Paloma Robles – Cosecha Roja.-
“En México gobierna el narco” y “Peligro, terrorismo de Estado” se lee en los letreros que un grupo de jóvenes llevó hasta la puerta de la embajada mexicana en Buenos Aires. Protestan por la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre. Allá, en Guerrero, los buscan entre la tierra: en fosas clandestinas al servicio del narcotráfico. El repudio es tal que en 50 ciudades de México y el mundo hay manifestaciones.
A las 11 una patrulla y dos motocicletas cerraron la circulación en la calle Arcos, en el barrio porteño de Belgrano. A diferencia de los organizadores, la policía argentina espera una cosa grande. La casa de tipo inglés color crema con bandera mexicana está rodeada con vallas metálicas. La policía les impide a los manifestantes poner sus pancartas en la parte alta “para no perder visibilidad”. Un oficial de camisa rosada amenaza con quitar todo si no se respeta la consigna y le ordena a otro agente grabar la manifestación.
Los mexicanos en Buenos Aires empiezan a juntarse: a las 12 ya son más de 50. No hay tambores, no hay ruido. Hay mucho que decir, mucho que reclamar, -pero como siempre- pocos los que se animan a hacerlo. En el fondo se siente el luto. Hay chicas lloran detrás de sus lentes negros.
La indignación se escucha en cada conversación, en los gritos ahogados que acusan de “asesino” al Estado mexicano, de “genocida” al presidente Enrique Peña Nieto.
El colectivo reunido trae una carta para entregar al embajador Fernando Castro Trenti. Pero no sale. Envía a representantes que justifican su ausencia: “tiene funciones fuera de la embajada”, dice Leopoldo Michel, jefe de cancillería. Lo acompaña un consejero jurídico -que termina mediando con los manifestantes- y el cónsul Alejandro Alba que, con ojos de susto, se mantiene en absoluto silencio.
La carta expresa el dolor de los mexicanos, exige justicia y la aparición con vida de los desaparecidos y critica el papel del estado. “Se ha demostrado el vínculo orgánico de las instituciones estatales y policiales con grupos de narcotraficantes (…). Esta situación convierte al Estado mexicano en un nueva modalidad de estado totalitario, donde reina la impunidad y avanza el terror entre la población”, se lee.
El tono altanero del representante del embajador causa molestia: grita, ordena con el dedo que se acerque los que le hablan desde atrás. Fustiga a los jóvenes alegando “yo no hice nada”. Los manifestantes se miran, no saben si reír o llorar. Optan por poner cara de asombro. “Nueve mil kilómetros de distancia y las autoridades son las mismas”, se escucha por ahí
La conversación con el funcionario es insidiosa, pero todavía hay cosas por decir: “El gobierno de Peña Nieto es cómplice por que no ha querido cambiar el modelo con el cual se logre transformar al país. Su proyecto es el de los empresarios que están despojando cada vez más al pueblo de Guerrero y al pueblo de México”, explica a los funcionarios Marco Antonio Franco, estudiante de ciencias sociales de la Universidad Nacional de la Plata.
Y sigue: “que la gente de mi país siga teniendo un conjunto de carencias y se tenga que dedicar al narcotráfico para poder subsistir es porque su gobierno regresó y su gobierno no ha querido cambiar el modelo económico y político. Es un gobierno neoliberal que tanto daño nos ha hecho”.
Los representantes estatales aseguran que el documento será enviado a México, obligados por el colectivo aceptan que en 15 días tendrán alguna respuesta.
“Vivos se los llevaron”, gritan con rabia los presentes, “vivos los queremos” responden. Los funcionarios se suman a regañadientes. La lista de nombres se lee en voz alta, uno por uno. A la una ya casi no queda nadie.
– Tomémonos una foto -dice Mónica, una de las organizadoras- ya somos pocos, pero quizá sumemos 43.
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