Cosecha Roja.–

Marcelo Sain es Diputado Provincial por Nuevo Encuentro, Doctor en Ciencias Sociales y Politólogo, Profesor e Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. En su primer arribo al Ministerio de Seguridad bonaerense fue convocado por León Arslanián. Más tarde volvió a la misma área, en el equipo de Juan Pablo Cafiero. En 2005 se hizo cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En esta entrevista, se mete a fondo con las cifras de los homicidios en la provincia de Buenos Aires y señala las principales falencias de la Policía Bonaerense.

-¿Se puede hablar de aumento de la inseguridad?

El tema de inseguridad no se construye solamente con los datos objetivos sobre cuánto delito hay o se produce, sino que hay otra variable más que interviene en la construcción que interviene en la percepción y el sentimiento de inseguridad, y tiene que ver con el grado de protección que la gente siente. En esto es clave el desempeño del Estado o la capacidad que la gente tiene de articular un mecanismo de autoprotección; por ejemplo, sectores altos no depositan en el Estado el atributo de su protección propia, pero generan mecanismos privados de protección bastante fuertes que los hacen sentirse bastante seguros. Cuando se cruzan estas dos variables, riesgo real o vulnerabilidad real y grado de protección, de ahí resulta si te sentís más o menos seguro.

-¿Cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires?

En la Provincia de Buenos Aires hay una suerte en los últimos tres años de estabilización de hechos criminales, tanto de robos y hurtos como de homicidios. Inclusive, en comparación con el 2009 y el 2010, ha habido una reducción de homicidios dolosos. De esos homicidios dolosos -1.034 registrados en el 2011 en la Provincia de Buenos Aires-, 197 se han producido por in criminis causi, es decir para ocultar otros crímenes, agravados por arma de fuego o en ocasión de robo. Los homicidios en ocasión de robo no superan el 7 u 8% del total de homicidios dolosos. El 80% de los homicidios dolosos se producen entre personas conocidas o del ámbito de relaciones familiares. No tienen que ver con lo que se ha construido socialmente como problema de inseguridad, o sea, los delitos patentes cometidos en el ámbito público o en ocasión de robo.

-¿Y la tendencia histórica como es?

Si se compara la magnitud de hechos en relación con la década de 1990, la tasa más baja de homicidios dolosos fue en 1995, cuando hubo en la Provincia de Buenos Aires, 7.7 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. El año pasado la Provincia de Buenos Aires cerró con 6.6 casos por cada 100.000 habitantes. En el año 2002 se llega al pico más alto de homicidios dolosos, muchos en ocasión de delitos patentes, y es de 13.4 por cada 100.000 habitantes. Después baja y el punto más bajo de la década pasada fue el 2006 con 5.4 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Señalo esto porque en verdad hoy, este año, la tendencia no indica que vaya a haber un crecimiento en este tipo de conflictividades. Esto es en cuanto al dato objetivo.

En el tema homicidios puede haber imperfección del conteo porque estos datos son de la Procuración General de Justicia, sobre la base de IPP, Investigaciones Penales Preparatorias, sumarios investigativos. Lo que ocurre es que muchos casos que fueron catalogados inicialmente como tentativa de homicidio luego se convirtieron en homicidios dolosos, por el fallecimiento del sujeto que pudiera ocurrir meses después del hecho. Entonces, los datos que tenemos son de homicidios consumados, donde hay un muerto; sumando homicidios y tentativas, hay cerca de 2.100 el año pasado. Aquí me refiero es a los 1.034 consumados, dolosos.

-Si embargo, la percepción social es que el delito siempre aumenta.

