A principios de la semana los medios dieron la noticia: en Córdoba abrió el primer local de venta de aceite de cannabis. El comercio estaba en la galería Argenta, pleno de Centro de la ciudad. Daniel Landgren, el dueño, explicó que se trataba del “el primer centro de difusión y producción de aceite de marihuana del país”.
A las pocas horas de salir al ruedo, la policía allanó el local y lo clausuró. Luego del operativo, Landgren sumó una nueva denuncia penal, esta vez con al firma del Ministerio de Seguridad de la Nación. La causa quedó radicada en la Justicia federal de Córdoba y se suma a otras tres: una iniciada por una denuncia del Ministerio de Salud de Córdoba, otra por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y la tercera por una investigación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
La denuncia del Ministerio de Seguridad, explicó una nota del diario La Voz, “apunta a evitar que la comercialización de derivados de la marihuana que se realizaba en la capital provincial se replique en otros lugares”.
Carlos María González Quintana, el abogado de la Comunidad Cannábica de Córdoba, dijo en un comunicado que “desde que la noticia se disparó por los medios el día de ayer supimos que se venía esta maniobra de presión y opresión por parte de las corporaciones médicas y su falsa “política sanitaria”, como así también la de la industria farmacológica y su perversa manera de “medicar” mirando mas las leyes del mercado y sus variables macreconomicas que la salud de las personas.”
“Fue una elección de Daniel Landgren, con mi asesoramiento y consejo profesional”, explicó, “la de salir a blanquear a nivel social, que ante la ausencia del estado y la demora en la producción y distribución de aceite de cannabis, son los cultivadores comunitarios y autogestivos quienes deben darle una respuesta a los miles y miles de usuarios medicinales que eligen libre y soberanamente un tratamiento con marihuana para sus dolores.”
“Daniel Landgren se presentará a la justicia en horas de la mañana de hoy”, sigue el texto, “porque no es un delincuente, porque no es un narcotraficante, porque conoce ya de sacrificios de derechos personales en pos de derechos colectivos. Este militante cannábico pagó con 40 días de cárcel en el año 2015 la libertad de sus semillas, quizá el banco genético mas grande del interior del país, que desde hace mas de cinco años sirve para producir la medicina que le da calidad de vida a infinitos usuarios terapéuticos de cannabis”.
