: los estudiantes fueron entregados por la policía municipal de Iguala a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en el basurero. Después los embolsaron y los tiraron al río San Juan. “Hay certeza legal de que los normalistas fueron muertos en las circunstancias descritas. Esta es la verdad histórica de los hechos basada en las pruebas aportadas por la ciencia”, dijo Murillo Karam en una conferencia de prensa. “Muchos de los detenidos sostenían esas versiones. Después de los 28 cadáveres, presentaban al basurero como el lugar definitivo. Pero hay varios golpeados y torturados en las confesiones. En México hay una cultura de tortura a los detenidos, y la mayoría de los casos se resuelven con esos testimonios”, dijo Turati.

Este fin de semana el EAAF difundió un comunicado en el que criticó el cierre de la investigación: creen que no hay evidencia científica que diga que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y sugirieron que los peritajes de la PGR deben ser evaluados por peritos independientes. También denunciaron que la recolección de evidencia en el río San Juan y en el basurero se hizo sin presencia ni aviso al EAAF, que no hubo custodia en el basurero,  que hay diferencias en los perfiles genéticos enviados al laboratorio de Austria y que las imágenes satelitales muestran focos de incendio en Cocula en diferentes fechas.

La PGR contraatacó y la nueva estrategia fue desprestigiar a los peritos argentinos: calificó de “hipotéticos” y “alejados de la realidad” los apuntes del EAAF y los acusó de dominar “solamente las disciplinas de antropología, criminalística y genética”. Las autoridades escribieron en un comunicado: “Sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos”.  En una entrevista que les hizo Turati para la revista Proceso, los argentinos respondieron: “Somos los peritos por parte de las familias y no de la institución”. Después reiteraron que no les avisaron de la inspección del río San Juan. “Nadie cuestiona la validez jurídica de sus diligencias, nosotros lo que decimos es que no presenciamos el momento del hallazgo de los restos”, agregaron.

Fue el Estado

El de Ayotzinapa es un caso especial. “¿Por qué nos sorprendemos si han pasado cosas horribles en México? Creímos que estábamos anestesiados. Pero esto fue distinto por varias razones”, dijo la fundadora de Periodistas de A Pie. Primero porque los jóvenes eran “estudiantes pobres de una escuela en la que se forman los maestros de los niños más pobres del país”. Segundo porque “la masacre fue a la vista de todos, a unos metros del ejército. Sabemos que esa noche la fuerza hizo rondines pero no sabemos por qué no intervino”. Y tercero porque fue una desaparición forzada: “los detuvieron cuando iban en autobuses a una marcha estudiantil y en seguida comenzó la balacera”.

“Este es un hecho que cambia todo, es la prueba de que muchas desapariciones tienen complicidad de funcionarios públicos. Es el despertar de algo que muchos no querían ver: fue el Estado”, agregó. A diferencia de la masacre de 2010 en la que fueron asesinados 72 inmigrantes ilegales, es la primera vez que los periodistas de todo el país pueden reconocer a las familias de las víctimas, contar sus historias, verlas actuar. “Eran jóvenes disidentes, con ideas contrarias al gobierno, no estaban metidos en otra cosa. Eran estudiantes subiendo a los buses para ir a una marcha. Es lo más traumático que hemos vivido en los últimos años en México. Sabíamos que son cosas que hace el Ejército y la Marina pero esto fue en vivo, en tiempo real”, dijo.