-El delito no creció, entonces si hay una suerte de pánico social, esto debe responder a otras razones. En primer lugar, tiene que ver con una cobertura mediática bastante reiterada sobre cierto tipo de delito que reúne unas características: siempre que hubo coyuntura de drama o pánico social sobre hechos delictivos, tiene que ver con victimarios generalmente menores y de sectores altamente marginalizados, víctimas “gente normal” de la clase media y clase alta, acontecimientos que ocurren en espacios sociales no estigmatizados como peligrosos. Son estos los hechos que se ponen en el tapete, pero no son los de mayor ocurrencia. Un periodista de C5N me dijo: “El 70% de los homicidios los cometen menores”, esto es una mentira completa, no sé de dónde sale esa desinformación; tiran fruta, y ahí queda, sembrada entre el público. Esos crímenes ocurren en zonas que no están estigmatizadas como peligrosas, lugares por donde transita la clase media, y ahí aparece un mensaje muy fuerte: que todo el mundo es pasible de este tipo de delito, todo el mundo puede ser víctima. Se universaliza la victimización en un sentido simbólico muy fuerte. Esto con la ponderación reiterada y la distorsión de ciertos hechos -como el reclamo de Cañuelas que fue decodificado por algunos medios de una forma muy diferente a lo que estaba ocurriendo en el poblado- genera los picos del sentirse inseguros. Esto también ocurrió en San Isidro hace un tiempo con un ingeniero del bajo Martínez. Son oleadas puestas en escena, que en general siguen este rasgo de victimarios, víctimas y espacios.

-¿Cuál es el papel del estado en este panorama?

-La construcción del sentimiento de inseguridad no está solamente asociada a la percepción de hechos, porque cuando ocurren muchos delitos hay una alta sensación de inseguridad y cuando baja esta ocurrencia, la sensación alta permanece, entonces ahí hay otro asunto. Hablamos del sistema protectivo de las personas. Un tipo de clase media que tiene poco para que le roben pero no tiene un sistema protectivo público o privado es mucho más vulnerable que un empresario dueño de un auto lujoso pero que tiene un sistema eficiente de protección. El Estado no sabe cuántos delitos se cometen porque no construye un instrumento para poder medirlos: deposita en una de sus burocracias la gestión de estos asuntos y esa burocracia forma parte de la problemática criminal. Hay un vínculo entre la policía plebeya y el delito que tiene que ver con la liberación de zonas, la regulación de robos, y hay un tipo de protección de la alta policía, del comisariato, a mercados ilegales y a delitos de alta rentabilidad. Por arriba y por abajo hay un grado de intervención muy fuerte de la policía en actividades criminales, que explican que, por ejemplo, menores de barrios extremadamente carenciados del Gran Buenos Aires vayan a robar a barrios hiperprotegidos de zonas ricas. Los chicos por sí solos no tendrían ni posibilidad de hacer inteligencia, ni conocen que existen esos lugares, ni tienen posibilidad de entrar si no son llevados por otros.

-Se suele decir que la Policía Bonaerense es una de las más ineficaces del continente.

-No sé si la Bonaerense es una de las más ineficientes de América Latina, porque hay muchas que le compiten, pero tiene algunos pecados capitales. Primero, un conjunto de prácticas corruptivas muy expandidas. Segundo, prácticas abusivas que son claramente una herencia de la dictadura, como la tortura para la investigación y para el disciplinamiento de las personas detenidas, la ejecución extrajudicial, la liberación de zonas, prácticas todas que estuvieron generalizadas durante la dictadura y que existían desde antes. Pero, además, gran parte de la policía trabajadora es una policía altamente precarizada en sus condiciones de trabajo, con doble empleo porque tienen salarios bajos, con condiciones materiales de trabajo muy deterioradas, sin el derecho a la agremiación o a la negociación colectiva de esas condiciones. Y, por otro lado, una organización extremadamente deficiente, donde sólo el 30% del personal está en la calle, haciendo tareas operativas, mal o bien. El resto está distribuido en suspensiones preventivas por cuestiones disciplinarias o de carpeta médica. Entonces, de 60 mil personas que integran la institución, una porción exigua, un tercio de ellas está haciendo tareas operacionales. El 90% del presupuesto está destinado a salarios, y el 10% restante está destinado a gastos operacionales y de funcionamiento y gastos de inversión. Lo que da cuenta de que es una institución inviable. Darle todo el poder de gestión a esta institución es una torpeza de la derecha, que además tiene un discurso anacrónico: de darle todo el poder a la policía y de una alta prisionización de sospechosos, pero nunca han invertido altas cifras ni en el sistema policial ni en prisiones. Es una versión criolla berreta de mano dura.